Redacción El País
Hay una serie de proyectos que fueron aprobados por una de las dos cámaras del Parlamento y se encaminan a ser ley o, al menos, a concentrar la atención política: usura, medios, eutanasia, financiamiento de los partidos políticos y prisión domiciliaria para reclusos mayores de 65 años. Además, senadores impulsan una ley de concurso para ingreso a Intendencias y el Frente Amplio pretende busca aprobar una norma contra servicios vip de mutualistas, que podría conseguir apoyos en el oficialismo. En el primer semestre de este año el trabajo parlamentario estará concentrado en estas propuestas, mientras que el segundo estará copado por la campaña electoral.

El Senado aprobó el 19 de diciembre el proyecto de ley de prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años, cuyos beneficiarios deberán cumplir determinadas condiciones para que el juez pueda otorgarla. El mismo proyecto contempla prisiones domiciliarias para personas que necesiten internación, mujeres embarazadas a partir del quinto mes de gestación o madres que estén en el período de lactancia, por ejemplo. El oficialismo intentó tratar el proyecto al día siguiente, de forma “grave y urgente” en Diputados, pero no logró tener los votos para hacerlo, por lo que fue enviado a comisión para su análisis.

El proyecto fue discutido durante cuatro años en la interna de la coalición y un aditivo presentado por Cabildo Abierto, que disponía la prisión domiciliaria preceptiva para reclusos mayores de 70 años, quedó por el camino en la cámara alta. Diputados de la coalición multicolor tienen su tratamiento entre una de las prioridades del año. La polémica en cuanto a esta normativa se generó por la posibilidad de que el beneficio alcance a personas que cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

En el ala de enfrente del Palacio Legislativo, en el Senado, oficialistas visualizan otros dos proyectos aprobados en diciembre (medios y financiamiento de partidos políticos) como los más importantes sobre los que trabajar.

El articulado sobre el sistema electoral habilita a pagar 35 unidades indexadas ($ 1.365) por voto a intendente, cuando hoy permite 13; establece topes para los aportes que los candidatos pueden hacer a su campaña; y obliga a bancarizar los aportes mayores a 7.000 unidades indexadas ($ 41.000), entre otras disposiciones. Uno de los escollos más discutidos en la Cámara de Representantes fue la contraprestación que el Poder Ejecutivo les pagará a los canales por los minutos de propaganda gratuita durante la campaña electoral, que durará 10 minutos por hora entre la hora 18 y la medianoche. El Frente Amplio votó en contra de esta disposición.

La oposición también se opuso al proyecto de ley de medios, que modifica la norma aprobada en 2014 y lleva de tres a seis las autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión a nivel nacional.

Otro de los proyectos presentado hace cuatro años y aprobado en Diputados en diciembre refiere a la usura, entendida como el cobro alto de intereses, a cambio de un préstamo. Algunos de los artículos de la iniciativa presentada por el legislador del Partido de la Gente, Daniel Peña, fueron votados por unanimidad de la cámara, mientras que otros, por mayoría. De todas maneras, el diputado colorado Ope Pasquet y el blanco Álvaro Viviano, que votaron a favor de varios artículos, criticaron otros y plantearon que la iniciativa debería mejorarse en el Senado.

Pasquet es uno de los principales impulsores del proyecto de ley de eutanasia (aprobado en 2022 en Diputados con votos blancos, colorados, frenteamplistas y del Partido Independiente), que está a estudio de la comisión de Salud del Senado, donde encuentra resistencias. Aún resta que comparezcan delegaciones. “Dijeron que a más tardar en abril se trataría” en el plenario de la cámara alta. “Vamos a ver si cumplen”, dijo el legislador colorado a El País.

También a estudio de una comisión del Senado, en este caso de la de Constitución y Códigos, está un proyecto de ley que encuentra impulso y resistencia en la coalición de gobierno. Se trata de una iniciativa del senador colorado Adrián Peña sobre el ingreso de los funcionarios a los gobiernos departamentales por concurso.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi informó a El País que en la última sesión de la comisión acordaron con el Congreso de Intendentes que ese colectivo presentará un proyecto de ley alternativo en marzo. “Si no, aprobamos el presentado por Peña”, dijo la vicepresidenta de la comisión.

En diciembre, el Senado aprobó dos proyectos de la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Uno de ellos, presentado con la senadora blanca Carmen Asiaín, reconoce a hijos nacidos sin vida. El otro apunta a prevenir y reducir el robo de vehículos. Ambos pasaron a estudio de la cámara baja. Por otro lado, diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto contra los llamados servicios VIP, que ofrecen varios prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, iniciativa que podría tener apoyo oficialista.