Redacción El País
Cuando los votantes ingresen al cuarto secreto el próximo 27 de octubre, podrían tener la posibilidad de apoyar hasta cinco plebiscitos. Por distintas vías, partidos políticos y organizaciones civiles buscan llegar a esa fecha con propuestas de reformas constitucionales que se sometan a la consulta popular. Si lo logran, bastará el paso final y decisivo: que las papeletas se aprueben con las mayorías absolutas de quienes sufraguen ese día, cuando se realizarán las elecciones nacionales.

Hasta ahora el único plebiscito confirmado es el de la coalición de gobierno, que busca reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. Sin embargo, hay cuatro comandos más en carrera con distintas iniciativas. ¿Cuáles son, quiénes las impulsan y en qué fase se encuentran?

Con los votos de 71 legisladores, el oficialismo se aseguró esta semana que se plebiscite la posibilidad de que la Policía, por orden judicial, haga allanamientos de noche, hasta ahora prohibidos por la Constitución.

La coalición de gobierno -apoyada por el diputado independiente (excabildante) Eduardo Lust y César Vega, representante del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI)- superó por amplio margen los dos quintos de los votos de la Asamblea General requeridos para habilitar el plebiscito.

“Conceptualmente, la reforma es muy simple. Le quita la referencia a la noche que tiene el artículo 11 de la Constitución. Hoy dice que el hogar es un sagrado inviolable al que solo se puede entrar con consentimiento del jefe de familia o con orden de juez competente, salvo en la noche, que solo se puede entrar con el consentimiento del jefe de familia. De noche a un hogar no podés ingresar, y eso es lo que queremos corregir”, indicó a El País Andrés Ojeda, abogado penalista y también precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado.

La discusión está vigente desde hace ya varios años, pero en este período de gobierno la retomó el exministro del Interior Jorge Larrañaga (1956-2021), después de haber incluido la medida en el plebiscito “Vivir sin miedo” de 2019.

Desde entonces se evaluaron dos caminos: impulsar una ley interpretativa, estableciendo cuándo un hogar deja de considerarse como tal, y la reforma constitucional que ahora se plebiscitará.

“Yo me cansé de decir que la ley interpretativa era un atajo peligroso y que había que recorrer el camino largo pero seguro”, apuntó Ojeda y explicó por qué: “Uno hace leyes interpretativas para aclarar conceptos. Las palabras, según dice la propia norma, se interpretan en su sentido literal y obvio. Un hogar es un hogar; que se venda o almacene droga en un lugar donde hay tres niños no hace que deje de ser un hogar. Nos exponíamos a que la Suprema Corte de Justicia nos dijera que esa ley interpretativa era inconstitucional, porque le cambiaba el sentido a una palabra convenientemente”.

¿Por qué es importante esta reforma, según sus promotores? “Primero, porque (la normativa vigente) quedó vieja y obsoleta. Era otra época y otra situación. Hoy termina siendo una suerte de amparo constitucional al narcotráfico y otros delitos. Terminan utilizando esa prohibición para tener la tranquilidad de que en la noche pueden operar sin que nadie los persiga y sin que se pueda entrar al lugar”, valoró Ojeda.

Después de haber recibido diversas críticas de la oposición, Ojeda señaló que “no son excluyentes” el combate al microtráfico y la persecución de los peces gordos del narcotráfico. “Además, cuando ellos fueron gobierno, no agarraban ni al gran narcotraficante ni al chico. Yo creo que se tienen que callar, por dignidad o por vergüenza”, sentenció.

La campaña del Pit-Cnt para reformar la Constitución en materia de seguridad social es una de las que más ha dado que hablar.

Primero, porque a la interna de la central sindical hubo distintas mociones y miradas sobre el asunto. En segundo lugar porque dirigentes del oficialismo han afirmado desde entonces que la central obrera y parte del Frente Amplio quieren “confiscar” los ahorros de los uruguayos. Y en tercer lugar porque abrió una brecha, aprovechada por los partidos tradicionales, entre los precandidatos de la oposición: mientras que Yamandú Orsi y Mario Bergara no acompañarán la recolección de firmas, Carolina Cosse y Andrés Lima ya firmaron y apoyan la iniciativa.

El Pit-Cnt es respaldado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande y la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam), entre otras organizaciones políticas y sociales.

Juntos quieren establecer en la Constitución tres condiciones para futuras reformas de la seguridad social. Estas son: la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), la fijación de un monto básico para las jubilaciones -equivalente al Salario Mínimo Nacional- y la baja a 60 años de la edad mínima para el retiro.

Si esta propuesta triunfa, las AFAP deberán cesar sus actividades antes de que se cumplan dos años de la entrada en vigencia de la reforma. Los ahorros pasarían a un fideicomiso administrado por una entidad pública.

Antes del 27 de abril, los impulsores de este plebiscito deben presentar a la Corte Electoral unas 270.000 firmas -que son equivalentes al 10% del padrón electoral- para habilitarlo.

A comienzos de diciembre el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, anunció que habían llegado a 66.000 adherentes, aunque fuentes del Partido Socialista indicaron a El País que estiman que en breve serán bastantes más. A modo de ejemplo, un dirigente dijo que esta colectividad política tiene varias firmas para entregar al comando de campaña.

Cabildo Abierto plantó bandera con el tema de la usura a lo largo de todo el período legislativo. Ante la que será su segunda participación en una elección nacional, inició una campaña de recolección de firmas para que los uruguayos tengan “una deuda justa”.

La reforma constitucional propuesta por los cabildantes consiste de dos artículos y, para que se habilite el plebiscito, también se requieren las firmas de unas 270.000 personas. Según el diputado Álvaro Perrone, ya superaron los 100.000 adhesiones, tanto con los puesto fijos de recolección como con las recorridas por ferias y paseos vecinales.

“Uno de los artículos prevé la reestructura de las deudas para aquellas personas que, con el paso de los años, se les hayan vuelto impagable”, dijo a El País el legislador, que indicó que el monto adeudado se convertirá a unidades indexadas -de acuerdo al valor de cuando se contrajo la deuda- y se le agregará una tasa de interés del 4% efectivo anual.

Como había adelantado El País, entre los cabildantes hay preocupación por cuánto se comprometen los dirigentes y militantes con la campaña. “En estos momentos el compromiso con el partido se mide en la cantidad de firmas que cada agrupación va logrando. Al día de hoy hay agrupaciones que han conseguido miles de firmas y otras que ni siquiera han logrado 100. El compromiso con el partido, la lealtad con sus principios, la verdadera colaboración para el crecimiento del partido hoy se mide en el número de firmas que se van logrando”, les dijo en un audio a sus correligionarios, a fines de octubre, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Por su parte, Perrone sostuvo que “la recolección de firmas es buena y la gente quiere firmar”, aunque agregó: “Por ahí hay que estar un poco más en la calle, activar un poco más la militancia porque es más el reclamo de la gente que quiere firmar que el alcance que estamos teniendo en recolectar las firmas. Requiere un trabajo de militancia activa, se hace a pulmón”, apuntó.

En estos meses han sumado el apoyo de adherentes que no están vinculados con el partido, como el diputado Vega (PERI), y de organizaciones como Un Solo Uruguay, la Agrupación de Monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Rocha.

La cuarta reforma constitucional que se podría plebiscitar en 2024 es propuesta por el Movimiento Uruguay Soberano, que ya recolectó 50.000 firmas, según ellos, y, si no llega a la fecha límite del 27 de abril, irá por la revancha en las elecciones departamentales de 2025.

La papeleta tiene tres ejes, explicó a El País el referente de la organización, Hoenir Sarthou. “Una es regular en la Constitución los contratos del Estado con empresas. Por otro lado, declarar nulos los contratos de ciertas características: que someten al país a jurisdicción extranjera, le dan inmunidad jurídica a la empresa durante todo el contrato o los que comprometen al país más allá del período de gobierno en que fueron firmados”.

Los impulsores del plebiscito buscan que los contratos sean aprobados por el Parlamento y “no puedan firmarse en secreto”. Para los que ya están vigentes, como el de UPM o Katoen Natie, citan, se propone que los legisladores determinen si se deben mantener, anular o ser modificar.

“Un tercer aspecto es que se reduce el número de firmas necesarias para promover un referéndum contra las leyes. Actualmente, la Constitución exige un 25 % del padrón y nosotros queremos llevarlo al 10 %”, resumió Sarthou.

Ante un escenario de múltiples plebiscitos, desde la Corte Electoral anticiparon que esa posibilidad no representa una gran complejidad operativa para el organismo. “La Corte Electoral organiza el acto eleccionario para la elección de autoridades, y esto sería sumar una papeleta por cada uno de los plebiscitos. Hay una reglamentación específica que se sumaría a la de las elecciones, pero no tiene mayor complejidad”, evaluó José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, consultado por El País semanas atrás.

El también ministro de Corte, José Ignacio Korzeniak, afirmó que la función de la Corte es “verificar las firmas, los números de credenciales y demás” para confirmar que reúnan los requisitos constitucionales. Una vez confirmadas las propuestas que irán a plebiscito, “la Corte tendrá que establecer las papeletas para cada reforma”, dijo, y agregó que como las consultas acompañarían el acto eleccionario, no supondrían “un gran costo adicional”.