PARTIDO DE MIERES LA RECHAZA

Faltaban pocos minutos para las dos de la mañana del jueves 27 de octubre de 2011 cuando la Cámara de Diputados sancionó por 50 votos en 90 una ley interpretativa que en los hechos derogó en forma tácita la ley de Caducidad. Aquella iniciativa, la ley 18.831, fue votada solo por los legisladores frenteamplistas: declaró la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura y restableció "el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”. En los hechos, se buscaba cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo, aunque dos consultas populares anteriores -en 1989 y 2009- habían ratificado la ley.

Nueve años más tarde, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a plantear el debate esta semana y se preguntó si “no será tiempo de reinstalar la ley de caducidad” y derogar la ley 18.831. Manini dijo a radio Monte Carlo que habló el tema con el presidente Luis Lacalle Pou.

A su juicio, derogar la ley de 2011 “contribuirá a, de una vez por todas, dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo y haciendo lo que quieren, con falsos testimonios muchas veces llevando a inocentes presos”. El planteo de Manini Ríos causó polémica y pone en un brete al gobierno de Luis Lacalle Pou. De hecho, el constitucionalista Martín Risso dijo a El País que la iniciativa hoy “no se puede llevar adelante” porque va contra aquella sentencia de la Corte Interamericana, también de 2011.

Si bien desde Cabildo Abierto aseguran que el presidente apoya el planteo, en la bancada blanca reaccionaron con cautela y prefieren esperar a conocer los detalles de la iniciativa, mientras que los colorados estudian el tema y no descartan respaldar el proyecto, según supo El País. El Frente Amplio y el Partido Independiente, en cambio, rechazan de plano la propuesta de Manini, que se suma al planteo realizado la semana pasada al presidente para que destituya al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Además, Manini apoya la idea del diputado colorado Gustavo Zubía para transformar a la Fiscalía General en un organismo colegiado de tres miembros.

El coordinador de la bancada de senadores de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo a El País que la ley 18.831 “no tiene razón de ser y se aparta del derecho”, al dejar sin efecto la ley de Caducidad e ir en contra de dos consultas populares. También recordó que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la norma, el 2 y 3.

Lozano, coronel retirado, agregó que aún no está claro si el proyecto para derogar la norma lo presentará Cabildo Abierto o el propio Poder Ejecutivo.

-Manini se reunió el jueves con Lacalle Pou. ¿El presidente está de acuerdo con el planteo?

-En principio le puedo decir que sí, que está de acuerdo -respondió Lozano.

-¿Pero entonces ya hay acuerdo con el Poder Ejecutivo?

-Hay un acuerdo no oficial, pero sí oficioso.

Pero desde el Partido Nacional reaccionaron con sorpresa. “No es tema”, dijo un legislador nacionalista a El País. “El problema es que ellos tienen que marcar agenda y quedar bien con los muchachos”, en referencia a los militares retirados.

Más cauta, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo a El País que se enteró del tema por la prensa y no quiere opinar hasta que haya un planteo en el Parlamento. “No lo entendí mucho”, admitió. En una línea similar, el senador Gustavo Penadés -coordinador de la bancada nacionalista- dijo que “hay que estudiar el tema con mucha delicadeza” antes de cualquier pronunciamiento porque la situación es muy compleja. Agregó que no se niegan al análisis “venga de quien venga, mucho menos si viene de un socio de la coalición”.

Pero en el Partido Independiente, el socio de izquierda de la coalición, la idea de Manini cayó muy mal. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo a El País que el planteo merece todo su “repudio” porque “es como volver en el túnel del tiempo”, es “corporativo” y le genera “un obstáculo” al presidente, al presentar una iniciativa “sin viabilidad” a nivel político. Lacalle, a su juicio, “no recorrerá ese camino”.

Manini “quiere dar vuelta una página que nunca se cerró”, dijo Posada. “No terminan de entender la realidad: quienes condujeron las Fuerzas Armadas en democracia pudieron hacer un esfuerzo para tratar de dar respuesta a los familiares de detenidos desaparecidos. Pero no lo hicieron, no ayudaron. Esa es la realidad”.

Críticas del Frente: es un “monigote de los intereses del Círculo Militar”

El planteo del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de reinstalar la ley de Caducidad, propuesta y aprobada durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti para impedir juzgar las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar, fue cuestionado desde el Frente Amplio.

El candidato a intendente Daniel Martínez dijo que están dispuestos “a pelear para que no se dé marcha atrás”. Por su parte, el diputado del MPP Daniel Caggiani dijo a El País que si Manini pretende tener una aspiración presidencial, “debería expresar más los intereses del conjunto de la ciudadanía y dejar de ser un simple monigote de los intereses del Círculo Militar”. Y agregó que sus declaraciones son “delicadas, indebidas e inoportunas” cuando hay urgencias por la emergencia sanitaria.

En tanto, el diputado comunista Gerardo Núñez afirmó que “es una vergüenza que la preocupación de Cabildo Abierto sea obstaculizar la Justicia para proteger a los violadores de los derechos humanos”. Y agregó que desea que el planteo “no sea de recibo” en la coalición de gobierno: “Ahí hay sectores con visión democrática y de defensa de los derechos humanos, esperemos que no se plieguen”.