"La tercera es la vencida". La frase refleja lo sucedido en relación a uno de los puntos centrales del proyecto de Rendición de Cuentas que ingresó la semana pasada al Parlamento: la Reforma del Estado. Se trata, tal como hace referencia el enunciado, al tercer texto en una década y media que intenta convertir en realidad el largamente anunciado intento de modificar la pesada estructura funcional en la Administración Central.

Atrás quedaron el proyecto SIRO (Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones), que se quiso implementar en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. También el Estatuto del Funcionario Público, aprobado durante la gestión de José Mujica. Y lo de la "tercera es la vencida" podría ser incluso por partida doble, si se cuentan los intentos de incluir este tipo de reforma en las últimas dos rendiciones de cuentas de esta administración.

Eso sí. La reforma será nada más que en los papeles. La inclusión de los 46 artículos referidos al tema, más de la décima parte de todo el mensaje presupuestal, fue enviado bajo una condición: aunque se aprueben, no irán a implementarse durante este período de gobierno. "Políticamente, había otras prioridades", le dijo a El País el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, máximo artífice de la iniciativa. Para Ramos, el desafío es ahora que la reforma no quede en "letra muerta"

Una de las principales innovaciones de este proyecto, según el jefe de Servicio Civil, es que se podrán identificar las ocupaciones ya que, subrayó, se definirá específicamente ese concepto, que hoy no está especificado. Hoy, señaló, puede pasar que tanto el mayor experto en ciberseguridad del país como un simple contador que se limite a llevar cuentas o a liquidar sueldos en alguna oficina podrían ingresar en la misma categoría: "profesional asesor". Para Ramos, esto representa una "ficción".

El proyecto de reforma crea una estructura de escalafones, ocupaciones y cargos basados en tres categorías: Profesional y Técnico, Administrativo y Especializado, y Servicios Generales. Dentro de cada escalafón, los cargos quedarán agrupados también en categorías, asociadas a la complejidad de las tareas respectivas: Formación, Desarrollo, Especialización y Jefatura. Cada cargo a su vez estará dividido en tres grados.

El escalafón Profesional y Técnico comprende las ocupaciones relativas al análisis, el asesoramiento o la ejecución de políticas para cuyo desempeño, necesariamente, se requerirá formación terciaria. El Administrativo y Especializado hace referencia a aquellos relativos a la implementación de las políticas, que requieren formación de educación media superior o, según el perfil del cargo, terciaria.

Finalmente, Servicios Generales comprende las ocupaciones en las que predominan la destreza y la habilidad manual en actividades de apoyo, para cuyo desempeño podría requerirse formación en oficios.

También se define el valor de cada ocupación. Cada una estará asociada a una escala retributiva con 22 niveles de pago. Para el escalafón Profesional y Técnico, la escala irá desde los $ 51.460 hasta los $ 126.018. Para el Administrativo y Especializado, será de entre $ 42.803 y $ 79.413, y para el de Servicios Generales la escala irá de $ 30.174 a $ 58.916.

La reforma, dijo Ramos, está planteada para implementarse con los "pisos" y los "techos" salariales que hoy existen en la administración. Si se implementara ahora, señaló, su costo sería de $ 600 millones.

El ingreso a la carrera administrativa será por el cargo del último grado de ocupación del respectivo escalafón, siempre que exista vacante y no haya personas a distribuir que puedan ocuparla. Todos los ascensos se realizarán por concurso de oposición y méritos, en los que se "valorarán los conocimientos, aptitudes y actitudes" de los postulantes relativos al cargo en cuestión, su calificación o evaluación de desempeño y la capacitación que presente.

El proyecto, por otra parte, plantea la "movilidad entre ocupaciones". Así, los funcionarios podrán postularse para la provisión de cargos en cualquier escalafón y ocupación en el ámbito del Poder Ejecutivo, en tanto reúnan los requisitos.

Otra de las innovaciones pasa por la eliminación de los 1.200 diferentes tipos de "compensaciones" que hoy se pagan en el Estado y que, para Ramos, harán inevitable que algunas ocupaciones deban "pagarse más" en futuras administraciones. Como ventaja, el jerarca subraya una mucho mayor racionalidad en el gasto público.

Ramos destaca un hecho: el proyecto fue realizado en conversación directa con la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) cuya intervención, aseguró, mejoró el texto. Allí el director dijo coincidir con uno de los planteos sindicales: tal vez, hubiera sido necesaria una mayor inversión presupuestal para implementar la reforma.

"Hoy es un espanto lo que paga la administración pública", señaló. Como prueba, apela a la encuesta. "Salvo que estén muy buen pagos o vean que se puedan desarrollar, se van", sentenció. Menos movilidad, dijo, se observa en los funcionarios que desempeñan tareas menos calificadas. La razón: en promedio, sus salarios son más altos que lo que podrían ganar en la actividad privada.

Ramos asegura que, desde asumió en Servicio Civil, trabajó para acelerar los procesos de contratación del Estado, considerados como excesivamente lentos. Uno de los principales puntales allí fue la implementación del expediente electrónico. Con todo, el director admite que el proceso sigue demorando mucho.

Según dijo, desde que un ministerio u oficina resuelve que existe la necesidad de disponer un contrato, puede pasar hasta más de un año para que la persona contratada, efectivamente, ingrese.