Redacción El País
Charles Carrera anunció este miércoles que presentó la renuncia a su banca en el Senado y, de esta forma, también a sus fueros parlamentarios para someterse al proceso judicial que pretende iniciarle la fiscal Silvia Porteiro por un presunto caso de abuso de funciones vinculado al Hospital Policial y a Víctor Hernández, un civil que quedó parapléjico en un incidente no aclarado en La Paloma, Rocha.

El caso se remonta al año 2012, cuando Carrera era director de Secretaría del Ministerio del Interior, que por entonces era comandado por Eduardo Bonomi. A continuación, presentamos un repaso con las claves de la causa, que ahora seguirá su curso en la Justicia.

En 2012, Hernández recibió un balazo en circunstancias que nunca pudieron esclarecerse durante el proceso judicial. La presunción fue que el disparo salió de la casa de un vecino, el entonces subcomisario Marcos Martínez, quien en ese momento se encontraba festejando su cumpleaños. Hernández quedó parapléjico producto del impacto del proyectil.

El por entonces director general de Secretaría, Carrera, autorizó excepcionalmente la atención de la víctima en el Hospital Policial, pese a que no está permitido que civiles ajenos a la institución lo hagan. Además, en una oportunidad —al comienzo del caso— le otorgó a su familia tickets de alimentación por $ 20.000. Permaneció internado tres años. En total, el gasto de la cobertura fue de US$ 260.000, según el cálculo de la Fiscalía.

Foto: Francisco Flores

La situación derivó en una demanda por daños y perjuicios de Hernández contra el Ministerio del Interior, por entender que la institución policial era responsable de los daños a su salud. La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, determinó que no hubo responsabilidad de la cartera de seguridad en el caso.

Durante años, el caso quedó congelado hasta que en 2022 el Ministerio del Interior, que por entonces era gestionado por Luis Alberto Heber, presentó una denuncia por el tema.

Estefania Leal/Archivo El Pais

En paralelo, con los votos de la coalición de gobierno y con la única integración de parlamentarios oficialistas, se conformó una comisión investigadora en el Senado para indagar sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Carrera en el Ministerio del Interior. Entre otros, a la comisión concurrió Hernández, que volvió a afirmar que la bala salió de la casa del subcomisario y que la institución nunca se hizo responsable del caso. Finalmente, la comisión acusó al senador del Frente Amplio por peculado, abuso de funciones y falsificación de documento público.

La comisión también llegó a la conclusión de que hubo otras irregularidades en el Hospital Policial, como que allí se atendieron la diputada frenteamplista Susana Pereyra en 20 oportunidades entre 2010 y 2017, mientras su esposo, Bonomi, era ministro. Otra de las señaladas por atención irregular es la exesposa de Carrera, Andrea Epifanio. Al igual que los demás casos, los civiles pudieron utilizar las instalaciones del Hospital Policial mediante el otorgamiento, fuera de la ley, de un grado policial, según concluyó la comisión.

La resolución de la comisión fue enviada a la Fiscalía para anexarse a la denuncia del Ministerio del Interior.

Durante todo el proceso judicial que se inició en 2022, Carrera aseguró que la denuncia en su contra tuvo una motivación política. Es que el senador, al igual que su correligionario Mario Bergara, presentaron previamente una denuncia contra algunos jerarcas, entre ellos Heber —por su rol como ministro de Transporte y Obras Públicas—, por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie, por supuestas irregularidades en la concesión de la terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo.

La denuncia por supuestas irregularidades en el acuerdo con Katoen Natie fue archivada primero por el fiscal Gilberto Rodríguez y luego por la magistrada Porteiro.

"Con Heber tenemos un problema, personal a esta altura, por la entrega del puerto", dijo Carrera este miércoles en rueda de prensa, la misma en la que informó de su renuncia a la banca en el Senado.

A su vez, en un caso que Carrera vincula directamente al suyo, el militar retirado Marcelo Acuña fue condenado por espionaje contra Carrera y Bergara. La causa involucra también al exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano, y en la resolución se entendió que la idea era que los senadores retiraran la denuncia sobre el acuerdo por el puerto.

Foto: Juan Manuel Ramos/archivo El País

Porteiro decidió pedir el desafuero de Carrera para imputarlo por un delito de abuso innominado de funciones. Según la fiscal, la internación de Hernández en el Hospital Policial fue una situación "anómala, indebida e irregular", e implicó "desvío de los dineros públicos".

"Las razones 'humanitarias' que puedan alegarse, por más loables que sean, no son justificativo para eludir el marco regulatorio y de restricciones en sus decisiones con las que cuentan los gobernantes", escribió la fiscal, y agregó: "Hubo una finalidad de favorecimiento económico, con el consiguiente perjuicio para el Estado".

Carrera renunció porque, dijo, su idea es presentarse a la Justicia “como lo haría cualquier hijo de vecino”. La situación supone un desafío para el Movimiento de Participación Popular (MPP), a un mes de las elecciones, ya que su renuncia deberá ser discutida por el Senado. Se prevé que la coalición de izquierda no pueda evitar un ataque político del oficialismo en la recta final de la campaña electoral.

Carrera integra la lista al Senado del MPP en tercer lugar, solo por detrás de Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez. Al ser consultado por El País este miércoles, adelantó que seguirá siendo candidato de cara a las elecciones nacionales de octubre. Si el desafuero "sigue vigente" y él resultara electo, también está —según dijo— "dispuesto a renunciar" y no asumir su banca para el período 2025-2030.