PASO DE LOS TOROS

La bancada de diputados y senadores del Frente Amplio "reclamaron" al Ministerio del Interior que "investigue a fondo" la golpiza contra una trabajadora sexual en Paso de los Toros por parte de un trabajador polaco que se desempeña en la obra de UPM 2, ocurrida hace una semana.

A través de una declaración, los legisladores opositores solicitaron a la cartera que dirige Luis Alberto Heber que "proporcione información" y que "tome medidas inmediatas para dar garantías a las víctimas y denunciantes".

Testigos habían denunciado a la Policía que el ciudadano polaco, de 30 años, empujó a la mujer, de República Dominicana, de 35 años, con el objetivo de sacarla de su vivienda de Paso de los Toros, un alojamiento temporal dispuesto para los extranjeros que trabajan en la obra de UPM2. La mujer, aseguraron los testigos, cayó y se fracturó una pierna. Luego fue trasladada a un centro de salud de Montevideo.

Al momento no denunció formalmente el caso. Sin embargo, el director de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, informó este miércoles al mediodía que la fiscal del caso Mariana Rodríguez ayer se reunió con la presidenta de Otras y le transmitió que la víctima estaba de acuerdo con denunciar la agresión. La Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía viene trabajando con la víctima para que preste su declaración "en los próximos días".

Tras lo ocurrido días atrás, los legisladores frenteamplistas buscan conocer también "cuáles han sido las medidas concretas de la empresa UPM 2 frente a lo que llaman violación al código de convivencia de las empresas contratistas, en lo que refiere al compromiso de prevención, reparación y no repetición".

UPM había señalado a El País cuando se conoció el caso que se tomaron "medidas inmediatas ante la violación del código de convivencia que rige para todas las empresas contratistas, ya que no está permitido el ingreso de personas que no sean trabajadores a los predios".

La mujer que resultó herida era una de las trabajadoras sexuales de una whiskería de Pueblo Centenario, Durazno, que era investigada por trata de personas. El País informó el sábado que luego de que su dueño fuera enviado a prisión por el delito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual, el local reabrió y nueve de las mujeres que trabajaban allí retornaron al lugar. La Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) denunció que "se quedaron sin trabajo y no recibieron apoyo del Estado".

"Uruguay cuenta con protocolos y legislación vigente para garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a recibir protección y atención integral, entre tantas otras cosas", expresó la bancada de legisladores del Frente Amplio.