ENTREVISTA CON EL PAÍS

El senador Guido Manini Ríos recibió en su despacho del cuarto piso del Anexo del Palacio Legislativo a El País, para hablar sobre su intención de reinstalar la ley de Caducidad. Unas horas antes, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema diciendo que “muchos sectores de la sociedad necesitan respuestas”.

El líder de Cabildo Abierto anunció que seguirá adelante con su propuesta, explicó parte del contenido del proyecto y además confirmó que votará su desafuero para ser juzgado por el Poder Judicial.

-¿Por qué pretende reinstalar la ley de Caducidad, que prohíbe juzgar a militares por crímenes en la dictadura?

-Por el atropello a los principios del derecho cuando se trata de juzgar a uniformados. No se respetan los principios consagrados en la Constitución, como la no retroactividad de la ley, los tiempos de prescripción de los delitos, no juzgar dos veces por una misma causa a una persona. Nosotros no defendemos ni torturadores ni asesinos; lo que defendemos es el Estado de Derecho. Hoy se hace esto con uniformados, con testimonios falsos, tergiversando hechos, como ha quedado demostrado en varios casos donde la Justicia incluso no tuvo más remedio que llegar al sobreseimiento después de haberlos hecho penar tres años y pico en la cárcel. El argumento que se esgrime es un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011. A eso nos resistimos. ¿Quién tiene la mayor jerarquía en Uruguay? ¿La Constitución o una corte integrada por magistrados extranjeros que vaya a saber cómo fueron elegidos y vaya a saber cuál es su visión sesgada de la historia? Nos resistimos a que nos gobiernen desde afuera. Tenemos, al menos, pretensiones de ser independientes.

-Nuestro sistema judicial habilita la revisión de fallos por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿No le da garantías?

-Cuando determinados magistrados actúan desconociendo los principios del derecho, a mí no me da garantías. Acá claramente Juan Carlos Gómez era inocente por pruebas de todo tipo que se presentaron en su momento. En algunos casos quedó claro y firme la inocencia de aquellos que fueron juzgados. Pero Rodolfo Álvarez lleva cinco años preso por firmar un acta de interrogatorio, y el interrogado dijo que no lo tocó Álvarez. ¡Cuarenta y pico de años después por firmar un acta lo metieron preso! (Hugo) Garciacelay hace menos de una semana fue preso por lo mismo (procesado por el homicidio muy especialmente agravado de Julián Basilicio López). ¡Cuarenta y pico de años después por firmar un acta, en un país como el Uruguay, donde ni Jack El Destripador es perseguido 40 años después! Por eso proponemos derogar la ley interpretativa de la ley caducidad y volver a ese clima de pacificación que quiso crear la ley de Caducidad.

-¿Desde cuándo piensa que la ley interpretativa de la ley de Caducidad debe derogarse?

-El caso que me hizo decidirme a hacer este planteo fue el de Leonardo Vidal, preso sin ningún tipo de garantías. Vidal era un soldado de 20 o 21 años que en 1972, es decir en democracia, mata en un operativo a un detenido que se estaba escapando. El oficial que estaba a cargo da la orden de abrir fuego. En democracia actúa la Justicia y archiva el caso. Cuarenta y ocho años después Vidal es encarcelado. Ahí se violó todo. No podemos continuar asistiendo impasibles a una venganza.

-Esta postura ya la tenía en la campaña y no planteó reinstalar la ley de Caducidad.

-Lo de la Caducidad nunca se me hubiera ocurrido pensarlo. Fue un tema que surgió ahora, viendo con distintos asesores cómo se podía parar esto. No lo tenía pensado porque tampoco tenía pensado esta ofensiva provocadora de determinados actores de la Justicia que están encarcelando a gente como el soldado Vidal. Nunca defendí a (José Nino) Gavazzo ni a nadie por el estilo, sino que estamos hablando de casos que nombré en el escrito que elevé al presidente en marzo de 2019, como el de Juan Carlos Gómez, Gula, (Miguel) Dalmao y tantos otros.

-¿Qué dice el proyecto de ley que busca reinstalar la Caducidad?

-Establece la obligación de seguir investigando sobre desaparecidos; que la Constitución de la República está por encima de cualquier tratado internacional; reconoce el derecho de los que hoy están siendo resarcidos económicamente por haber sido víctimas del Estado, pero también deroga laley 18.831 (la ley interpretativa de la ley de Caducidad).

-¿Cuándo y quién presentará este proyecto?

-Probablemente sean los senadores de Cabildo en los próximos días.

-Lacalle Pou dijo que su propuesta “no forma parte del Compromiso por el país” que firmaron los cinco líderes de la coalición. De hecho, el capítulo 10 del documento dice: “Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares”. ¿En estos cinco meses que ha actuado como senador, ha realizado alguna acción concreta para avanzar en este sentido?

-Desde los espacios en los que estamos, por supuesto que si tenemos alguna posibilidad de ayudar en eso, lo haremos. Pero está claro que hay ciertas dificultades. Da la impresión de no ser tan fácil.

-Lacalle agregó que “Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas". ¿Coincide con él?

-Totalmente de acuerdo. Para salir en paz hay que evitar llevar a inocentes a tribunales y condenarlos por el solo hecho de haber sido militares.

-Parece que el presidente se estaba refiriendo a la respuesta que necesitan los familiares de los desaparecidos.

-Sí, estoy totalmente de acuerdo con darles respuesta en la medida de lo posible.

-¿Considera que Lacalle le bajó el pulgar a su propuesta?

-Dice que lo va a analizar.

-Tras la reunión que mantuvo con el presidente, el senador Raúl Lozano de su partido dijo a El País que Lacalle le transmitió que está de acuerdo con la propuesta.

-No me transmitió que está de acuerdo. Capaz que Lozano interpretó algo diferente. (Lacalle me) dijo que lo iba a estudiar. Me dio la impresión de que lo va a estudiar seriamente, como que no le generó tampoco ningún rechazo. No dio respuesta ni en un sentido ni en el otro.

-El presidente también expresó su oposición al proyecto de Gustavo Zubía que convierte en un colegiado a la Fiscalía General de la Nación. ¿Cabildo está dispuesto a avanzar en este tema, a pesar de la resistencia de Lacalle?

-El “Compromiso por el país” dice reformar la Fiscalía. Cuando se nos presentó la Ley de Urgente Consideración (LUC) en enero, Cabildo presentó esto que está presentando Zubía, la colegialización de la Fiscalía. No se quiso agregar porque la LUC ya tenía muchos temas diferentes. Coincidimos con lo que está proponiendo Zubía y lo vamos a apoyar.

-¿Qué Lacalle haya planteado su oposición a este proyecto lo lleva a revisar su apoyo?

-No estamos mirando lo políticamente correcto y cuando planteamos algo no estamos mirando si nos va a apoyar el presidente o los otros partidos. Decimos: para nosotros hay que hacer esto. Y tenemos políticas que no van solo por estos temas. Nuestro tema central quizá sea cómo generar empleo, que es el gran tema de los uruguayos. Vamos a buscar en la ley de Presupuesto que se dé prioridad al capital y al trabajo nacional. Será una lucha dura. Vamos a tener distintos criterios en la coalición, pero no por eso nos vamos a callar la boca.

-El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que “Cabildo representa a militares nostálgicos que resisten el Estado de Derecho”. ¿Cómo toma estas críticas de un socio?

-A Posada no le molesta que vayan inocentes presos. No leyó lo que dijo Pablo Mieres cuando se votó la ley 18.831, que estaba totalmente en contra de derogar la ley de Caducidad. Tendría que leer el discurso de su líder político.

-¿Cuánta vida le pronostica a la coalición de gobierno?

-Por nosotros larga vida. No condicionamos nuestra permanencia en la coalición por casos puntuales. Queramos cortar este avasallamiento al Estado de Derecho. Lo planteamos lealmente, llevando el documento al presidente de la República. No por eso vamos a condicionar la permanencia en la coalición ni el apoyo a las leyes principales que tiene que llevar adelante este gobierno.

Salida de Talvi no fue “ni un temblor”

Tras el retiro de la actividad política del excanciller Ernesto Talvi, mucho se ha hablado sobre los equilibrios en la coalición de gobierno y cuánto puede crecer el poder de Guido Manini Ríos en este nuevo escenario.

El excomandante en jefe niega terminantemente que su influencia aumente. “La salida de Talvi es una salida de persona pero no de sectores ni del apoyo político a la coalición. Se mantiene en los mismos términos. Cabildo tiene una importante presencia parlamentaria y en el gabinete, y es uno solo. El Partido Colorado en su momento estaba fraccionado. La salida de Talvi no cambia para nada la situación de solidez de la coalición. Ningún talvista ha planteado la más mínima duda de apoyo a la coalición. La coalición no tuvo ni un temblor con la salida de Talvi. No es un sector que se retira del gobierno sino una persona que dice que apoyará a su sector desde otro ángulo. Cabildo sigue teniendo el mismo peso que tenía antes y sigue su línea independiente de lo que pase con los otros socios. Nuestro camino es solucionarle los problemas a la gente”, dijo el líder de Cabildo Abierto, quien además confirmó que votará su desafuero.

Es que el Senado deberá resolver si le quita los fueros parlamentarios para ser juzgado por su actuación en el Tribunal de Honor Militar, instancia en la que José Nino Gavazzo confesó haber tirado el cuerpo del extupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.

El fiscal Rodrigo Morosoli pretende formalizar la investigación contra Manini Ríos porque, siendo comandante en jefe del Ejército, supuestamente no denunció ante la Justicia ni ante el ministro de Defensa la confesión de Gavazzo. “Estoy convencido que en esa causa que se me instruyó no hay ningún elemento de peso, ningún elemento que pruebe ningún tipo de delito y estoy convencido que la Justicia no tendrá otra alternativa que archivar el caso. El levantamiento de los fueros permitirá llevar el caso rápidamente y terminar el tema de una vez por todas”, dijo Manini a El País.

El dirigente aseguró que le pedirá a los otros dos senadores de Cabildo que voten su desafuero, agregó que “es probable que lo hagan”, pero aclaró que los legisladores de su partido “tienen total libertad de acción”. El Frente Amplio votará su desafuero, que necesita tres quintos del Senado. Los blancos no han resuelto.