Para el Frente Amplio (FA), la evidencia señala que las prácticas policiales tradicionales, como el patrullaje aleatorio o la reacción y respuesta a incidentes aislados, no tienen un impacto significativo y resultan muy costosos.

Por eso, en caso de ganar las elecciones nacionales, se propone implementar en los primeros dos meses de su eventual gobierno el Policiamiento Orientado a Problemas (POP), destinado a la prevención, el control, la disuasión y la respuesta oportuna frente al delito y la violencia.

Atrás quedó el debate permanente que mantenían distintos sectores en la interna de la coalición de izquierda que chocaban por el abordaje del delito entre quienes apostaban a la represión y quienes se enfocaban en prevenir las causas a nivel social. Hoy hay consenso en que se debe combatir.

Esta propuesta, que fue presentada entre las “48 prioridades para gobernar” el pasado lunes en Colonia por su candidato Yamandú Orsi, busca coordinar respuestas específicas a problemas recurrentes, mediante un “análisis minucioso” de las causas de la recurrencia del delito y la creación, implementación y evaluación de soluciones, involucrando a otras agencias del Estado, a la comunidad y al sector privado.

De esta manera, para el Frente Amplio, se producirá un ahorro sustancial en el gasto policial al reducir sustancialmente las llamadas de emergencia, la cantidad de incidentes atendidos y las detenciones.

“La estrategia de patrullaje tiene que estar orientada por las denuncias que hace la población”, dijo a El País el diputado Sebastián Valdomir (MPP). También, apuntó, debe seguir los patrones de movilidad de la población para que así la presencia policial se concentre en proteger a la gente en el desarrollo de sus actividades, como la ida y vuelta del trabajo. Y planteó que esto será una diferencia con el modelo del gobierno actual que responde “más al olfato del comisario de turno”.

Foto: Francisco Flores

Otro de los capítulos claves del plan del FA es la presencia, “rotativa e intensiva”, del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en todo el país.

Entre otras medidas, el FA asegura que creará 2.000 nuevos cargos policiales hasta 2030, reforzará el despliegue en los “segmentos calientes” de la zona metropolitana e incorporará estudiantes universitarios como becarios en las comisarías para la recepción de denuncias, priorizando las especializadas en violencia de género.

Según Valdomir, esta medida responde a la intención de que la población “vuelva” a confiar en la necesidad de denunciar. “Todos sabemos que hoy hay mucha gente que no denuncia. Nosotros nunca vamos a salir a celebrar que bajaron las denuncias”, afirmó. Es que, según el legislador, las denuncias representan la “materia prima” para que las políticas de prevención y disuasión del delito funcionen correctamente. En ese sentido, se diseñarán campañas específicas que estimulen la voluntad de la gente de denunciar los delitos.

El FA, por otra parte, prometió un “nuevo impulso” a la instalación de cámaras de videovigilancia, para llegar a los 20 mil dispositivos. Y planteó incorporar tecnología de registro de matrículas de vehículos, patrullaje virtual con drones y sistemas de identificación facial, informó La Diaria.

Otra de las apuestas del FA es la creación del Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silcon), conformado por varios organismos del Estado. Con ello se busca disminuir la capacidad operativa de los narcotraficantes, para limitar su poder en los territorios en los que operan, incluidas las cárceles.

Ese plan va de la mano de la creación de un Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras y el despliegue allí de 500 cámaras de videovigilancia en puertos, aeropuertos y frontera seca, cuya información será “compartida en tiempo real” entre todas las instituciones implicadas.

Por otra parte, propuso el “Plan Barrio”, contra los “más de 50 grupos” que buscan controlar territorio a través del crimen organizado. El FA prometió una “persecución integral” a estas bandas, apuntando a desarticular sus inversiones y seguir la “ruta del dinero”. Para eso se creará una Fuerza Especial de Tareas, con equipos de investigación de alta dedicación en cada una de las zonas asignadas. El plan prevé aquí el diálogo entre vecinos y la Policía, para mejorar la seguridad en los territorios.

“Muchas propuestas tienen poco de novedoso y no aportan nada nuevo, y por eso terminan por ser inconsistentes”, dijo el subsecretario del Interior, Pablo Abdala. En diálogo con El País, el nacionalista aseguró que varias de las medidas que ahora plantea la izquierda ya fueron implementadas en esta administración. En particular el promocionado POP.

Abdala recordó que el gobierno creó la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), diseñada con el fin de promover la prevención del delito desde una perspectiva interinstitucional a través de propuestas de trabajo focalizadas.

“No hay nada nuevo”, dijo. Tampoco lo hay en los planteos de extender el sistema de videovigilancia ya que, aseguró, al final de este período ya estarán instaladas las 20 mil cámaras que el FA promete para 2030. Actualmente hay 13 mil, y ya están en proceso las licitaciones para completar el resto.

En la misma línea se expresó el ex director general del Ministerio del Interior Luis Calabria para quien los anuncios del FA representan una “colección de titulares” que no especifican “cómo” se llevarán a cabo esas medidas. “Preocupa el nivel de desconocimiento de la realidad policial de la que hablan”, dijo a El País. “Lo único nuevo es lo que ya propusimos”, sostuvo Calabria: una réplica del modelo antimafia del programa de Álvaro Delgado.

Foto: Estefanía Leal

Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior y uno de los expertos en seguridad del Partido Colorado, fue el encargado de desarrollar la Policía Comunitaria Orientada a la Solución de Proble-mas (PCOP). En diálogo con El País, recordó que fue el propio Frente Amplio (FA) el que comenzó a implementar esta modalidad de policía preventiva, como plan piloto, en 2013, en Montevideo. A instancias del Partido Colorado, en esta administración fue convertido en un programa nacional, siendo a su vez una de las 16 medidas acordadas en la mesa interpartidaria sobre seguridad que funcionó hasta el año pasado. Sanjurjo recordó que esta medida en particular no fue apoyada por el FA. Tampoco fue apoyado en su momento por los representantes de Cabildo Abierto.

El PCOP, apuntó Sanjurjo, viene operando hasta ahora. A finales de 2022 se creó una unidad de coordinación nacional, en tanto que existe una unidad específica en cada una de las jefaturas departamentales de Policía en todo el país.

El asesor del Ministerio del Interior indicó que, el año pasado, el programa fue objeto de una evaluación independiente, con buenos resultados. “Funciona bien y está avanzando”, aseguró. Sobre todo, dijo, en el interior.

Según el ministerio, esta modalidad policial “proactiva” consiste en determinar una problemática a abordar. Así, se delimita un área de tratamiento, mediante herramientas de análisis criminal. Se estudian las causas que determinan la problemática y se realiza un abordaje integral para mitigarlas. Eso permite, según indicó la cartera, lograr un impacto a largo plazo en la seguridad pública.

Foto: Ministerio del Interior