Para el vicepresidente de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, el pensamiento artiguista no estaba representado en el espectro político hasta que llegó su partido. En diálogo con El País, afirmó que la Coalición Republicana llegó para quedarse, pero deberá cambiar su funcionamiento. El ministro aseguró que el número de asentamientos se ubica en 700 y evitó hacer cualquier mención sobre la asignación de viviendas hecha por Irene Moreira a la espera del informe final.

-¿Cuántas viviendas se otorgaron durante este período de gobierno y cuánto representa de lo que se prometió?

-No prometí nada. En realidad, el gobierno no hizo promesas de números. Venimos cumpliendo con el plan quinquenal en los distintos programas. El ministerio lleva adelante muy diversos programas. El Plan Avanzar, por ejemplo, está dirigido hacia las personas más vulnerables, que viven en un contexto socioeconómico crítico como lo son los asentamientos irregulares. En gobiernos anteriores, se le dio un presupuesto de US$ 240 millones en los planes quinquenales. Algo que también sucedió en esta administración, pero que, además, se sumaron otros US$ 240 millones a través de un fideicomiso. Es inédito: se trabaja en los 19 departamentos en forma simultánea, es decir, con las 19 Intendencias.

-¿Cuántos asentamientos hay en Uruguay?

-No tenemos precisión sobre el número. Lo que puedo decir es que los asentamientos no son un problema nuevo en el país, sino que vienen de muchos años atrás. Durante los gobiernos del Frente Amplio, los asentamientos no dejaron de crecer. Esa es la realidad. No digo que el Frente Amplio no trabajara. Luego viene la pandemia, que fue un problema nacional e internacional. Ahí es lógico, entonces, pensar que hubo un pequeño crecimiento pese a que se siguió trabajando en la problemática. Luego logramos estabilizarlo, y ahora estamos en franco declive. O sea, el número de asentamientos hoy por hoy es menor.

-Menciona una reducción en los asentamientos, ¿cuántos se eliminaron?

-No tenemos la cifra concreta, pero hay alrededor de 700. Son un poco menos. Heredamos casi 700 y estuvimos en los 700. Durante la pandemia, de todas maneras, se siguió trabajando. O sea, crecieron algunos, pero otros se fueron integrando, solucionando.

-¿En los demás programas hubo avances? ¿Cuál destacaría?

-Entre Todos - Sueños en Obra. Este ministerio tiene que hablar de la que era la gran olvidada: la clase trabajadora, la clase media. O sea, aquellos que tienen acceso a alquilar una vivienda pero no tienen poder de ahorro para poder comprar una. Hay unas 4.000 viviendas a estudio en el ministerio, y unas 800 en ejecución. Está dirigido hacia todo el país y lo más importante para el beneficiario final es que se le pone un tope máximo al precio de la vivienda. También pueden acceder hasta un subsidio de un 30% y no se necesita una entrega inicial para poder acceder a la vivienda. Además, firmamos hace cinco meses un convenio con la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Casilda Etcheverria, para que se otorgue un crédito de hasta un 95% del préstamo.

-A nivel de gobierno, Cabildo Abierto tuvo varios encontronazos con sus socios durante la gestión. ¿Debe haber una reconfiguración de la coalición de cara a las próximas elecciones?

-Sí. Esta coalición es muy joven, va funcionando con base en lo que va aprendiendo, con aciertos y errores. Pienso que va a haber un relacionamiento distinto. No obstante, llegó para quedarse. Soy defensor de la Coalición Republicana, donde cada uno de los partidos tiene que mantener su propio perfil. En Cabildo Abierto, mantener nuestros ideales republicanos basados en el ideario del pensamiento artiguista. Estamos convencidos de que no estaba siendo representado en el espectro político.

-Cuando dice que habrá un “relacionamiento distinto” en la coalición, ¿a qué se refiere?

-Muchas veces se dijo que se debía reunir a los distintos líderes para las decisiones de carácter político. Y creo que sí. No quiere decir, de ninguna manera, que debe ser un liderazgo compartido. Pero sí escucharse las opiniones de los partidos.

-¿En qué casos no se los escuchó?

-Es evidente que muchas veces uno no está muy de acuerdo con ideas en el Parlamento. Sin embargo, se apoyan en bien de lo que pensamos que debe ser una coalición. Creo que esa actitud de generosidad republicana la deberían tener todos los partidos.

-¿En qué situaciones no sintieron esa “generosidad” republicana?

-En varios de nuestros proyectos no lo sentimos. Algunos, importantes, que después, a la larga, se fueron dando o luego vinieron del propio Poder Ejecutivo con alguna variación y sí se apoyaron. Pero cuando los presentó Cabildo Abierto, algunos prácticamente ni siquiera se estudiaron. Y otros, que el partido entiende que son importantes para el país para resolver problemas reales de la gente, en su momento no fueron atendidos con la celeridad que requerían esos temas. También es cierto que nosotros somos un 11%, y hay partidos más grandes en los cuales para poder incidir de mejor manera tenés que tener mayor base electoral.

-¿Por qué cree que algunos no se contemplaron con la urgencia que tenía Cabildo Abierto? ¿No importaban?

-Cabildo Abierto un poco salió del ambiente general que había dentro del espectro político, en el cual se atendían determinadas cosas y otras no existían o no las veían o no les parecía que fueran problemas. Un proyecto que presentamos -estaba en el Senado cuando sucedió- es el del prevaricato, para aquellos magistrados que en forma consciente penalizan a un inocente o liberan a un culpable. Para nosotros sigue siendo una realidad, fundamentalmente, con la Fiscalía.

-¿En qué sentido?

-Muchos no querían ver y algunos todavía no quieren ver que tenemos una Fiscalía General de la Nación muy ideologizada, donde lo político está por encima de lo jurídico. Inclusive hay un libro de una exfiscal (Gabriela Fossati), donde se demuestran hechos. El famoso caso de Saúl Feldman, por ejemplo, cuyo juez era el doctor Jorge Díaz y el fiscal (Ricardo) Perciballe. Sin embargo, en un caso tan importante como ese -el arsenal más importante incautado en toda la historia del país-, resulta que hasta el día de hoy nadie sabe quién era, a qué organización pertenecía, por qué tenía más de mil armas, explosivos, granadas, chalecos antibalas, máscaras antigas, manuales de combate. Estamos hablando de 2009 y realmente fue cajoneado. Entonces, vemos cómo se cajonean o se demoran distintas investigaciones cuando se quiere, cuando otras salen con mucha celeridad. Esas cosas los políticos las tienen que ver porque la gente las ve también. Por más de que no se las quieren mostrar y por más que quieran taparlas de alguna manera, la gente las ve.

-Dice que la gente a veces siente que algunas investigaciones van para largo. En algún punto, y diferenciando que no es una causa judicial, hace acordar a la investigación administrativa que está llevando el ministerio, a su pedido, por el otorgamiento de viviendas que hizo su antecesora Irene Moreira.

-Está próxima a terminar. Pero esas son (investigaciones) internas, son administrativas. Las otras estamos hablando de cuestiones como la regasificadora, de Antel Arena, de Ancap, de otro tipo de cosas. Es bien diferente, no tiene nada que ver con una investigación de carácter administrativo, donde lo que se busca es resolver si hubo o no errores administrativos. Me refería a temas mucho más importantes en los cuales hubo muchos millones de dólares mal gastados o despilfarrados, por llamarlo de alguna forma, que eran de todos los uruguayos y desaparecieron.

-La investigación, como decía, es para aclarar si hubo o no errores administrativos. ¿La normativa habilita a que un ministro pueda designar viviendas?

-Siempre dije que no podía hablar. Ya está por terminar la investigación y ahí van a tener ustedes la resolución final. Cumplo con lo que es el precepto, si se quiere, legal, de que la investigación administrativa tiene carácter de reservado. Sé que, de repente, otros colegas míos no lo han hecho, pero bueno.

-¿Quiénes?

-Otros ministros, de repente. No digo en este gobierno, capaz que en otro, que se sacaba a luz pública todo lo que era una cuestión de carácter administrativo y no se mantenía la reserva de casos.

-Pero más allá de la investigación, que es reservada, ¿usted tiene un cupo como ministro?

-Hay una resolución del año 2009 que especifica ahí alguna... Pero es parte de la investigación. Ya está por terminar, esperamos un poquito, y ahí con gusto después hablamos todo lo que quieran.

-¿Cuáles son los proyectos clave de Cabildo que quedaron pendientes?

-Uno es el proyecto de prisión domiciliaria. Hoy hay muchísima gente que es muy consciente de que hay inocentes presos. Después de 50 años, hay inocentes que están presos y se espera una respuesta del sistema político. El político no tiene que estar midiendo continuamente si va a perder tres votos y va a ganar dos. Tiene que hacer las cosas con honestidad intelectual. Entonces, algunos políticos hoy dicen: “El Ejército para el combate al narcotráfico”. No sé con qué cara dicen eso, cuando después, a los que son inocentes y los tienen presos, no son capaces de votarles una prisión domiciliaria. No sé con qué cara ahora llaman para que el Ejército salga a combatir el narcotráfico, pero son los mismos.

-Si se les da la prisión, no es porque sean inocentes. La Justicia determinó que cometieron delitos y son culpables.

-Estoy convencido de que son inocentes. No digo todos, pero algunos son inocentes. Y ni siquiera a esos inocentes se les concede una prisión domiciliaria por hechos que pasaron hace 50 años. Y después quieren al Ejército combatiendo en primera línea contra el narcotráfico, pero para votarle un aumento de $ 1.000 de sueldo al soldado hay unos problemas tremendos. Entonces, me parece que hay que ser coherente y esas cosas son las que nos diferencian a los cabildantes de los otros partidos.

-Desde el Partido Nacional, Jorge Gandini, y desde el Partido Colorado, Gustavo Zubía, hablan de que las Fuerzas Armadas deberían colaborar más con la Policía.

-Las Fuerzas Armadas, cada vez que se les da llamado, cumplen con la función que se les da. Y lo hacen bien o muy bien, entonces ahí está el problema. Los quieren poner para todo: para cortar los árboles, para juntar la basura, para solucionar todos los problemas que aparecen en el país. No digo que no lo tengan que hacer o que no lo deban hacer, lo que digo es que no debería ser así, debería haber organismos especializados. El que está para podar los árboles, que pode los árboles.

-¿Es un manotazo porque no se logra resolver el problema de la inseguridad?

-Llamemos al Ejército. Pero muchas veces, cuando se dice eso, uno se pregunta: ¿tenemos un marco legal como para que realmente actúe? Muchas veces se confunde la Policía, institución por demás respetable, con el Ejército, que también es otra institución respetable. Las dos usan uniforme pero las tareas son bien distintas. El Ejército tiene una instrucción de entrenamiento para la guerra. Hay que pensar en las cosas que pueden llegar a pasar si se le quiere aumentar las funciones. Porque lamentablemente los daños colaterales acontecen, y evidentemente pueden pasar tantas cosas con gente con armas de guerra dentro de una ciudad. Como que se escape un tiro y le pegue a la pobre señora que va por la esquina. ¿Y la culpa de quién es? La Justicia lo resolverá y va a ir preso el soldado seguramente, y le pegó a una pobre persona que iba caminando por ahí. Esas cosas las tiene que analizar el sistema político, no es decir: “Que vaya el Ejército”.