PROPUESTA

Como alternativa a la desmonopolización de Ancap (prevista en la ley de urgente consideración) se planteó por parte del coordinador de la bancada del Partido Colorado y senador Adrián Peña que la fijación del precio de los combustibles se base en los de paridad de importación. La redacción se negocia con el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, y es vista con buenos ojos por el ministro de industria Omar Paganini, dijeron a El País fuentes políticas.

Según el texto que se negocia, el precio de paridad de importación que ya calcula (desde hace varios años) la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) será el insumo para que el Ministerio de Economía definirá el valor del combustible a nivel local. El precio de venta al público podrá ser igual al de importación o no, pero si está por encima se debería mejorar la eficiencia de Ancap para tratar de alcanzarlo. Así se transparenta el sistema de fijación de precio dijeron a El País fuentes políticas.

La Ursea actualmente hace el cálculo mes a mes del precio teórico que tendría el combustible puesto en surtidor si se pudiera importar y lo compara con el fijado por el Poder Ejecutivo. La diferencia es que con el proyecto se pasará a utilizar como la referencia para fijar el precio a nivel local.

En un plazo de 180 días, una vez aprobada la ley, el Ejecutivo debe presentar un informe a la Asamblea General sobre los tributos y subsidios en precios de venta al público y la cadena de comercialización del combustible. Además, se habilita la conformación de una comisión de expertos para analizar la desmonopolización planteada por el Partido Nacional.

En lo que refiere a la minoridad, se busca “moderar” el articulado para que no se aplique la duplicación de penas máximas de cinco a 10 años para todos los delitos. Fuentes de la coalición multicolor indicaron que solo se mantendría esta sanción en caso del homicidio agravado. En tanto, se negocian cambios en el resto de los artículos para permitir la aplicación del proceso abreviado a menores, indicaron las fuentes.

En la comisión especial del Senado que analiza el tema, la presidenta del Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rosanna de Olivera, aseguró en el Parlamento que preocupa la duplicación de penas porque aquellos adolescentes que ingresan con 17 años permanecerían en el instituto hasta los 27 años.

“Esa edad excede desde todo punto de vista la propuesta actual del Inisa en cuanto a su funcionamiento y a sus instalaciones”, aseguró la jerarca de Cabildo Abierto.

Consultado por El País, el senador nacionalista Jorge Gandini, indicó que propuso que el tema menores sea retirado del capítulo seguridad y pase a tratarse dentro del Mides, “porque es lo que corresponde”.