Este lunes, legisladores y dirigentes del Frente Amplio (FA) comenzarán a definir los mecanismos que, por vía parlamentaria, permitan llevar a cabo las prioridades pautadas por el gobierno electo para su aplicación inmediata. En el debate ingresarán además una serie de iniciativas que la izquierda pretendió llevar a cabo en este período y que, por distintas razones, quedaron por el camino. Una de ellas es la necesidad de volver a discutir una ley que limite el uso de suelos para la producción forestal. Se trata de una iniciativa que había llegado a ser ratificada, pero que terminó siendo vetada por el presidente Luis Lacalle Pou.

La idea estuvo sobre la mesa, según supo El País, en las distintas reuniones que se llevaron a cabo entre actores vinculados al tema, tanto en la sede de transición del gobierno electo como en otros ámbitos compartidos por dirigentes frenteamplistas.

Uno de sus más firmes promotores es el designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti. En diálogo con el País, el futuro jerarca señaló que pretende hablar del tema con el presidente electo, Yamandú Orsi, pues su idea es avanzar en una nueva ley forestal en el corto plazo.

“Soy parte del gobierno, pero desde mi punto de vista personal, creo que no se puede plantear fuera de ciertas áreas”, dijo Fratti. “Ese es el punto uno” para empezar a conversar, agregó, para luego señalar que el resto de los aspectos de la ley que fue vetada por el actual gobierno “pueden ser discutibles”.

La ley en cuestión fue promovida por Cabildo Abierto, a contramano de la opinión de sus socios de la coalición de gobierno. Fue aprobada a fines de 2021 gracias a los votos del Frente Amplio, que unió fuerzas con los liderados por Guido Manini Ríos.

La iniciativa buscaba limitar los suelos que pueden destinarse a la actividad forestal, al argumentar que se estaban utilizando con ese fin tierras que, por su calidad, podían dedicarse a la ganadería o a la agricultura. Directamente, se hablaba de prohibir las plantaciones en tierras no declaradas como de prioridad forestal. Además, se señalaba que la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podría superar el diez por ciento de la superficie total bajo explotación agropecuaria.

La ley terminó por ser vetada, en los últimos días de ese año, por el presidente. Lo hizo, según se argumentó en la fundamentación del veto, “por razones de juridicidad, oportunidad, mérito y conveniencia”.

El gobierno dijo entender que la aplicación de la ley aparejaría una “afectación a la cadena productiva forestal, con impacto en la economía nacional”, y constituiría una normativa que “contrasta contra normas y principios constitucionales, además de otros preceptos recogidos en la ley Forestal” aprobada en 1987. También, señaló que el planteo cabildante “vulneraba los derechos de propiedad, libertad y trabajo”, además de que ponía en cuestión la “estabilidad jurídica” de contratos ya firmados.

En su reflexión, Fratti recordó que las áreas definidas hoy como de prioridad forestal fueron establecidas hace más de tres décadas a nivel legislativo. También dijo dudar de los que afirman que las tierras que usaron para forestación pueden ser destinadas luego para otros fines. “Se dice que después se recuperan, pero yo hasta ahora no he visto ningún caso”, afirmó el futuro ministro.

Foto: Francisco Flores

Fratti se adelantó a las posibles repercusiones que pueda llegar a tener su postura. “Es complejo plantear esto”, reconoció. “Cada vez que se lo hace, parece que fuera en contra de la forestación”, dijo. Reconoció que se trata de una actividad que, “a todas luces”, dio resultados económicos para el país. “Pero una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa”, señaló.

El designado ministro ha venido describiendo en las últimas semanas su visión sobre este tema. En una entrevista que le concedió al semanario Brecha, afirmó que el alcance de la forestación “es una discusión que hay que volver a dar”, ya que “por ahora” no se han encontrado “razones para decir que está bien que se planten árboles en cualquier lado”. Al respecto, señaló que existen empresas forestales que utilizan suelos fuera de esa categoría.

El año pasado, por primera vez en la historia, la celulosa pasó a ser el principal producto de exportación de Uruguay, superando a la carne y a la soja.

Entrevistado por El País a inicios de enero, Diego Wollheim, gerente general de Montes del Plata, recordó que hoy solo el 7% de la superficie del país está forestada. “No logramos entender qué está pasando, cuando escuchamos hablar en contra de la forestación”, dijo. “Desarrollar el sector forestal es desarrollar al Uruguay. Y no es un tema solamente de cantidad de producción y de exportación, sino de nuevas tecnologías, de capacitación, de descentralización, de pagos de impuestos superior al de muchos otros sectores”, enumeró.

Y afirmó que hoy el uso de los suelos está “totalmente limitado”, el sector ya está muy regulado y las normas sobre cuáles son las tierras que se pueden forestar -o no- han ido aumentando en los últimos años. Wollheim, no obstante, aceptó que “las cosas no son para siempre” y que, por lo tanto, “hay que revisarlas constantemente” -en referencia a la normativa legal vigente-, “pero esto debe hacerse para buscar el mejor bienestar y desarrollo de nuestro país”.

En las Bases Programáticas que difundió durante la pasada campaña electoral para este nuevo período, el Frente Amplio (FA) habla de “limitar” la forestación a suelos de prioridad forestal. A la vez, indica su voluntad de impulsar la diversificación de la industria maderera y de sus productos derivados.

De acuerdo a lo allí indicado, el gobierno de Yamandú Orsi debería ir por “consolidar acciones que permitan proteger los recursos naturales”, así como “profundizar la promoción de la agroecología como aplicación de conceptos y principios ecológicos en su diseño, desarrollo y gestión más sostenible”.

Para ello, la izquierda entiende necesario “mejorar los controles de cumplimiento de la legislación vigente que regula el uso del suelo”. A su vez, entre las 48 “prioridades para gobernar” que Orsi presentó a mediados de setiembre en Colonia, se incluye la promoción del riego en la producción agropecuaria. Allí se habla de un “Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego”.

Se trata de una actividad, se asegura, que “contribuye de forma significativa a aumentar la productividad agropecuaria, incrementando la producción de granos y pasturas”, todo lo cual “promueve el aumento de las exportaciones y el abaratamiento de los insumos en algunas cadenas de producción”, principalmente en el sector avícola, según detalla el documento.

Esta práctica, se agrega, “redunda en un impulso al crecimiento de la economía, agregando valor y tecnología a nuestra producción”. Según se detalla, el plan incluirá la “orientación de beneficios tributarios” hacia el riego, beneficiando el multipredial. También la promoción de instrumentos de financiamiento para inversiones en riego, a través de mayores plazos, amortización variable y un sistema de garantía.

Se expone, demás, sobre el diseño de instrumentos de mitigación de riesgo de precios, una definición precisa y ágil de la evaluación de proyectos y autorizaciones.

Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.