CABILDO ABIERTO

El senador Guido Manini Ríos habló sobre el proyecto de ley presentado por su partido en el que se pide que los reclusos mayores de 65 años sean enviados a prisión domiciliaria o, si así se entendiera, que quedaran en libertad. "Partimos de la base de un espíritu humanitario", expresó.

Algunos de los presos que se encuentran actualmente en esta condición son los que están recluidos por delitos de Lesa Humanidad en la cárcel de Domingo Arena. "El criterio básico es el tema de los grupos de riesgo ante la pandemia. Acá no es solamente el preso sino la familia que lo va a visitar, que tiene que hacer colas en aglomeraciones de gente, generalmente la señora de un preso de 60, 70 o más años es de la misma edad", indicó en diálogo con "La entrevista central 970 Noticias" ayer martes.

Consultado sobre la carta firmada por la escritora Mercedes Vigil en la que pide que se liberen a los presos condenados por delitos cometidos durante la dictadura, Manini Ríos indicó: "Siendo coherente con nuestro proyecto, si son mayores de 65 años, yo creo que sí, que deberían estar al menos en prisión domiciliaria".

"Mi posición ha sido bien clara, e incluso fue detonante del cese que tuve como comandante en jefe del Ejército, y es mi crítica a determinados procesamientos sin garantías a los presos. Habrá casos en que lo justo sería que fueran liberados", expresó. 

El senador indicó que "hay nueve casos emblemáticos" en los que fueron "mal procesados" y es en esos en los que se debería establecer la libertad, expresó.

En agosto de este año, Manini Ríos junto con los legisladores de su partido Guillermo Domenech y Raúl Lozano presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen alternativo al cumplimiento de la pena en los casos de los reclusos mayores de 65 años.

Lo que se busca es "la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo por los organismos nacionales e internacionales", expresa el proyecto al que accedió el semanario La Mañana.

"Al mismo tiempo, se trata de reducir la movilidad de quienes concurren a visitar a esa población privada de libertad, que en la mayoría de los casos se trata de cónyuges, parejas, familiares o amigos, quienes también están comprendidos en esa población de riesgo", agrega.