Quedan exactamente 62 días para el primero de marzo de 2025, cuenta que el presidente Luis Lacalle Pou —como él mismo ha señalado en infinidad de oportunidades a lo largo de su mandato—, sigue obsesivamente desde que se puso la banda presidencial, la que en poco más de dos meses deberá entregar no a un blanco, como hubiera querido, sino al frenteamplista Yamandú Orsi.

Para muchos, los gobiernos terminan una vez que las urnas determinan quién será el siguiente presidente. Eso casi siempre ocurre el último domingo de noviembre, cuando se impone el ganador en el balotaje, lo que ha sido casi la regla desde la reforma constitucional de 1996. Tras esto se abre un largo período de transición en el que el protagonismo recala sobre los que vienen, más que en los que se van. Pero en este caso esto no es tan así. Lacalle Pou -que conserva altos niveles de popularidad- tiene algunos ejes trazados como prioritarios para redondear su mandato, y por eso su actitud no viene siendo tan calma como la que han tenido otros que han pasado por la misma circunstancia.

Uno de ellos, y tal vez el más visible por estos días, tiene que ver precisamente con este proceso de intercambio con el gobierno electo, para el cual puso como coordinadores principales a su secretario y prosecretaria de Presidencia, Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera, respectivamente, quienes han recibido varias veces ya en lo que va de este Fin de Año a quien será el secretario de Presidencia de Orsi, el senador Alejandro Sánchez, y al futuro prosecretario, el exfiscal de Corte Jorge Díaz.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Al momento se han suscitado algunos desencuentros y surgido algunos reclamos de parte de actores frenteamplistas, aunque la mirada que tiene al respecto el mandatario sobre el transcurso de este proceso es positiva. Fuentes de su entorno indicaron que, de hecho, el objetivo trazado es que pueda concretarse una “transición ordenada y con mucha información” -gran parte de la cual ha sido entregada a varios de los ministros designados por Orsi-, y que la apreciación que se hace en el piso 11 de la Torre Ejecutiva es que el suministro de información sobre los temas de gestión ya “es más” cuantioso que el que se brindó a fines de 2019 y comienzos de 2020, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez abandonaba la administración.

Por delante, mientras tanto, Lacalle Pou sabe que tiene que tomar algunas decisiones de gobierno que involucran a lo que será la administración Orsi, y a eso abocará gran parte del poco tiempo que le queda como jefe de Estado. Entre esos temas hay uno que ya ha ocupado varios titulares: el proyecto de construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en Arazatí para abastecer la zona metropolitana, una iniciativa sobre la que se distancia el Frente Amplio, y de la que el propio Orsi ha manifestado tener reparos en función de informes técnicos contrarios a la determinación de Ambiente de autorizar el emprendimiento.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

En paralelo, el presidente continuará con algo que en campaña electoral fue muy frecuente: inauguración de obras, sobre todo, viales y de infraestructura. Seguirá en ese trillo este verano e incluso está previsto que el último día de su administración lo celebre con un corte de cintas en el departamento de Soriano -en donde estuvo el pasado lunes para celebrar la reforma de la policlínica de Risso.

Lo planificado, aunque no confirmado en el Ministerio de Transporte, que buscará “llegar con los tiempos” -según dijeron a El País fuentes de la cartera-, es que el 28 de febrero, a horas de pasarle la banda a Orsi, el mandatario blanco pueda, entre otras cosas, despedirse con la inauguración del nuevo puente que se está construyendo en Dolores, sobre el río San Salvador -una inversión que, según estimó Presidencia en setiembre de 2023, es de $ 230.000.000 y “permitirá el traslado de carga pesada”.

En aquellas obras que no se llegue con los plazos, la intención es dejarlas “encaminadas” para el gobierno entrante, agregaron desde Presidencia.

Qué hará o no hará Lacalle Pou una vez que deje la Torre Ejecutiva tiene más que ansiosos a referentes y militantes del Partido Nacional, porque es su líder indiscutido y la necesidad de que reordene la tropa -como comentan los blancos por estos días- se incrementó luego de la dura derrota de Álvaro Delgado en el duelo con Orsi, un fracaso electoral que en la previa -pese a la cautela de unos cuantos- el postulante y sus más cercanos descartaban de plano, desbordantes de optimismo.

Ahora bien, lo que Lacalle Pou ha transmitido a dirigentes y allegados es que no tiene previsto asumir ningún cargo de representación de relevancia, y que incluso planea suspender su actividad política “por un tiempo prolongado”.

Eso significaría que no liderará a su partido ni desde la Presidencia del Directorio blanco ni desde la banca al Senado que le corresponde por votación. De todas maneras, los blancos están preparándose para la batalla de las elecciones departamentales, y hay dos frentes en donde varios dirigentes tienen la expectativa de contar con Lacalle Pou, así sea con intervenciones puntuales, y que puedan ayudar a inclinar la balanza electoral a su favor: en Montevideo -en donde competirá el candidato Martín Lema, un dirigente de su riñón- y Canelones, el departamento en donde desarrolló su carrera política. Ambos lugares son poderosos bastiones frenteamplistas.

Los primeros días de la transición entre las administraciones transcurrieron con relativa armonía, hasta que surgieron tres polémicas, de distintas características, una de ellas ya resuelta y las otras en desarrollo.

Lo que ya fue sorteado fue un entredicho generado esta semana entre el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, y quien lo sucederá, el socialista Gonzalo Civila. El primero lamentó en declaraciones a El País que el frenteamplista hubiera elegido reunirse con organizaciones sociales como la coordinadora de ollas populares -que fue denunciada por el Mides por presuntas irregularidades tiempo atrás- antes que con él. “Se erran los caminos institucionales”, dijo Sciarra. Horas después, ambos se comunicaron por teléfono y mantuvieron un encuentro en el que se dio por superado el episodio.

Lo que todavía no fue resuelto son dos temas grandes que marcaron este período de intercambio entre gestiones: la decisión de la administración de Lacalle Pou de descartar la posibilidad de que Ancap (a través de ALUR) participara como inversor en el proyecto de HIF Global para producir hidrógeno verde en Paysandú y la resolución de seguir adelante con la construcción de una planta de agua potable en Arazatí. En el primer caso, que generó como consecuencia la renuncia del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, el Frente Amplio reclamó más información porque rechazó de plano lo resuelto. “Es una oportunidad perdida”, dijo la futura ministra de Industria, Fernanda Cardona, que calificó de “grave” el camino seguido por el Ejecutivo.

En el segundo, el desencuentro es similar. Yamandú Orsi ha señalado en varias oportunidades que tiene dudas sobre la conveniencia del proyecto Arazatí. Esto se debe a que le preocupan algunas observaciones técnicas sobre el impacto ambiental, pero Lacalle Pou se mostró decidido a seguir adelante con la inversión, porque de lo contrario iría en contra del “deber del presidente de la República”, según consideró días atrás.