Redacción El País
El Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) decidió dejar en suspenso un reglamento que trabajó durante más de dos años para los Clubes de Niños y Centros Juveniles, donde miles de niños y adolescentes vulnerables son atendidos, ante las advertencias de las organizaciones encargadas de la gestión.

El 82% de los niños y adolescentes vinculados al INAU reciben atención a través de organizaciones de la sociedad civil mediante diversas modalidades como los CAIF, clubes de niños y centros juveniles.

Más del 40% de los centros juveniles y casi el 30% de los clubes de niños (son más de 15.000 beneficiarios) están vinculados a la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), el resto se agrupa en otras asociaciones como Anong.

Desde hacía meses, ambas asociaciones procuraron que el INAU atendiera sus reclamos, afirmando que el nuevo reglamento cambiaba las reglas de juego y provocaba una grave distorsión en la gestión de estos centros.

Ante la situación, ayer el directorio del INAU convocó a las asociaciones y les informó que deja en suspenso los reglamentos y se dispone a hacer los ajustes necesarios.

En un escrito al que accedió El País, Audec afirma que, tal como estaban redactados, el nuevo “Reglamento específico de tiempo parcial” y el documento “Nuevo perfil de centros juveniles” violan el Reglamento General de Convenios al imponer nuevas condiciones que llevarán a pagar más horas extras y a contratar suplentes para cubrir licencias sin un ajuste presupuestal acorde, proponiendo además una serie de medidas que desconocen derechos adquiridos y violan la normativa laboral, lo que expone a los responsables de los centros a enfrentar juicios.

A modo de ejemplo se señala que se regulan las actividades fuera del centro previendo dicho reglamento que “los trabajadores que participen serán compensados en horas” en lugar de recibir la remuneración legalmente correspondiente.

El reglamento de INAU también exige la apertura en el mes de enero, sin contemplar el correspondiente pago de las suplencias durante el período de licencias del personal.

El País accedió a la petición de suspensión de la ejecución de los reglamentos elaborada por Audec. En ella se sostiene que la situación configurada “no solo genera la afectación de las dinámicas de cierre de los centros, que implican sobrecostos que no se pueden asumir con el presupuesto actualmente asignado y que afectan la continuidad de las actividades, que afecta las licencias reglamentarias del personal y consecuentemente sus derechos laborales adquiridos, exponiendo a los centros frente a reclamos que puedan promoverse", sino que también "distorsiona las dinámicas de funcionamiento, además de contener soluciones que resultan ilegales por violentar y/o pretender modificar normativa de rango legal y de orden público".

Y se agrega que “los convenios vigentes se rigen por un régimen que se ha venido cumpliendo desde hace 14 años, y en función del mismo se generaron relaciones y contratos y por tanto obligaciones que con este nuevo régimen se modifican unilateralmente, ocasionando perjuicios actuales y potenciales, en tanto se introducen cambios intempestivos en las condiciones de funcionamiento, lo que violenta la seguridad jurídica, la dinámica de trabajo y podría constituir una hipótesis de abuso de poder”.

La situación también provocó la reacción de los trabajadores de estos centros privados, quienes ya se presentaron ante el Ministerio de Trabajo. Dado que estos centros están registrados ante el Ministerio de Educación y Cultura como proyectos de educación no formal, los trabajadores forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) por lo que un conflicto en este sector podría arrastrar a los colegios privados.