Por Maite Beer
El crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, sacudió Argentina y tuvo su eco en Uruguay. Su madre y la pareja de ella, Magdalena Espósito (25) y Abigail Páez (27), lo sometieron a varios castigos durante un año: quemaduras, golpes y mordeduras. El niño finalmente falleció por una patada que generó una hemorragia en su hígado.

“En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, dijo el médico forense Juan Carlos Toulouse, profesional que hizo la operación de autopsia sobre el cuerpo de la víctima.

Más allá de las terribles condiciones con que trataron al niño, hubo dos aspectos que desconcertaron a la opinión pública. Por un lado, los padres del pequeño estaban separados y su padre, Cristian Dupuy, solicitó su tenencia al asegurar que su hijo padecía violencia física y psicológica, pero la Justicia desoyó su pedido y determinó que siga viviendo con la madre. Además, según informó Infobae, ningún técnico hizo una visita a la casa de las dos mujeres con quienes vivía el niño ni realizó estudios socioambientales.

Por otro lado, tras la muerte del niño se determinó que la víctima había sido asistida por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa al menos cinco veces en un lapso de tres meses. Pero no había denuncias de ningún profesional y tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

El 3 de febrero la Justicia halló culpables a la madre y su pareja por homicidio agravado y a Páez también la condenará por abuso sexual agravado. La Fiscalía y la querella solicitaron condenas de prisión perpetua para las asesinas. La próxima audiencia será el 13 de febrero y en esa instancia se escucharán las apelaciones de los fiscales, la querella particular y los defensores de las acusadas.

La aberración de este caso generó que la familia del niño, por parte del padre, se movilizara para crear el proyecto “Ley Lucio”, una normativa para prevenir y detectar de manera precoz el maltrato, negligencia y abuso sexual hacia niños.

El proyecto tiene tres puntos claves. Por un lado, plantea que todos los funcionarios públicos que trabajen en contacto con niños, sobre todo en el área de la salud, la educación y el sistema de Justicia, tengan capacitación permanente sobre derechos de la infancia y violencia contra niñas, niños y adolescentes. De esta forma, se busca que sepan detectar señales de violencia y rápidamente intervengan, por ejemplo, con una denuncia anónima, según detalló La Nación.

La segunda cuestión es que los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público podrán denunciar de forma anónima las vulneraciones a los derechos de los niños, según informó Clarín. Esto surge a raíz de los casos en que una maestra denuncia por sospecha de abuso sexual y es agredida por los padres del niño, tal como sucedió en la escuela del niño.

Este mismo medio también explicó que la tercera herramienta que prevé este proyecto consiste en que sea obligatorio realizar campañas semestra- les sobre violencia y vulneración de derechos de niños y adolescentes. Esto, según explicaron legisladores argentinos, apunta a cambiar la cultura del “no te metas”.

Si bien algunos de estos aspectos que prevé la Ley Lucio ya están vigentes en la legislación local, otras no lo están, por lo tanto: ¿qué tan preparado está Uruguay para prevenir los casos de maltrato o abuso sexual infantil y adolescente? Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), dijo a El País que no advierte “una carencia” de normas para evitar estas vulneraciones, aunque remarcó que la regulación “siempre es perfectible”.

Afirmó, asimismo, que el proyecto de ley de tenencia compartida ayudará en este sentido, algo contrario a lo que advierten legisladores de Frente Amplio y organizaciones sociales.

La Intersocial Feminista, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay y la Red Pro Cuidados, al igual que otras organizaciones sociales, emitieron un comunicado en contra del proyecto por desestimar el interés superior del niño y exponerlo a posibles casos de violencia.

Si hay una denuncia por violencia o abuso sexual de uno de los padres hacia su hijo o hija, el juez tiene que discernir la situación, de acuerdo a las evidencias que haya, el nivel de veracidad y de riesgo inminente para el menor que esa denuncia pueda representar. En función de eso puede desestimar la denuncia o puede adoptar una medida cautelar como las visitas vigiladas -en algunos casos con técnicos del INAU- y hasta prohibir que el adulto tenga contacto con el niño.

Abdala apuntó que con el nuevo Código de Proceso Penal de 2017 los niños que son víctimas de delito adquirieron un papel central en este proceso criminal y se los escucha más que antes. Los menores puede entregar pruebas y alegar, y el Estado tiene la obligación de protegerlo. Para esto también fue que se creó la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Sin embargo, lo que todavía no existe en Uruguay es una capacitación extendida a los funcionarios que trabajan con niños. El director del departamento de Pediatría del hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo a El País que si bien el tema de la violencia y el abuso sexual se trata en forma constante, y hay un equipo dedicado a la detección precoz, no existe una capacitación extendida al personal. “No hay un curso, pero cuando se hace pediatría se aprende eso”, explicó.

En el caso de la educación pública, las maestras tampoco reciben capacitación específica, aunque el Programa de Escuelas Disfrutables se encarga de lidiar con estos temas. Y existen diversos casos donde maestras denunciaron sospechas de abuso sexual, negligencia o maltrato infantil.

Tampoco existen campañas periódicas de concientización sobre la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La última campaña, aun así, la realizó Unicef junto con Presidencia el año anterior.