ELECCIÓN DEPARTAMENTAL

La candidata de la coalición a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, presentó ayer la cuarta parte de su programa de gobierno (de un total de seis), que hace hincapié en la movilidad en la capital, abarcando desde los peatones hasta el tránsito y el transporte. En las propias encuestas de opinión que contrata la IMM, el tema se encuentra en el primer orden de las preocupaciones de los montevideanos, incluso por encima de los problemas con la basura.

La presentación contó con la participación del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.

Raffo dijo que la presencia del secretario de Estado responde a que la propuesta electoral de la coalición es la única que plantea una complementación y un trabajo conjunto con el gobierno nacional. Y leyó una parte del programa de los tres candidatos del Frente Amplio (en su página 3), donde dice que “este tiempo nos impone el desafío de enfrentar desde la IMM los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha”.

Uno de los puntos de la propuesta de Raffo hace hincapié en que los vecinos no deberían ser quienes paguen el arreglo de sus veredas, sino la Intendencia. “Todo el mundo se queja porque hay baches en las calles y las veredas están rotas. Nosotros vamos a crear un nuevo sistema que le va a otorgar a la Intendencia la responsabilidad de hacerse cargo de la reparación de las veredas. Y vamos a instrumentar un sistema más profesional del seguimiento de los pozos y del bacheo de las distintas calles y avenidas”, indicó la economista.

Si bien el tema de quién debe pagar el arreglo de las veredas ha sido objeto de debate durante años, la Intendencia de Montevideo tiene establecido en su Digesto un sistema por el cual se trasladan los costos de la reparación a los vecinos, salvo que las roturas se deban a obras de empresas públicas o raíces de árboles.

El actual “Plan Veredas” de la IMM se lleva adelante en conjunto con los ocho municipios, que fueron los responsables de realizar un relevamiento de las calles a intervenir dentro de su territorio. La financiación de las obras se hace a través de un fondo rotatorio, en el que cada municipio cuenta con una cuenta extrapresupuestal en la que se vuelca lo recaudado por concepto de reparación de veredas, facturado en la Contribución Inmobiliaria de los vecinos propietarios de los padrones frentistas.

El capítulo sobre movilidad del programa de Raffo se plantea en dos etapas: la primera es la realización, en el primer año de gobierno, de un “shock de agilidad” con la infraestructura existente.

En la segunda, se aborda la modernización del servicio de ómnibus, la mejora de veredas y calles, y se plantea una redefinición del transporte actual hacia un sistema multimodal.

Para el primer año, el documento plantea reducir los tiempos de viaje de ómnibus optimizando frecuencias y poniendo unidades extra en los horarios pico, la instalación de una red de paradas con infraestructura y servicios, y la creación de carriles “reconfigurables”, que permitan dar preferencia de sentido en los horarios “pico”. Además, propone la creación de circuitos conectados para las ciclovías.

Raffo aseguró que la Intendencia de Montevideo no ha logrado mejorar la circulación pese a que “el presupuesto anual de su Departamento de Movilidad ronda los US$ 100 millones”.

“Hoy, los montevideanos viven una sensación de deterioro en las condiciones de sus viajes diarios. Quienes usan el transporte público no lo disfrutan ni viajan cómodos, quienes optan por la bicicleta o moto lo hacen bajo riesgo de sufrir siniestros, quienes se trasladan en automóviles pierden horas de sus vidas en embotellamientos en las horas pico y quienes optan por la movilidad peatonal lo deben hacer por veredas en mal estado”, señala el programa.

A su vez, agrega que la pandemia del COVID-19 “entre otras cosas, ha puesto a prueba la movilidad dentro de la ciudad y ha dejado al descubierto la inexistencia de una visión de largo plazo en este tema por parte del Frente Amplio, dejando un transporte público precario que afecta directamente a la población más vulnerable, viajando en condiciones no saludables y vulnerando así derechos esenciales”.