Una decena de organizaciones -y sectores minoritarios del Frente Amplio- se movilizaron este sábado en el marco del día mundial del agua para oponerse al proyecto Neptuno. La gigantesca obra prevista para la zona de Arazatí que quedó acordada -con contrato firmado a pocos días de abandonar el Poder Ejecutivo- entre el gobierno de Luis Lacalle Pou e Infraestructura Arazatí aún es una interrogante ya que no está claro el curso que le dará la administración de Yamandú Orsi.

El escenario es complejo. El Frente Amplio criticó y rechazó la obra; el actual ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, también planteó reparos a la iniciativa y al mismo tiempo; existe un contrato firmado y cuyo incumplimiento podría generar arbitrajes internacionales millonarios.

El proyecto privado incluye un área de captación de agua del Río de la Plata, una planta potabilizadora, una reserva de agua bruta (pólder) para ser utilizada ante eventuales episodios de salinidad, un terreno de lodos del tratamiento del agua y una cañería que se conecta a la red hídrica. Para llevarlo adelante, OSE pagará unos US$ 50 millones anuales por 17,5 años, que suman unos US$ 900 millones.

El gobierno tiene sobre la mesa varias alternativas que deberán cuantificarse y evaluarse en conjunto, pero sobre la certeza de que para que el proyecto continúe deberá ser modificado, según remarcaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

El memorando de entendimiento que acompaña el contrato firmado a mediados de enero estableció cuatro posibles cambios que podría realizar el consorcio integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y FAST al construir la planta potabilizadora: llevar la toma de agua a unos 84 kilómetros de Arazatí, en Riachuelo; eliminar el pólder donde se guardaría agua para los días en que haya mucha salinidad; reducir el pólder y apoyarse en otras reservas para la toma de agua durante esos días y contar con un nuevo embalse.

A estas variantes, de acuerdo a lo que indicaron los informantes, se suman al menos otras dos que manejan en OSE y Torre Ejecutiva para que la toma de agua se dé en otros puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que sea en Juan Lacaze, varios kilómetros menos que Riachuelo, lo que implicaría menos costos de caños para Infraestructura Arazatí.

Más allá de cuál sea el camino elegido, el contrato establece dos condiciones que son determinantes en la negociación. Por un lado, que no se pueden realizar modificaciones a lo acordado en los primeros 12 meses desde su firma. Y por otro, que todo cambio al proyecto inicial no puede implicar un costo que supere el 50% del presupuesto en caso de que sea por acuerdo mutuo y del 20% cuando sea a sola iniciativa de OSE.

Sin embargo, la espera de un año que tiene el gobierno para que se puedan hacer modificaciones al contrato le da margen para evaluar “sin apuro” las opciones. De hecho, desde el Poder Ejecutivo, indicaron como ejemplo que existen otros asuntos más urgentes a atender como el arbitraje que inició Grupo Vía Central contra el Estado uruguayo por el proyecto Ferrocarril Central (ver aparte).

Con estas condicionantes las alternativas que se analizan implican, en resumen, que cuanto más lejos sea la toma de agua en relación a lo proyectado en Arazatí más caro será el costo energético de bombear el agua para que suministre a la zona metropolitana.

También hay quienes entienden que la ecuación financiera y de diseño del proyecto puede dar un resultado económicamente rentable aún alejando la toma de agua porque si se elige un punto en el que la salinidad del agua no sea un problema eso podría llevar a que no se necesite construir un pólder -estimado en un costo de US$ 20 millones- que sirva de reserva de agua dulce para los entre 60 y 70 días al año que la salinidad podría alcanzar niveles elevados en Arazatí como un pico extremo.

Esta situación con eventos de alta salinidad durante tanto tiempo -de acuerdo a los informes presentados por el Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República con diversos modelos- se daría una vez cada 50 años.

Al correr la toma, se evalúa desde el gobierno de Orsi, se encarece por la cañería y los costos de bombeo pero se puede ahorrar la inversión del pólder y se mantendría dentro de los parámetros que estableció el contrato.

El estado del proyecto Neptuno es uno de los temas principales que tratará el primer Consejo de Ministros de Orsi el próximo martes. Miembros del Poder Ejecutivo indicaron que en el encuentro se dará un informe resumiendo el estado de situación actual. Pero no se hará un análisis definitivo de las distintas alternativas que hay sobre la mesa.

Para el Frente Amplio y para el actual gobierno se da como un hecho que se avanzará en la construcción de una represa en Casupá como parte del abordaje del problema del abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana. Además, se valora que esta fue una promesa de campaña y que el votante que eligió por Orsi espera que se construya en los próximos cinco años. De todos modos, hay quienes entienden que Casupá y Neptuno no son obras contrapuestas sino que aportarían a un sistema ro-busto para garantizar el suministro.

El pasado jueves por la tarde el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, junto a los ministros de Economía y Transporte, Gabriel Oddone y Lucía Etcheverry, respectivamente, recibieron al director de Saceem, Alejandro Ruibal en Torre Ejecutiva para discutir sobre el proceso de arbitraje que Grupo Vía Central inició contra el Estado uruguayo reclamando US$ 160 millones que entiende se le adeudan por el proyecto Ferrocarril Central.

Este encuentro es el segundo que se produce con las autoridades del actual gobierno. En los últimos días hubo avances hacia una posible salida, según indicaron fuentes del gobierno a El País. Días atrás se llevó adelante una primera reunión de “acercamiento”, como definieron los informantes, en la que representantes del consorcio dieron su explicación del reclamo ante la ministra Etcheverry y el director nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera.

Desde la cartera se pretendió conocer al detalle cuáles fueron los términos acordados en la última adenda al contrato y el memorándum de entendimiento.

En ese sentido, las fuentes afirmaron a El País que Transporte está en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la liberación de un primer pago al consorcio, que será muy inferior al monto reclamado. Pero que puede llevar a que las empresas resuelvan dejar en suspenso el proceso de arbitraje internacional que iniciaron.

El proyecto, bajo la modalidad PPP, tuvo una inversión por parte de Grupo Vía Central de unos US$ 1.500 millones, que fueron financiados por las accionistas Sacyr de España, NGE de Francia y las nacionales Saceem y Berkes y por bancos e instituciones locales e internacionales.

La modalidad de financiamiento elegida por el Poder Ejecutivo determinó que se abone un precio por disponibilidad que se inicia a pagar una vez que la vía esté operativa.