PARLAMENTO

Se instaló la comisión preinvestigadora en la Cámara de Diputados.

El diputado nacionalista Martín Lema pidió ayer a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Bottino, que se instale una comisión investigadora sobre supuestas irregulares en la gestión del Mides desde el 1° de marzo de 2010.

Una comisión preinvestigadora tendrá 48 horas para decidir si hay méritos para investigar. Está conformada por los diputados oficialistas Óscar de los Santos y Gerardo Núñez, y el nacionalista Pablo Abdala. Todo indica que el oficialismo votará en contra de la creación de la investigadora. En su informe, Lema indica que el Mides “pasó de ser un buen instrumento para concentrar y ejecutar políticas sociales” y se convirtió “en un contumaz incumplidor de la legalidad, buscando siempre la puerta para evadir controles o mantener bajo un manto de secretismo los resultados de sus programas”. También indica que en el Mides “se nos están yendo millones de dólares que no están llegando a los más necesitados”. Que “se siente impune, al punto que parece haber creado su propia legislación”.

Y agrega: “El Mides es gestionado como un comité de base, en donde un compañero puede ir a pedir una radio comunitaria partidaria y terminar experimentando con un refugio para personas en situación de calle”. Eso en referencia a este caso: en 2014 el Mides otorgó un refugio para personas en situación de calle a un edil comunista en San José, pese a que no tenía experiencia en el tema. Se trata de la ONG Eusebio Vidal, que pretendía tener una radio comunitaria. El caso se conoció gracias a una investigación de Qué Pasa de El País.

En el informe se menciona también el caso de la cooperativa de limpieza “que terminó gestionando un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental severa, o aquellas otras cooperativas de limpieza y mantenimiento que, con dudosa capacitación, terminaron realizando conexiones eléctricas en casas de familia”.

Dice Lema que esos ejemplos “son la regla de una gestión sumida en el caos, que no ha tenido reparos en contratar organizaciones amigas para que experimenten con los más vulnerables, ni intención de ejercer controles que permitan conocer el funcionamiento y los resultados de la ejecución de los distintos planes”.

También menciona el caso del INDA, donde “daban de baja el programa de riesgo nutricional destinado a niños con bajo peso, retraso de talla, anemia, embarazadas adolescentes, embarazadas bajo peso o con anemia, madres en lactancia con bajo peso de todo el país y contrataban por compra directa a una cooperativa de choferes por $ 49,7 millones”.