DEBATE PARLAMENTARIO

La aprobación de la ley de urgente consideración en la comisión de Diputados fue celebrada como un logro de la coalición, que reivindicó ayer que “no es una aventura política electoral”.

El primer examen ya se había pasado en la Cámara de Senadores y ayer les tocó el turno a los diputados, que convocaron a una conferencia conjunta de los legisladores de los cinco partidos que componen la coalición (blancos, colorados, cabildantes, Partido de la Gente y Partido Independiente) en señal de unidad.

Sin embargo, la foto no escapó a la polémica. Margarita Libschitz, diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), la cuestionó. “Entre evangelistas, católicos y (neo) liberales 12 varones de la bancada de gobierno celebran el comienzo de la votación de la LUC”, aseguró en su cuenta de Twitter.

El encargado de hablar en nombre del oficialismo en la conferencia de prensa fue el presidente de la comisión, el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez, quien destacó la capacidad de “negociar y conseguir acuerdos” dentro de la coalición y cuestionó al Frente Amplio.

Aseguró que el acuerdo alcanzado genera “tranquilidad a la población y demuestra que esto no fue una aventura política electoral (...) Podemos celebrar que la democracia ha vuelto al Parlamento, porque la democracia no es solo el proceso por el cual los diputados vienen y se sientan en una banca, la otra parte es el debate, pensar, escuchar, negociar y cambiar”, añadió.

Umpiérrez se quejó de que en 15 años de gobiernos del Frente Amplio hubo “una mayoría congelada de 50 votos” donde el Parlamento se transformó en un “homologador serial de proyectos” provenientes del Poder Ejecutivo.

Se acordaron 32 modificaciones al proyecto de la LUC entre los socios de la coalición y ayer se aprobó en general por 13 votos en 21, porque además fue apoyado por el único diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) César Vega.

Se desglosaron alrededor de 80 artículos, que incluyen propuestas de aditivos, modificaciones o sustitutivos tanto por parte de la coalición, como por parte del Frente Amplio. La oposición presentó en concreto un aditivo y 27 sustitutivos, por lo que no se descarta la negociación de nuevos cambios, declaró ayer el coordinador de la bancada nacionalista Juan Martín Rodríguez. Los cambios equivalen al 10% del articulado del proyecto.

El Frente Amplio, en consenso con los partidos de la coalición, decidió dar el debate político de fondo la semana próxima en el Plenario y no en comisión. El Plenario se reunirá a partir del miércoles 1° de julio para considerar la iniciativa de Luis Lacalle Pou.

Dentro de la coalición, el capítulo de bancarización genera diferencias por lo que no contó con el respaldo del diputado del Partido Independiente Iván Posada, que ya había adelantado en el Senado su posición al respecto. “Estos cambios debilitan la posición de Uruguay en todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. El hecho de habilitar las transacciones en efectivo entra en contradicción con la ley de lavado de activos. Para nosotros es un retroceso muy importante”, indicó.

El diputado nacionalista Álvaro Viviano dijo a El País que entre algunas de las modificaciones aprobadas ayer se reafirmó la gratuidad de algunas prestaciones sociales, por ejemplo en el cobro de las asignaciones familiares. Para hoy quedan por votar una veintena de artículos en comisión, los cuales hasta ayer no tenían consenso, entre ellos se encuentra la normativa referida a las áreas protegidas y los cambios en materia de inteligencia del Estado. Como el proyecto sufrió modificaciones, deberá volver al Senado para su aprobación, que tiene un plazo máximo de 15 días para estudiarlo.