LEY DE PRESUPUESTO

De 64.000 trabajadores de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 11.000 -8.000 de ellos docentes- tuvieron más de 90 días certificados en el período que va de junio de 2018 a junio de 2020. Este es solo un ejemplo de lo que la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) viene descubriendo -y alertando- y en lo que se ha basado para pedir dos artículos en la ley de Presupuesto quinquenal, que se está discutiendo ahora en el Senado, y que lo que buscan es bajar la cantidad de licencias por enfermedad.

El artículo 27 establece que los funcionarios públicos “no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días desde el comienzo de cada licencia por enfermedad o accidente” -lo que ya pasa en varios rubros del sector privado. A partir del cuarto día recibirá el 75%. Sin perjuicio de esto, los trabajadores tendrán derecho a dos días anuales de subsidio por un 100%, los cuales son “acumulables hasta un máximo de 15 días bajo un régimen de cuenta corriente”. Es decir, si por tres años el funcionario no falta nunca, tendrá derecho a cobrar por seis días de licencia por enfermedad un 100%. En el caso de internaciones, en tanto, siempre recibirá el 100%.

Durante la comparecencia del director de la ONSC, Conrado Ramos, esta semana a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, este artículo fue puesto sobre la mesa y recibió la oposición no solo del Frente Amplio, sino también del líder de Cabildo Abierto, el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

“Quiero expresar que no estoy de acuerdo con el descuento de tres días a quienes están certificados por el médico”, señaló el senador cabildante. Y agregó: “Creo que se deberían estipular controles efectivos y serios, además de ser muy severos con quienes realmente abusen con hacerse certificar sin estar enfermos. Reitero que se debería ser muy severo; tal vez, establecer la destitución como castigo a quienes infrinjan esa situación, pero no descontar a quien realmente pueda estar enfermos”.

Ramos recibió un planteo en contra también de parte de la senadora Liliana Queijo, suplente del socialista Daniel Olesker: “Este tema tiene que ver con la equidad y con los derechos. Consideramos que la equidad es darle a cada uno lo que necesita, independientemente de si es público o privado; si los privados no lo tienen, que lo pongan, pero no podemos resignar un derecho que tienen los trabajadores públicos en función de lo que no tengan otros”. Y agregó que de esta manera lo que se estaba haciendo era “penalizar la enfermedad”.

“El propio Manini ya dijo que no, así que no tenemos los votos necesarios. Objetó sobre todo lo de los tres días, así que con esa base es que vamos a trabajar”, advirtió Ramos, que sostuvo que “la idea no es retirar el artículo, sino buscar la manera de que se retire la objeción”.

¿De qué manera se puede hacer esto?: las opciones son sacar lo de los tres días y dejar todo los demás -con que se cobre solo el 75% a partir del cuarto no hubo objeciones-, o conseguir una solución intermedia, que puede ser, por ejemplo, que en vez de tres días sean dos, o uno.

El artículo 28, que también habla de las licencias médicas y no fue objetado por la coalición, establece en tanto que las licencias por enfermedad “que superen los treinta días en un período de 12 meses o los cincuenta días en un período de 24 meses deberán ser comunicadas al jerarca de la unidad ejecutora”. Tras esto, este tendrá que ordenar a los servicios médicos o al Ministerio de Salud Pública (MSP) la realización de Juntas Médicas de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), “con la finalidad de establecer la aptitud física o psíquica del funcionario para el desempeño de sus tareas habituales”.

Por otra parte, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio, dijo a El País que en breve se pondrá a trabajar en una reforma que permita ejercer un mayor control sobre las licencias médicas. En principio, quiere mejorar el sistema de registros, para que se sepa la especialidad de cada médico. Con esto se pretende detectar, por ejemplo, cuando un gastroenterólogo certifica por una quebradura u otra cosa que no tenga que ver con su expertise. Otro problema que se detectó es que en varios prestadores los médicos no hacen las certificaciones con el número que los identifica, sino con el de los directores de la institución, lo que no permite saber si un solo especialista concedió demasiadas licencias.