Redacción El País
El desenlace de la crisis política que atraviesa Venezuela desde hace años —y que se agudizó a partir de su proceso electoral de este 2024— es por varias razones uno de los asuntos centrales de la política exterior del gobierno de Luis Lacalle Pou y de la Cancillería que dirige Omar Paganini. Y en estos últimos días la atención se intensificó a raíz de la desaparición de Fabián Buglione, un tema que el primera mandatario sigue muy de cerca y con especial "preocupación", según señalaron a El País fuentes de Presidencia.

Buglione, un uruguayo de 48 años que reside en Nueva York desde hace más de 20 años, había llegado al puente internacional Atanasio Girardot, que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con el pueblo venezolano de Tienditas, el sábado 19 de octubre. Quería entrar por allí al país que gobierna Nicolás Maduro para ir a visitar a una novia, que vive en Barinas. Su pareja comprendió rápidamente que Buglione estaba en problemas cuando vía WhatsApp le escribió el pasado 19 de octubre que lo habían detenido "en el puente". Hubo otro mensaje en el que le adelantaba a su novia que los uniformados le dirían cómo seguiría su situación, y a partir de allí más nada porque su celular se apagó, según reconstruyó El País con base en fuentes diplomáticas.

Ante la desesperación, su familia —tiene una esposa en Nueva York y dos hijos— y su propia novia se pusieron en contacto con la Cancillería, que desde entonces hace gestiones para por lo menos conocer el paradero del uruguayo, ya que sobre esto no se sabe "nada", señalaron las fuentes consultadas.

Han circulado algunas versiones, que en realidad son hipótesis que manejan en el gobierno, como que Buglione se encuentra detenido o en una dependencia de inteligencia del régimen chavista o directamente en una cárcel común. Pero su paradero, pese a los intentos de Uruguay de comunicarse con Venezuela, es desconocido.

Lo que sí temen en el gobierno de Lacalle Pou es que la detención de Buglione —que se suma a una quincena de extranjeros detenidos en Venezuela en las últimas semanas—, y que motivó la recomendación de la Cancillería de no viajar a este país caribeño, es que el régimen de Maduro crea que él es parte del "complot" sobre el que el chavismo está convencido que existe para derrotar al gobierno que se autoproclamó ganador en las elecciones del pasado 28 de julio —y que fueron cuestionadas por una mayoría de países occidentales.

Las comunicaciones que desde entonces intenta el gobierno de Lacalle Pou con Venezuela no han sido fructíferas. El primer intento de comunicación, de hecho, derivó en la expulsión de una funcionaria uruguaya que trabajaba como administrativa, que había quedado de que le embajada y la delegación oficial fuera retirada meses atrás ente la expulsión decretada por Maduro —molesto con que Uruguay, al que llamó "injerencista", se plegara al desconocimiento internacional de las elecciones del 28 de julio

Esto fue calificado días atrás por Paganini como "una noticia insólita", ya que el argumento para expulsar a esta funcionaria era que no le correspondía, por su cargo, enviar una nota —de parte del gobierno uruguayo— que precisamente pedía información sobre Buglione, algo que ya había solicitado el 22 de octubre, tres días después de la detención arbitraria.

Lo que sí respondió Caracas en uno de estos intercambios es que el régimen de Maduro procedería a "revisar el caso" de Buglione "conforme a lo establecido por la Convención de Viena y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela".

Pero en el gobierno son pesimistas de que Caracas responda con información al respecto, señalaron por su parte fuentes de la Cancillería.

Los canales de comunicación, además, son los formales, pues Lacalle Pou no tiene interlocutores con el régimen chavista —al que ha criticado desde antes de asumir el poder en marzo de 2020.