Por Joaquín Silva
La Semana Santa no está siendo tranquila para el Partido Nacional, por más que algunos de sus dirigentes aprovechen para tomarse un descanso y prepararse para una suerte de pretemporada electoral que irremediablemente llegará a mediados de este 2023.
Tienen al menos dos preocupaciones, dos frentes abiertos y en simultáneo que no les dan respiro: la incertidumbre acerca de qué posición oficial adoptará Cabildo Abierto sobre la reforma jubilatoria -cuyo líder, Guido Manini Ríos, ha dicho hasta el momento que no está dispuesto a votarla si no se cede en sus reclamos- y, sobre todo, las acusaciones por ahora públicas que ha recibido el senador Gustavo Penadés por presunto abuso y explotación sexual de menores.
Esto último es lo que más tensiones está generando en la interna nacionalista, no solo por el tenor de esas denuncias mediáticas -que han reproducido testimonios anónimos que dan cuenta de adolescentes que habrían tenido un trato sexual con el legislador- sino incluso por las decisiones que está tomando Penadés referidas a su próximo futuro político.
Una determinación que tomó de entrada el referente del Herrerismo, en la propia declaración de prensa que hizo desde el Palacio Legislativo el miércoles pasado, fue dejar en claro que el problema que comenzaba a afrontar no tenía vinculación con su “partido ni el gobierno”.
Pero en filas nacionalistas tienen más que claro que lo que está ocurriendo -y que comenzó con las declaraciones de Romina Celeste Papasso, la primera denunciante- “afecta la imagen del partido”. De manera que esperan con ansias una resolución rápida del caso pero también una pronta dilucidación de los pasos que dará Penadés en el Senado.
Fue y es muy debatido por estas horas si el legislador debería solicitar una licencia en el Senado, en particular luego de que El País informara este lunes que eso es algo que en su entorno dan por hecho que ocurrirá en la próxima sesión de la cámara alta, aunque horas después allegados al denunciado manifestaron que no hay una fecha decidida de antemano para tramitarla, pese a que “seguramente” termine ocurriendo en el “corto plazo”.
No hay una unanimidad en el partido sobre los pasos que Penadés tendría que dar en este sentido. Porque hay dirigentes como el senador Sergio Botana que entienden que Penadés “no debería pedirse licencia si es que existe la tranquilidad de que no hay nada” detrás de las denuncias. “En ese caso, ¿por qué la pediría?”, se preguntó el exintendente en diálogo con El País. Pero otros directamente afirman que el herrerista “tiene que salir de la escena pidiendo licencia”.
Y en las últimas horas, un nuevo paso que dio Penadés -que analiza hora tras hora la estrategia de defensa con su abogado- volvió a generar conversación entre los blancos, ya que a varios los dejó en una posición al menos incómoda.
Lo que hizo Penadés ayer en la tarde fue enviarle una breve carta a la vicepresidenta Beatriz Argimón, en la que pidió que “si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes (...) se proceda a dar trámite a dicho pedido en forma inmediata”.
Fueron cinco líneas interpretadas como innecesarias por compañeros de bancada, algunos de los cuales vieron en ellas un mero “saludo a la bandera”, pues los fueros, formalmente, pertenecen a la cámara y no al legislador, y es además una decisión que debe tomar el cuerpo por dos tercios de los votos y no la presidenta del Senado. E incluso hubo senadores blancos que sintieron que, de esta forma, quedaron en una posición incómoda al sembrarse la duda de que algunos podrían optar por mantener los fueros del denunciado, cuando de llegar una solicitud de imputación por parte de Fiscalía “todos van votar” que Penadés afronte la acusación como un ciudadano de a pie.
Los tres casos recientes sobre desafueros
No es habitual que las cámaras del Parlamento tengan que resolver si hay fundamento para votar el desafuero de algunos de sus miembros, pero es algo que ha ocurrido en los últimos años por diversos motivos.
El antecedente más reciente es de este período: a fines de setiembre de 2020, la Cámara de Senadores debió decidir si permitía que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, podía ser imputado por la Justicia por presunta omisión de denunciar la confesión que había hecho José Nino Gavazzo en un Tribunal de Honor -en el que declaró haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973.
En este caso, y tras idas y vueltas -Manini había dicho en campaña que no se acogería a la protección constitucional-, los senadores entendieron que no había méritos para votar el desafuero.
En el anterior período de gobierno hubo otros dos casos. En abril de 2019 el Senado votó el desafuero de Daniel Bianchi -que entonces pertenecía al Partido de la Gente-, quien tuvo que asumir su responsabilidad penal luego de haber chocado varios autos en Punta del Este, accidente que protagonizó estando alcoholizado.
Lo mismo había ocurrido en noviembre de 2017 con el diputado blanco Wilson Ezquerra, quien había atropellado, también alcoholizado, a una mujer. En ambos casos, los legisladores fueron penados con la realización de tareas comunitarias.