La comisión especial de la Cámara de Diputados destinada a “estudiar el financiamiento de la democracia” tenía previsto recibir ayer la opinión del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. El primer organismo declinó la oferta alegando el poco tiempo que tuvo para tomar una definición. El segundo, pidió una semana de plazo para contestar las más de veinte preguntas que recibió en la sesión. La situación hará dilatar, inevitablemente, la definición sobre la nueva ley de financiamiento de partidos políticos. Las interrogantes fueron planteadas por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, cuyo partido se ha mostrado especialmente crítico sobre el texto de acuerdo que, previamente, habían alcanzado los colorados, el Frente Amplio y el Partido Independiente, y que permitía una rápida sanción de la ley.

Una de las preguntas estuvo referida a la obligación de rendir cuentas y demás obligaciones para los precandidatos presidenciales. Rodríguez se preguntó desde cuándo debería regir esa obligación: si desde que es proclamado por su partido o si desde que anuncia su intención de postularse. Hoy, recordó, rige el criterio de que es precandidato desde que registra su primera hoja de votación. Otra incógnita -y crítica- pasa por los topes previstos para la financiación de las campañas. Rodríguez busca conocer la opinión de la corte en cuanto a que un candidato a edil pueda aportar a su propia campaña hasta 250 mil unidades indexadas (hoy unos $ 1,4 millones), mientras que cualquier persona física o jurídica puede donar, a esa misma campaña, hasta 300 mil unidades.

Rodríguez advirtió que, en paralelo, el Estado no podría, tres meses antes de la veda, realizar publicidad salvo campañas de bien público. En un año electoral, señaló, serían ocho de doce meses.

El proyecto establece el 1° de enero de 2024 como el inicio del período en el que los partidos pueden comenzar a recaudar fondos para sus campañas. Rodríguez se preguntó allí si la Corte Electoral, a la que el texto le asigna un papel rector, estaría en condiciones de comenzar a controlar su aplicación.

El núcleo de las observaciones del Partido Nacional pasa por el artículo 13 del proyecto. Allí se establece que, en los períodos electorales, el tiempo que los canales de televisión abierta y para abonados podrán destinar a pautas publicitarias se extenderá de 15 a 20 minutos por hora. También 10 de esos minutos deberán destinarlos gratuitamente para que los partidos realicen publicidad electoral. Será en el horario de 18 a 23 horas.

Al respecto, los nacionalistas hablan de una “confiscación”. Rodríguez advirtió además que los canales perderán por partida doble, ya que mucha publicidad tradicional se alejará al optar por no aparecer junto a spots partidarios.

El señalamiento de “confiscación” es rechazado por colorados e independientes, autores de la iniciativa. Al respecto, el diputado Conrado Rodríguez (PC) le dijo a El País que, junto a su colega Iván Posada (PI) están planteando que el proyecto incluya la posibilidad de facultar al Poder Ejecutivo a establecer una “suerte de compensación “ a los canales por la utilización de los minutos que deban dispensar gratuitamente a los partidos políticos. Se trataría, dijo, de un esquema de exoneraciones tributarias. Para eso se necesita el aval del gobierno, que tiene iniciativa privativa para legislar en ese aspecto.

El nacionalista Rodríguez también discrepó con la obligación, para los canales, de establecer un precio igual para todos los partidos en los avisos que cobren. El legislador sostuvo que se trata de un “negocio entre privados” y planteó que se puedan cobrar precios diferenciales, siempre que después esos precios sean de dominio público.

La imposibilidad de la Corte Electoral de enviar sus respuestas a tiempo hizo que la coalición de gobierno -con el apoyo reticente del Frente Amplio, que consideró un “despropósito” el largo interrogatorio planteado por los blancos- decidiera postergar la fecha prevista para votar el proyecto en comisión. Algo que se haría mañana.

Por lo pronto, la sesión de este jueves fue suspendida. Más allá de algunas reuniones entre diputados para ir avanzando en un acuerdo, la nueva “hoja de ruta” indica que la comisión volverá a sesionar el próximo martes. Allí se espera analizar las respuestas que envíe la Corte Electoral. De ser así, ese mismo día -al menos eso se declara- el texto podría ser aprobado, y se convocaría para el martes 28 a una sesión extraordinaria para que la Cámara de Diputados sancione el articulado y lo pase al Senado, para una nueva discusión.

Tanto en lo que refiere al otorgamiento y la distribución de la publicidad gratuita, como del precio que deberán pagar los partidos por las pautas que contraten, el texto solo hace referencia a servicios de televisión abierta, de televisión para abonados en señales propias o que sean difundidas por abonados con licencia para actuar en el país. El proyecto no menciona en ese segmento a las radios, un medio que también utiliza para su difusión ondas de propiedad pública que el Estado otorga en concesión.