En setiembre de 2013 comenzó a regir la ley de "Fijación de disposicionescon el fin de favorecer la participación educativa y laboral de los afrodescendientes". Desde ese entonces, 13.458 personas deberían haber ingresado al Estado, en cumplimiento de esa normativa. Sin embargo, en todos estos años, solo lo hicieron 2.993.

Así lo indica un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que relevó el efectivo cumplimiento de esta norma a más de diez años de su implementación.

La ley estipula que el 8% de las vacantes laborales en el Estado se reserven para afrodescendientes. Se trata de la "mayor acción afirmativa" que a nivel estatal se desarrolla para estas personas. Además, se establece la creación de cupos en la formación profesional y en el sistema de becas y apoyos estudiantiales, a nivel nacional y departamental. El objetivo fue garantizar la "inclusión y equidad".

Según los registros de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), consignados en el informe al que accedió El País, el porcentaje pautado por la ley nunca se cumplió.

Las contrataciones oscilaron entre un mínimo de 0,69% en 2020 a un máximo de 3,29% en 2018. En 2022, solo el 1,8% de los ingresos al Estado fueron de personas afrodescendientes.

En la práctica, solo el 53% de todos los organismos obligados había implementado ingresos de personas afrodescedientes por cuotas.

El análisis revela un cumpliendo dispar a través de los distintos organismos del Estado. Así, se señala que el 60% de los ingresos efectivamente concretados fueron a través del Poder Ejecutivo. El 18% lo hizo por los entes industriales y comerciales (como UTE y Antel) y el 10% en el resto de los entes autónomos y servicios descentralizados.

El 9% lo hizo en los gobiernos departamentales y el 3% en los que se rigen por el derecho público no estatal. El Poder Legislativo —el mismo que votó la ley vigente— es quien menos ha cumplido. Desde 2014, solo han ingresado dos personas por esta vía al Parlamento.

Si se profundiza más en el análisis, los organismos en los que han ingresado más afrodescendientes son el Ministerio de Defensa (1.167 casos, más de uno de cada tres), Interior (184), OSE (181) y UTE (132).

Entre las tareas a desempeñar, predominan los servicios, oficios y puestos subalternos (61%). El 16% ingresó en trabajo administrativo. Solo el 7% lo hizo para realizar tareas profesionales, 5% para ejercer la docencia y 1% como educadores. Seis de cada diez ingresos fueron parra hombres, mientras que las mujeres han entrado en puestos que requieren una mayor calificación.

Si se considera la edad, dos de cada tres ingresos de afrodescendientes fueron de personas que tenían entre 18 y 29 años. El 29% tenía entre 30 y 45 años y el 5% era mayor a esa edad.

En sus conclusiones, la Inddhh subrayó que la implementación de la ley en cuestión "supone un desafío para la sociedad uruguaya", que requiere el compromiso de diversas instituciones y actores del Estado. "Su incumplimiento refleja la necesidad de continuar trabajando en la disminución de la discriminación racial que sufre la población afrodescendiente".

El informe de la Inddhh recuerda que el término "afrodescendiente" se refiere a aquellas personas "descendientes de africanos esclavizados, quienes fueron víctimas de trata transatlántica, colonialismo, racismo y discriminación racial". También que el término se originó "en la propia comunidad", debido a que "sus ancestros fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, cuyas consecuencias persisten hasta hoy".

El término, se agrega, fue ampliado para incluir a todas las personas con ascendencia africana alrededor del mundo.

El informe será presentado este martes en la sede de la Inddhh.