Nicolás Martinelli, ministro del Interior, asumió en medio de una turbulencia y hoy le pone su propia impronta a la gestión en seguridad. Defiende que se generen políticas de Estado y que haya un enfoque dual, con represión, pero también atacando las causas del delito. Apunta a una importante inversión en tecnología. Anuncia que comprarán inhibidores de celulares para cárceles, para que delincuentes no puedan operar tras las rejas.

-¿Cómo fue desembarcar en un ministerio tan complicado, siempre en el ojo de la tormenta?

-Mi transición fue mucho más suave que lo que les tocó a Larrañaga y Heber, porque yo venía como director general, que es como el CEO de una empresa. Fue más suave mi aterrizaje. En esta nueva etapa estamos abordando muchos de los aspectos que surgen del acuerdo multipartidario, y concretando compras en materia de tecnología. Cerramos el año con una inversión récord en equipamiento. En comparación con 2019 se está 220% por encima y un 40% comparado a 2022. La visión que tenemos de la seguridad pública es que se trata de una política de Estado, por eso proyectamos mucho hacia adelante.

-¿Por qué la seguridad debería ser una política de Estado?

-Si miramos para atrás, desde 1985 hasta 2005, partidos tradicionales se pararon más en un enfoque represivo, y se ve un aumento de delitos, sostenido pero moderado. El FA, con otra concepción, no quiso reprimir, porque para ellos reprimir es mala palabra, y se focalizó en trabajar las causas. Ahí se vio un crecimiento exponencial del delito...

-¿Eso no responde al fenómeno del narcotráfico?

-Creo que el fenómeno fuerte se da en 2017, 2018 y 2019, donde se ve una disparada grande en los homicidios. En 2018 fue el récord. Si vos no reprimís, no contenés el crecimiento del delito. Como no reprimieron dejaron crecer, y en esos años crecieron las organizaciones familiares dedicadas al narcotráfico, más que nada al narcomenudeo. El enfoque debe ser dual, reprimir y atacar las causas. Esto es algo que parte de evidencia y de la academia. Y para trabajar sobre las causas también tenés que tener un diagnóstico sobre la situación carcelaria. Este ministerio hizo el trabajo de medir la reincidencia, y nos dio que cada 10 personas que salen, siete reinciden al cuarto año. El FA cuando decidió liberar a los presos, durante su primer gobierno, no tenía ese estudio y los liberaron sin ningún criterio. Se les pasó la calesita de la reincidencia.

-¿Qué herramientas tiene el ministerio para atacar causas?

-El concepto de seguridad pública es mucho más amplio que el Ministerio del Interior. Este es el último eslabón de una cadena que arranca con salud pública, desarrollo social, buena educación, contención, educación en materia de droga y alcoholismo, oportunidades laborales... Cuando todos los organismos vinculados fallan, en ciertas circunstancias la persona se inclina por el camino del delito. Ahí actúa Interior. Lo hace reprimiendo, agarrando al delincuente y poniéndolo a disposición de Fiscalía. Después, cuando la persona es formalizada y condenada, va al INR. El ministerio tiene el trabajo de reprimir, pero a su vez rehabilitar. Lo que yo pienso que quienes deberían rehabilitar son los organismos que en su momento tuvieron la oportunidad de contener y no lo hicieron.

-¿Y lo hacen?

-Esta cartera actúa como una especie de articulador dentro del INR con otros organismos. Llámese Inefop, Mides, Salud Pública… Lanzamos varios planes piloto, por ejemplo el PIA, que les estamos dando a 500 presos que recobran la libertad la posibilidad de contar con una tarjeta social y otra con boletos durante seis meses. Todos los meses se tienen que presentar en la Dinali y se les da asistencia en todas las opciones que hay, laborales y de formación. Está la llama Red Oportunidades, donde se le permite a una empresa privada exonerar cierto dinero si contrata a un liberado. Si estos planes funcionan nos dan la posibilidad de, en la próxima Ley de Presupuesto, ir a pedir más al Parlamento.

-Eso si gana la coalición…

-No, porque la mirada es de política de Estado.

-Pero para que la política sea de Estado tiene que nacer de un consenso, ¿hay consenso en cuanto a cómo funcionan estos planes?

-Son políticas que han funcionado en otros países. Honestamente no veo un próximo gobierno tirando por la borda un trabajo que está dando resultados, no importa qué partido gane. El acuerdo multipartidario que se convocó en diciembre de 2022 y que llevó más de 6 meses de trabajo, en su enorme mayoría tiene medidas vinculadas a las causas. Medidas que incluso propuso el FA. El FA no apoyó cosas que él mismo promovió.

-Pero no solo el FA ha sido crítico la gestión en seguridad. También lo fue Cabildo Abierto, o algunos exponentes del Partido Colorado como Gustavo Zubía, que entienden que se necesita más mano dura.

-Sí. Estuve reunido con Manini, también con Zubía, y tuvimos excelentes charlas. Pero nosotros estamos convencidos del enfoque dual; no solo es mano dura, aunque la represión claro que es una de las claves. Hoy entramos a los barrios…

-Pero hay bandas que no pueden controlar desde hace años…

-¿Cuáles?

-Las de Villa Española.

-(Gustavo) Albín se entregó.

-¿Por qué se entregó?

-Por la presión de la Policía.

-Pero todo ese episodio costó la vida de su hijo de ocho años…

-Es un hecho lamentable y muy triste, obviamente. Pero estamos trabajando para que ese tipo de cosas no pasen. En estos últimos meses hemos detenido a varias personas que fueron formalizadas, incautamos armas, hicimos decenas de allanamientos. Varios de los cabecillas hoy están formalizados. Otros como Albín están requeridos y se terminan entregando porque hay una presencia tan importante en los barrios que los márgenes se les van achicando. La Policía tiene más poder de fuego que cualquier banda. Son procesos. Bajaron las rapiñas y rapiñas consumadas con respecto a 2019, también las denuncias de hurto, abigeato e incluso los homicidios.

-¿El narcotráfico no cambió el tipo de delito, y eso es una razón de que haya menos hurtos y rapiñas?

-No necesariamente. Según un trabajo académico reciente, el número real de homicidios vinculado a bandas es un poco más del 10%. Lo que se está viendo es otro fenómeno, son homicidios vinculados a un aumento de la violencia en la sociedad.

-¿A qué es atribuible esto?

-Ahí me tengo que ir dos mil años para atrás, y resumirlo en pocas palabras es complicado. La comunicación se da hoy de forma más fluida y tenemos la información a través de un celular. Hoy podés enterarte de lo que el otro tiene. Muchos años atrás no te enterabas y no tenías una expectativa sobre eso. Hoy fulano ve que te comprás un celular y quiere el mismo celular. Ve que vos sos del mismo barrio, que progresaste y él no, y se pregunta: ¿si no puedo, cómo hago? Empieza entonces a evadir la realidad. Consume, vende cosas de la casa de los padres, lo echan, queda en situación de calle, no tiene a quién más acudir y roba porque necesita cada vez más por la adicción. Hay un tema de expectativas no colmadas.

-La violencia está instalada en varios ámbitos, ¿cómo ve a los actores políticos que a veces se van de tono?

-Yo no estoy de acuerdo. Desde el lugar que me toca trato de tener un tono medido, una impronta más conciliadora. Cuando fui al Parlamento, antes de comenzar pedí un diálogo con altura, y el FA y la coalición mantuvieron un buen nivel de debate.

-Se viene haciendo una importante inversión en tecnología, ¿cómo están evaluando, por ejemplo, el sistema ShotSpotter?

-La tecnología en materia de seguridad pública vino para quedarse. Cada vez es más necesario invertir. La tecnología no es barata y requiere estar siempre a la vanguardia. ShotSpotter es una de las herramientas que tenemos arriba de la mesa pensando en bajar los homicidios. Es un sistema de detección temprana de disparos. Cuando sucede un disparo en una zona, los detectores de sonido dan el punto exacto donde se produjo. Lo que tiene positivo es que permite llegar al lugar donde se disparó el arma sin haber recibido una alerta al 911. En el mes y medio que llevamos está dando muy buenos números. Se atendió a tiempo a dos personas heridas de bala y se las trasladó al hospital. Hubo seis detenidos, tres formalizados, y se incautaron dos vehículos, cuatro armas y 101 vainas. Pero no podemos quedarnos rehenes de una sola herramienta. Esto se suma al arribo de Cure Violence, que está en proceso un llamado a licitación y la idea es que pueda arrancar en marzo. Dos ONG van a ser entrenadas por Cure Violence y van a salir a buscar y contratar a los llamados interruptores de violencia, personas que viven en zonas críticas, actores sociales. También es importante la transformación que hemos hecho con el Departamento de Homicidios, que sirve para aumentar el esclarecimiento y bajar el nivel de percepción de impunidad. El 2023 se cerró con 60% de esclarecimientos. Y el número va a seguir mejorando porque hay investigaciones en curso

-Durante este gobierno hubo algunas quejas desde Interior hacia fiscalía por la gran cantidad de emplazamientos sin fecha…

-Es que el año pasado hubo unos 6.200. Son personas que la Policía captura, lleva ante Fiscalía y el fiscal de turno lo emplaza sin fecha, o sea que no se sabe cuándo vuelve. Eso ha traído dificultades, porque genera que las personas crean que la Policía no hace nada, porque ven que alguien estuvo robando, la Policía lo agarra y al día siguiente está ahí de nuevo. Además, trae el inconveniente de que después, si el fiscal solicita que lo vayan a buscar, hay que encontrarlo otra vez. Igualmente lo hemos estado hablando con Fiscalía, y estamos trabajando en la posibilidad de generar determinados cambios normativos, y también nuevas instrucciones para evitar este tipo de sucesos.

-Volviendo al ShotSpotter, ¿se pudo detectar un poder de fuego mayor en las bandas?

-Por ahora venimos reafirmando lo que ya habíamos dicho, la Policía entra a todos los barrios y el poder de fuego es superior al de cualquier banda. Lo que se recoge de las vainas cuando se va a las escenas de algún hecho, en su enorme mayoría son 9 milímetros, en algún caso puede haber algún 38 y a veces un 45.

-En cuanto a las bandas identificadas, ¿son todos clanes familiares o se ha detectado alguna de mayor magnitud?

-En su enorme mayoría son bandas de ese estilo, algunas con una mínima estructura y otras sin, que lo que hacen es disputarse el territorio. Si la Policía logra capturar y formalizar, las bandas se ven debilitadas, quedan menos miembros y puede que se asocien, o uno ataca a otra para quedarse con todo el territorio.

-En un momento Heber dio al Parlamento que había 45 bandas de narcos. ¿Cuántas de estas se desarticularon?

-Varias. Cuando nosotros asumimos el gobierno no había Dirección de Drogas. Las brigadas de Montevideo y Canelones habían sido desarticuladas por el FA. No había datos de cuáles eran las familias o bandas que operaban en los barrios. Hubo que reinstalar las brigadas. Ahí se inició un trabajo de Inteligencia entre la Brigada de Drogas nacional y las departamentales de Inteligencia para ver quiénes eran y cómo operaban. Se llegó a ese número que se mostró en el Parlamento, pero puede haber más. Esas son las que detectamos.

-¿Hay presos que manejen bandas desde la cárcel?

-Existen situaciones donde hay miembros de bandas que pueden operar desde la cárcel, por eso hemos intensificado controles e intervenciones en barrios: Villa Española, Cruz de Carrasco, Marconi y la zona de Boix y Merino. Hicimos un trabajo conjunto con el INR para hacer requisas sorpresa en las cárceles, para tratar de neutralizar lo que pasaba adentro y afuera. Ahí necesitamos la tecnología, por eso estamos en proceso de adquirir un sistema de inhibidores de señales de celulares. El año pasado nos llegó una propuesta de una empresa. Tiene lista blanca y negra. En la lista blanca se ponen los teléfonos que queremos que puedan operar, o sea los de Policías. Y en la lista negra se ponen los teléfonos a los que queremos cortar la señal, que son todos los demás. Si todo sale bien, quizás podamos tener el primer inhibidor con la operadora Antel en mayo o junio.

-¿Quiere decir que van a poder seguir usando Movistar o Claro?

-Estamos negociando con las tres compañías. Hay un proceso de instalación, se arranca con una y después con las otras.

-¿Hoy no hay inhibidores?

-No, y los sistemas que se usan en otros países generaban problemas, porque se instalaban en un centro penitenciario y se inhibía toda una zona por fuera de la cárcel, pasaba que podías terminarle inhibiendo la señal a vecinos o comercios.

-¿Cuánto va a costar?

-Va a estar en torno a los seis millones de dólares.

-Días atrás tuvo una discusión con miembros del FA por las cifras de homicidios. Más allá de los datos, ¿cómo cree que cae en la ciudadanía un debate así cuando la cantidad de muertos igual es muchísima?

-Ya he dicho públicamente que el tema homicidios es uno de los que más nos preocupan. Por eso, dentro de los tres ejes que nos hemos planteado, uno son los homicidios. Enero cerró con una baja de 41,5% con respecto al año pasado. Pero esto debe quedar claro: tenemos el observatorio de violencia y criminalidad que utiliza la misma metodología desde el momento de su creación en el gobierno del FA, que tiene el mismo equipo de trabajo y mismo director. Tiene una definición de homicidios que lo toma de las Naciones Unidas, por eso es comparable con otros países. Se toman los homicidios que son ilegales, porque hay algunos producto de legítima defensa que no entran en esa definición. Entonces, cuando dan una cifra más grande es porque están sumando esos homicidios. Si vamos al caso, en 2018, que hubo 421, capaz sumando se llega a 450.

-¿Qué opina de los reclamos del sindicato de la Policía sobre la falta de equipamiento para allanamientos nocturnos?

-Dijeron que la Policía no tenía los chalecos antibalas especiales para allanamientos nocturnos. También que el helicóptero no brinda apoyo de noche y que no tenemos visores nocturnos. Nosotros adquirimos 19.000 chalecos y tenemos la misma calidad que tiene el ejército de Israel… Creo que no merece más comentarios ese tema. El helicóptero sale de noche a patrullar, tiene luz y cámara. Además, hay equipo entrenado, no solo para visualizar, sino para actuar. También adquirimos 50 visores nocturnos el año pasado y estamos comprando más, específicos para la Guardia Republicana. Yo me comuniqué con la presidenta del sindicato y le dije todo esto, su respuesta fue que quizás no tenían toda la información necesaria.