El proceso será paulatino, y la forma como las autoridades coordinarán todavía es algo en lo que se sigue trabajando, pero el plan ya está trazado y la fecha para implementarlo también: el 25 de agosto comenzará a regir la nueva ley de internación compulsiva, que se aplicará a determinadas personas que viven en la calle.

Es, en los hechos, una iniciativa que se discutió durante gran parte de este período legislativo, y que, luego de varios idas y vueltas, fue aprobada por el Parlamento el 14 de mayo de este año. Lo propuso el Poder Ejecutivo, lo impulsó especialmente el exministro de Desarrollo Social Martín Lema, y no fue votada por varios legisladores del Frente Amplio.

Es sabido que este problema social es uno de los temas presentes en la actual campaña electoral, como lo fue en la anterior. Y se sabe que es un problema que viene en ascenso desde hace años. El último censo que realizó el Mides, el año pasado, determinó que en Montevideo —donde está concentrada la problemática— la gente en esta situación aumentó un 24% desde 2021 —pasaron a ser 2.755 individuos que no tienen hogar.

Desde el oficialismo, en particular en la voz de Lema, la respuesta que se ha dado a este dato —que ha sido usado como argumento electoral por parte del Frente Amplio— es que el problema tuvo una aguda evolución entre 2016 y 2019, cuando las personas que duermen en la intemperie crecieron un 88%, y que durante la administración de Luis Lacalle Pou se aumentó la respuesta institucional y se crearon refugios de 24 horas.

En lo que todos coinciden es en que se trata de un problema de alta complejidad, y que no tiene una solución simple. Sin embargo, en el oficialismo se espera con expectativa el impacto que pueda tener la nueva ley que comenzará a aplicarse el último domingo de este mes.

Foto: Estefanía Leal

"Es importante señalar que esto va a ser paulatino. No es que desde el primer día se va a ver un barrido impresionante", advirtió en diálogo con El País el actual titular del Mides, Alejandro Sciarra, que adelantó que, en cuanto comience a aplicarse la nueva norma, "se irá en busca de aquellas personas que el Mides tiene identificadas, de larga data, sobre las cuales no se ha podido actuar por no contar con los mecanismos legales".

Esos mecanismos legales están resumidos en un inciso del artículo único de la reciente ley 20.279, que requirió de un decreto reglamentario —para repartir los roles institucionales a la hora de actuar, como ya se verá— y que puede resumirse en una premisa: aquellas personas que se encuentren en estado de "intemperie completa" —es decir, que viven en la vía pública y se resisten a dormir en los refugios que ofrece el Mides— podrán ser derivados a un centro asistencial aunque no presten su voluntad.

La normativa anterior, la ley 18.787 que estuvo vigente desde 2011 —aprobada durante el gobierno de José Mujica, aunque reglamentada en esta gestión— y que también era de un artículo único, solo establecía que las "las personas que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento".

Lo que ahora se hizo fue ampliar las condiciones para disponer la internación. Hoy está establecido que, sin perjuicio de lo anterior "el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar al prestador de salud correspondiente o a distintos centros de atención médicos, el traslado a las instituciones médicas de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aun sin que éstas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas".

La fecha del 25 de agosto no es arbitraria. Está escrita en la ley, que propuso un plazo de 90 días para entrar en rigor, y en ese tiempo el gobierno se encargó de reglamentarla. El texto está casi pronto, aunque está en proceso la elaboración de dos pequeñas modificaciones a pedido de ASSE, luego de una reunión que se hizo el pasado 8 de agosto en el despacho de Sciarra, a la que asistieron todos los actores que tendrán participación en los operativos que se vienen —y que además del Mides y el prestador estatal de salud también incluye a los ministerios del Interior y de Salud Pública.

El borrador avanzado del decreto, al que accedió El País, establece que es el Mides el encargado de recibir las denuncias que señalen a personas que se encuentren "en completa intemperie" y necesitando "algún tipo de asistencia".

Una vez que un equipo del Mides constate la situación y tome contacto con la persona afectada, deber observar primariamente si cumple con las condiciones de la ley; o sea, si "en apariencia presenta riesgos de graves enfermedades o de muerte", o si tiene "su capacidad de juicio afectada, como consecuencia de una descompensación de una patología psiquiátrica o por consumo de sustancias psicoactivas" y entonces la persona está en riesgo o puede poner en riesgo a terceros. En ambos casos, el Mides debe comunicarse con ASSE.

Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si la persona que está en la calle se niega a recibir cualquier tipo de asistencia? El decreto establecerá que en ese caso "se podrá requerir al Ministerio del Interior su auxilio y colaboración para asistir al personal médico para que brinde la atención y los cuidados que correspondan".

ASSE, por su parte, debe enviar un equipo al lugar donde determine el Mides para brindar allí la asistencia y, "en caso de ser necesario", trasladar a la persona al centro de salud más próximo —que puede ser hospitalario o un "centro de atención del Mides". E Interior deberá prestar auxilio si la persona se niega también a ser trasladada.

Lo que sí se necesita antes de llevar a la persona a un centro de salud es un "informe escrito de un médico que acredite la existencia de riesgos de graves enfermedades o de muerte de la persona" o que constate "la afectación de la capacidad de juicio" del paciente, producto de una patología psiquiátrica o el consumo de drogas.