Varios senadores blancos recibieron en la noche del lunes un mensaje del senador Guido Manini Ríos. Cabildo Abierto estaba dispuesto a votar la nueva ley de Medios, pero para eso ponía una condición. Los nacionalistas la aceptaron, al ver la posibilidad de sacar adelante el proyecto luego de casi cuatro años de espera.
“Fue como un eclipse, o cuando los planetas se alinean”, le dijo a El País un senador del Partido Nacional. “Es algo que dura apenas unos segundos y había que aprovechar”.
Los blancos aprovecharon, pero abrieron una caja de Pandora de imprevisibles consecuencias políticas. La condición de Manini fue incluir un aditivo, que quedó plasmado en el artículo 72 del proyecto.
“Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”, dice el artículo, que generó un cimbronazo en el oficialismo.
Esto sobre todo en la Cámara de Diputados, que ahora deberá ratificar los cambios aprobados en el Senado sin ninguna posibilidad de dar marcha atrás con la iniciativa.
De allí que este jueves comenzó a tomar fuerza la única posibilidad práctica de resolución. “Uno piensa que sería deseable que el presidente lo vetara”, le dijo a El País el diputado Iván Posada (Partido Independiente), planteando así la solución a lo que para muchos terminó siendo un problema.
“No aporta nada a lo que es una muy buena ley”, apuntó. Y recordó que la Constitución garantiza la libre expresión, por lo que el aditivo de los cabildantes resultaría inconstitucional. “Cae en el error de pretender que los medios cumplan determinadas reglas”, afirmó.
Posada señaló que la vigente ley de Medios, promovida por los gobiernos del Frente Amplio, plantea una serie de regulaciones a los contenidos de los medios que, justamente la coalición se había comprometido a derogar. Este jueves, Posada había ratificado en Búsqueda y La Diaria que el artículo en cuestión resulta “inoportuno e innecesario”.
El legislador dejó en manos del presidente una decisión sobre un planteo que es compartido por varios de sus colegas y que, de confirmarse, representaría el tercer veto presidencial a una norma promovida por los cabildantes.
“Nos pone en un momento complicado a todos”, le dijo a El País el diputado colorado Martín Melazzi. “No acompaño este artículo”, precisó al confirmar que también respaldaría un veto del presidente.
Los colorados fijarán posición sobre el tema la próxima semana. “Este artículo no me gusta nada y el veto parcial podría ser una buena solución”, señaló el diputado Ope Pasquet sobre el nulo margen de acción que hay en la cámara baja para anular la polémica disposición.
La alternativa es compartida también dentro del Partido Nacional. “Si el presidente lo veta, yo acompañaría”, le dijo a El País el senador -y precandidato presidencial- Jorge Gandini.
Saludo a la bandera
Fuentes nacionalistas indicaron a El País que el aditivo de la discordia se aceptó tras recibir una opinión “tranquilizadora” por parte del Ministerio de Industria y de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), en cuanto a que el artículo no pasará de ser un “saludo a la bandera”, dado que la ley no establece la forma en que sería aplicada.
También porque resultó ser mucho mejor que la idea original planteada por Cabildo. “Era invotable” la primera propuesta de Manini, dijo un legislador blanco. Durante la discusión en Diputados, los cabildantes habían planteado la creación de una “junta de garantías” que controlara la “pluralidad” de los medios.
La idea terminó por ser rechazada por sus socios -ya que el mismo Poder Ejecutivo se negó a aceptarla-, pero trancó durante varios meses las negociaciones en la cámara baja. Algunos legisladores oficialistas incluso compararon la idea de esta “junta” con el organismo de control de medios que existía en la España franquista.
Fuentes políticas señalaron a El País que Manini planteó en el Parlamento una molestia bastante grande con las críticas que algunos medios realizan hacia su partido, a las que consideró sesgadas.
El líder de Cabildo Abierto registra un historial de críticas hacia los medios de comunicación por la forma en que cubren las novedades de su partido. “Todos los días se opera sobre la base de información que se obtiene con lo que podría ser lo más parecido a espionaje, grabaciones, llamadas telefónicas”, había dicho en setiembre de 2023 en una comisión parlamentaria. El senador había hablado allí de “infiltrados”.
La “tercera cámara” que quedó sin margen
El proyecto de ley de Medios había sido aprobado en Diputados en diciembre del año pasado. Luego pasó al Senado, que esta semana lo ratificó incluyendo el polémico aditivo promovido por Cabildo Abierto. El mes que viene la cámara baja deberá sancionar el proyecto, sin posibilidad de hacer más modificaciones. La apuesta al veto presidencial es la única manera que tienen los diputados para echar atrás ese aditivo ya que a nivel parlamentario solo puede rechazar, en bloque, todo el texto.
Precursora de “autocensura” y posible motivo de condena
El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, consideró ayer que, en términos prácticos, la intención de asegurar que la información sea rigurosa y equilibrada “constituye una forma de control sobre los contenidos, precursora de la autocensura o de la censura indirecta”. En una exposición pública, el jerarca advirtió que términos como “imparcial” o “rigurosa” del aditivo promovido por Cabildo Abierto “son de tal subjetividad e indefinición que llevarían a una aplicación arbitraria de la ley”, dependiendo de lo que las autoridades de turno interpreten.
Sotelo recordó que en los países reconocidos como “democracias plenas” no existen leyes que obliguen a los medios de comunicación a publicar información con tales características o exigencias. La regulación allí se enfoca en proteger la libertad de expresión y la independencia de la prensa. Además, alertó que, de prosperar, expondrá al país a la condena de organismos y organizaciones internacionales especializados, “comprometiendo su alta consideración en temas vinculados a la democracia y las libertades públicas”.
La Asamblea del Claustro de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, en tanto, cuestionó la aprobación del aditivo, al asegurar que representa una “clara intromisión política y amenaza a la libertad de expresión”.
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