PREOCUPACIÓN

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini indicó a El País que la auditoría a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) “genera preocupaciones y alertas”. Por ese motivo, llamará a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y a la secretaria general del centro de comercialización, Adriana Zumarán.

El legislador contó que el objetivo es conocer la situación de la UAM y que las autoridades pongan al tanto a los senadores de la “auditoría (que se publicó la semana pasada) y de otros elementos”. Tiene la “percepción de que hay problemas presentes con repercusiones en el futuro inmediato”.

Y añadió: la auditoría “genera ciertas alertas. Entonces, queremos saber cómo las valora el Poder Ejecutivo, aunque no tiene la mayor responsabilidad, la cual es de la Intendencia de Montevideo”. Al mismo tiempo, explicó que los legisladores pueden llamar a la comuna capitalina de manera informal pero no ejerciendo contralor. Consultado sobre si planean hacerlo, respondió que “por ahora no”.

Por otra parte, el senador nacionalista Sergio Botana dijo a El País que ya había advertido sobre las problemáticas de la UAM cuando se votó en el Parlamento el cambio de gobernanza. Es más, realizó una minuta de comunicación al Banco República (BROU) donde pidió cambiar los costos financieros y las amortizaciones. Asimismo, la situación lo tiene “preocupado por la pérdida de competitividad de la fruta, el encarecimiento de la canasta, y especialmente por la pérdida de actividad y empleo en el sector”.

El legislador blanco recordó que no votó el traslado de la gobernanza de la UAM a Ganadería porque creía que la misma “tenía que ser privada, con límites puestos por lo público”, comentó, y agregó: “Iba a pasar este tema de sobrecostos que hoy tenemos, por los costos financieros y del nuevo lugar. Las instalaciones son mejores pero hay que resolver otras cosas”.

Un informe de la Auditoría Interna de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas concluyó que la institución “posee limitaciones para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones que se fundamentan, principalmente, en la falta de seguridad jurídica respecto de su operativa y la insuficiencia de la capacidad económica para asegurar en tiempo y forma el cumplimiento de sus obligaciones financieras”.

“Es oportuno que la Institución mitigue los riesgos señalados, teniendo a su favor que se encuentra en las primeras etapas de funcionamiento y por ende en la definición de sus procesos y procedimientos”, agrega.