Redacción El País
La Cámara de Diputados tiene previsto para este mes de junio dar el primer paso que pondrá fin una larga espera, a través de la aprobación en forma unánime de un proyecto en que el todo el sistema político se muestra de acuerdo: el que propone que las prendas de vestir deban ofrecerse en todos los talles, que además correspondan a las características antropométricas de la población masculina y femenina uruguaya de cualquier edad. La popularmente conocida como "ley de Talles".

El objetivo central es asegurar la existencia de diversidad de talles para la mayor cantidad posible de gente, y que, a su vez, se guarde coherencia entre los talles y exhibidos y la conformación corporal de los uruguayos.

La ratificación de la iniciativa dará fin a un periplo de más de una década y media. El primer proyecto de ley sobre talles fue presentado en 2007 por el entonces diputado nacionalista Carlos Enciso -hoy embajador ante Argentina-. Apenas llegó a ser sancionado en esa cámara y luego pasó al olvido.

En 2016 la idea fue retomada a través de otro proyecto por la diputada nacionalista Pía Biestro, que transitó por esa legislatura sin ser discutido. En 2020, el colectivo Diversa decidió retomar el proyecto inicial ajustándolo a las necesidades actuales

El proyecto de Biestro, que hoy se desempeña como directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas fue retomado por la diputada frenteamplista Bettiana Díaz (MPP), que promovió su desarchivo. Pero lo que se irá a votar la próxima semana en la Comisión de Equidad y Género de Diputados será un nuevo texto, que estará pronto en las próximas horas y que será firmado por representantes de todos los partidos.

La nueva versión, que incorporará elementos de otro proyecto que había presentado el colorado Eduardo Elinger, entre otros aspectos opta por no prohibir la existencia de "talles únicos" aunque tampoco lo incorpora como categoría en sí misma, por lo que no estará incluido en la "tabla" que se elaborará una vez cobre vigencia la ley.

Otra de las innovaciones dejará en manos del Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, la elaboración de las sanciones ante eventuales incumplimientos a la normativa.

En diálogo con El País, Díaz destacó, justamente, una de las mayores particularidades de este proyecto. "No tiene bandera política y fue construido por diferentes partidos", afirmó.

El jueves de la semana que viene se realizará un coloquio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con el objetivo de debatir e interactuar sobre la iniciativa, que sus promotores consideran fundamental para la salud mental, el derecho a la vestimenta y la calidad de vida de la población. También para el desarrollo de la industria nacional.

Luego del trámite en Diputados el proyecto pasará al Senado. Una vez vigente la ley, el Poder Ejecutivo deberá realizar un estudio sobre las características antropométricas de la población uruguaya, a partir de lo que se determinarán los talles correspondientes, que deberán responder a los patrones indicados en ese análisis. Esa "tabla" deberá actualizarse cada diez años.

El texto de Biestro, que fue tomado como base para el trabajo en esta legislatura señalaba que los establecimientos comerciales deberán contar, en un plazo de 120 días posteriores a la vigencia de la ley, con todas las tallas definidas. De no cumplir, las sanciones previstas pueden alcanzar las 6 Bases de Prestación Contributiva (BPC), equivalentes hoy a $ 33.960. En caso de reincidencia, se prevé la clausura del local por hasta cinco días. La obligación comprende a vendedores instalados en ferias permanente u ocasionales.

La normativa no atañe a las casas de venta de ropa usada, a las ventas de saldo o a las liquidaciones por fin de temporada o cierre del comercio.