LEY DE CADUCIDAD

La diputada del Frente Amplio Veronica Mato salió al cruce del senador Guido Manini Ríos, quien propone "reinstalar la Ley de Caducidad".

Mato señaló este martes en su cuenta de Twitter, aludiendo al líder de Cabildo Abierto: "Salir a la prensa a querer instalar una agenda que defiende a militantes acusados de violaciones, torturas, asesinatos y un sin número de atrocidades, habla a las claras de cuáles son los compromisos y prioridades políticas de cierto Senador de la República".

La legisladora es hija de Miguel Mato, detenido-desaparecido durante la dictadura (1973-1985). El padre de la ahora diputada era militante del Partido Comunista y fue detenido en 1982 en la calle. Salió para su trabajo en Funsa, pero nunca llegó a esa fábrica. 

Manini Ríos señaló en entrevista con El País este martes que pretende reinstalar la ley de Caducidad, que prohíbe juzgar a militares por crímenes cometidos en la última dictadura, "por el atropello a los principios del derecho cuando se trata de juzgar a uniformados". El excomandante en jefe del Ejército dijo: "Nosotros no defendemos ni torturadores ni asesinos; lo que defendemos es el Estado de Derecho".

Consultado sobre si llevaría la propuesta de Manini Ríos, el presidente Luis Lacalle Pou señaló ayer que el líder de Cabildo Abierto le planteó el tema, pero consideró que "Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas", dijo. Lacalle Pou afirmó que "no hay posición del gobierno al respecto. Entendemos que hay posición de un partido y es todo lo que tenemos que decir".

Respecto a esta respuesta del presidente, Manini Ríos señaló en diálogo con El País: "Cuando planteamos algo no estamos mirando si nos va a apoyar el presidente o los otros partidos. Decimos: para nosotros hay que hacer esto".

En ese sentido, Manini Ríos adelantó que "probablemente" los senadores de Cabildo Abierto presentarán un proyecto de ley al respecto en "los próximos días".

Agregó que esta iniciativa "establece la obligación de seguir investigando sobre desaparecidos; que la Constitución de la República está por encima de cualquier tratado internacional; reconoce el derecho de los que hoy están siendo resarcidos económicamente por haber sido víctimas del Estado, pero también deroga la ley 18.831 (la ley interpretativa de la ley de Caducidad)".