SEGURIDAD PÚBLICA

El Ministerio del Interior hizo 2.827 operativos para evitar contagios de COVID-19 entre el 21 de diciembre y el 31 de enero, según cifras oficiales de la cartera. Se trata de un promedio de 69 intervenciones diarias. Aunque la mayoría se sucedieron a lo largo de enero (1.923), en apenas 10 días de diciembre, presumiblemente debido a las fiestas de Navidad y Fin de Año, se acumularon 903 actuaciones.

La pandemia ha mantenido a las fuerzas que se encargan de la seguridad pública más ocupadas que de costumbre durante este verano. Los jefes de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha coinciden en que hubo oportunidades en que se necesitó hacer una priorización de tareas, y que la regla siempre fue que la seguridad estaba por encima de la emergencia sanitaria. Se suspendieron licencias y se entrenó a agentes para que se valieran de un arma importante para eliminar las aglomeraciones: la paciencia.

Luego de que el gobierno reglamentara el artículo 38 de la Constitución, antes de las fiestas de fin de año, la tarea de la Policía se incrementó de manera exponencial. Aunque las autoridades prefirieron no divulgar cuántas intervenciones hizo cada departamento para dispersar aglomeraciones -“no queremos que las policías departamentales compitan entre ellas”, dijeron-, sí advirtieron que en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha fue donde se realizaron la gran mayoría de los operativos.

El jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, señaló a El País que deben actuar muchas veces a partir de denuncias que realizan vecinos, pero que más allá de los llamados al 911 hay puntos de la ciudad en los que ya saben que, prácticamente a diario, se suceden aglomeraciones. Es el caso del Parque Rodó, de Villa Biarritz, de la rambla, del Intercambiador Belloni y de “algunas chacras que suelen hacer reuniones al aire libre, donde las más grandes llegan a ser de 300 o 400 personas”. D’Elía, de todas formas, explicó que “las principales intervenciones han sido en locales comerciales y casas de familia”.

Una vez que los agentes llegan a un lugar, se les pasa a leer a las personas una exhortación a retirarse debido a la emergencia sanitaria (que en el caso de los patrulleros la llevan grabada y la pasan a través de parlantes). En caso de que no se acate la medida, la exhortación vuelve a leerse. Si no se van, se comunica a Fiscalía y se pasa a dispersar a las personas. ¿Cómo se hace? “Con paciencia”, sostuvo D’Elía. “Nos acercamos a hablar, y en la mayoría de los casos entienden”.

Si no entiende se avisa a Fiscalía y se los dispersa. Esta es una situación más bien atípica. En el caso de que se complique un poco más, se pasa a detener a quienes no quieran irse por desacato. El Ministerio del Interior dice no tener procesados los datos de pasajes a Fiscalía, y desde Fiscalía señalan que no pueden dar este número porque hay desacatos que no tienen nada que ver con operativos por la emergencia sanitaria.

Cada actuación policial se filma y también se sacan fotos. Los policías trabajan en diálogo con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed). Notifican a la intendencia, en caso de que amerite una multa a algún local comercial, y también al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Víctor Trezza, el jefe de Policía de Canelones, dijo a El País que en su departamento los desacatos también han sido mínimos, incluso llega a recordar cada caso. La Policía allí tiene dos desafíos: la zona balnearia y lo que Trezza define como “turismo de río”, el que se sucede en Aguas Corrientes y San Ramón, por ejemplo.

“Desde Navidad hasta la fecha no hemos parado. La mayoría de las veces la gente acata, pero hay excepciones. El 25 de diciembre, en Santa Lucía, nos tiraron piedras. El 26, en Atlántida, también, y después sucedió que incendiaron un vehículo; se formalizó a un adolescente por agredir a un policía y a un mayor de edad por quemar el auto. También hubo aglomeraciones en Empalme Olmos y en el Sauce. A fin de año hubo una muy grande en Salinas, donde también nos tiraron piedras y se detuvo a cinco personas allí y a otra más que vino a agredirnos a la comisaría”, enumeró Trezza.

Julio Pioli, el jefe de Policía de Maldonado, en tanto, dijo a El País que la gran mayoría de las intervenciones se hicieron en Piriápolis y Punta del Este. Para atender la demanda tuvieron ayuda de la Policía Republicana, la Caminera y Bomberos.

“La reacción de la gente, más allá de hechos muy puntuales, siempre fue buena”, dijo el jerarca, quien añadió que fueron 247 los operativos por aglomeraciones en su departamento solo en enero, y que “apenas en el 1% de los casos” se tuvo que pedir la intervención de Fiscalía.

En cuanto a Rocha, el jefe de Policía, Jorge García Montejo, dijo a El País que “los cuatro centros de importancia” en cuanto a operativos fueron: La Pedrera, Punta del Diablo, Barra de Valizas y Chuy. En los primeros dos se registraron las más grandes aglomeraciones.

“En Punta del Diablo hubo reuniones de hasta mil personas. A la una, cuando cerraba todo, se empezaban a juntar en las playas. Pero se exhortaba, se exhortaba y se exhortaba hasta que se iban. A las dos de la mañana ya no quedaba nadie”, contó García Montejo. Y agregó: “Lo más difícil fue un joven que no se quería ir, estaba tomado y se subió a la camioneta de la Policía. Lo detuvimos, avisamos a Fiscalía, y cuando ya estaba bien lo dejamos ir. Lo solucionamos”.