Redacción El País
Los ministros del Interior, Nicolás Martinelli, y de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, deberán fundamentar en el Parlamento el reciente decreto por el que el Poder Ejecutivo instaurará próximamente el cobro de un “precio” de US$ 2,10 más IVA a las personas que entren o salgan del país por vía fluvial o marítima, y así financiar un anunciado nuevo sistema de control migratorio.

Los jerarcas serán convocados por el diputado frentista Sebastián Valdomir. Además de las razones del decreto, el legislador opositor dijo a El País que procurará despejar una serie de irregularidades que, a su juicio, dejó el proceso licitatorio que terminó beneficiando a Veridos S.A., la firma mexicana que resultó adjudicataria para administrar el sistema.

Valdomir recordó que ese proceso había sido observado dos veces por el Tribunal de Cuentas (TCR). Entre otras razones, porque esa firma nunca presentó la garantía exigida de US$ 200 mil en los plazos que correspondían y, sin embargo, pudo estar presente en la apertura de las ofertas.

La oposición apunta además a una serie de violaciones a los criterios de ponderación de los puntajes asignados a las ofertas -que motivaron protestas de otros oferentes- pese a lo cual el Poder Ejecutivo decidió seguir adelante con el proceso.

El decreto emitido recientemente por el gobierno viene recibiendo objeciones por parte de distintos actores. Las empresas navieras que operan en Uruguay resolvieron presentar numerosos recursos contra la normativa, que ha sido definida como “inconstitucional” por varios expertos.

Leonardo Costa, abogado especialista en derecho tributario, habló de un “impuesto encubierto” que resulta “ilegal” ya que debió hacerse a través de un proyecto de ley. Costa descartó que se trate de un “precio”, ya que de ser así debería tener una contrapartida en uso o en servicio para los consumidores.