FIN DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO

El Poder Ejecutivo resolvió aplicar la máxima sanción -prevista para un funcionario público que cometió una “falta grave”- al terminar el sumario administrativo instruido a Miguel Ángel Toma Sanchis. La investigación del gobierno concluye que el exsecretario de la Presidencia, durante la administración de Tabaré Vázquez (2015-2020), incurrió en una serie de irregularidades durante distintas misiones oficiales al exterior, sobre las cuales no pudo probar justificación de su conducta ni las decisiones relativas a la elección de sus acompañantes.

En ese sentido el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, resolvió aplicar a Toma la suspensión en el ejercicio de su cargo, como fiscal de gobierno, por un período de seis meses con pérdida total de haberes. De esa sanción se descontará el salario que ya se le retuvo durante la suspensión preventiva de su función, mientras transcurrió el sumario, y a su vez el tiempo por el cual se le aplicó la medida.

La historia se inicia cuando cobra estado público una serie de viajes que el exjerarca frenteamplista realizó a Roma, acompañado por Giuliana Pérez, una contadora que integró la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Esos viajes se enmarcaban en el juicio por el Plan Cóndor, donde Toma era el jefe de la comitiva uruguaya en Roma, Italia. Pérez ingresó en abril de 2019 a la Senaclaft por recomendación directa del entonces secretario de la Presidencia, justo un año después de recibirse de contadora. A dos meses de incorporarse a la oficina, el exjerarca frenteamplista decidió integrarla a la representación en el exterior.

En la última misión, el 12 de diciembre, Toma y Giuliana Pérez, aprovecharon la estadía en Italia para ir a presenciar un partido de fútbol de la Europa League. El juego fue entre Roma y el equipo austríaco Wolfsberger, que terminó en empate dos a dos.

Al término del encuentro, la transmisión de la cadena televisiva ESPN enfocó una de las tribunas mientras se retiraba el público, y allí aparecieron Toma, con campera roja, gorra de lana y una bufanda de la Roma, acompañado por Pérez. El video lo divulgó el programa de radio Así Nos Va de Carve, en setiembre de 2020.

Ese mismo mes, Lacalle Pou dijo a los medios que las dudas del Poder Ejecutivo sobre el tema eran legales, y no morales, mostrándose crítico por la actuación del exjerarca frenteamplista. “Dudas legales, obviamente no dudas morales; legales”, remarcó el mandatario para iniciar la investigación del caso.

Se detectaron claras contradicciones entre lo que declaró Toma a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y su testimonio -así como el de otros testigos- en el proceso sumarial.

Finalmente se concluyó que Toma incurrió en irregularidades al realizar los viajes sin la autorización previa, por parte del presidente de la República; en ese momento Vázquez. Uno de los puntos que generó más polémica, cuando tomó estado público, fue la participación de la contadora Pérez. La investigación determinó que Toma no logró acreditar la idoneidad de la funcionaria para participar de las misiones oficiales.

En su testimonio, Toma explicó que la contadora asesoró en materia de lavado de activos durante el juicio. Sin embargo, cuando la joven declaró durante el proceso sumarial, comentó que hacía trabajos de secretaría, administrándole la agenda al entonces secretario de la Presidencia.

Incluso se les consultó a las autoridades de la Senaclaft si se habían impartido cursos exprés, para que una funcionaria que entrara a esa dependencia, dos meses después, pudiera tener los conocimientos firmes como para asesorar en un tema como el lavado de activos, como sugirió Toma. La respuesta fue negativa.

El primer informe del sumario, fechado en febrero de 2021 concluyó que Toma cometió “falta administrativa grave pasible de sanción disciplinaria”. Pero, el exjerarca pidió que se agregara nueva información, referente a los viajes realizados por los secretarios de la Presidencia entre 1990 y 2015, así como nuevos testigos.

De todos modos, al analizar esos elementos en el proceso sumarial se entendió que las pruebas presentadas por Toma no modificaban las conclusiones del anterior informe.

¿En qué se funda la decisión de sanción? El proceso valoró la larga carrera de Toma como funcionario, no solo en puestos de confianza política, sino también en su cargo de fiscal de gobierno. Por lo que concluyó que su actuación debía tener una “alta exigencia técnica y ética”.

Toma intentó argumentar “supuestos buenos resultados obtenidos en su tarea como secretario de la Presidencia”, basado en la “efectividad” que consiguió en los juicios internacionales. Elementos que, según se entendió, nada tienen que ver con la conducta que se decidió analizar, sobre los viajes y la acompañante que eligió.

Del proceso sumarial e investigativo se desprende que el exjerarca frenteamplista mantuvo una “conducta que comprometió la imagen institucional del país, no solo por el notorio estado público que tomaron los hechos irregulares, sino también por la jerarquía del cargo que ocupaba él, en el momento de la falta”.

Otro punto clave se asoció a que no cumplió con los procedimientos de fundamentación del viaje, ni redactó las notas de las misiones que debía presentar, en donde era central argumentar la lista de integrantes y el motivo de su asistencia.

Entre los argumentos para impartir la sanción se estableció que la conducta de Toma fue “contraria a la probidad, legalidad, y obediencia” que se le exige a todo funcionario público, pero que en el caso de un funcionario de su jerarquía es “aún más reprochable”.

El Ejecutivo argumentó la aplicación de la sanción disciplinaria, siguiendo los principios de la ley 19.823, que dispone las “buenas prácticas de actuación en la función pública”, y remarca que se debe actuar con aptitud “técnica y ética” en todo desempeño de tareas, “siéndolo y pareciéndolo” de forma “íntegra, recta y honesta”.

A su vez se agregó que un cargo como el de secretario de Presidencia debe desempeñarse de forma “transparente e imparcial”, con “buena fue, probidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad y ética”. “El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario debiendo servir con imparcialidad al interés general”, señaló el texto de la investigación.

También se remarcó la necedad de considerar el “interés público” y las “necesidades colectivas”, así como también “vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes y servicios del Estado”. Por lo que se advirtió que, ante una falta, aumenta la responsabilidad por el nivel jerárquico que se ocupa.

Fue “mano derecha” de Vázquez

Su inicio en la política fue en el Partido Colorado. Incluso ingresó al Ministerio de Salud Pública en 1997, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, y continuó en el mandato del expresidente Jorge Batlle.

“A raíz de nuestra mala relación empezó a hablar mal de mí con dos abogados del ministerio muy amigos”, contó el exministro Conrado Bonilla a El País en abril del 2019.

“Ese día fui caliente al ministerio. Él estaba de licencia en Artigas. Le pedí que estuviera a las 9 de la mañana en mi despacho. Le dije: Ahora estamos entre hombrecitos. Usted anda hablando mal de mí. Y para estar diciendo mentiras tiene que defenderse. Usted es un jodido. Cobarde”, recordó Bonilla que le dijo. “Y esa discusión está toda grabada”, agregó. El exministro dijo que Toma no se supo defender. “Solo tartamudeaba, como es bien él. Un gran flojo, un pusilánime”, aseguró.

Pero su notoriedad pública se dio con el acercamiento al líder frenteamplista Tabaré Vázquez, con quien entabló una relación de extrema confianza y lealtad. Pero el abogado, hoy fiscal de gobierno, nunca fue frenteamplista. Por eso entre los dirigentes de la coalición de izquierda no lo vieron nunca como “uno de los suyos”.

Incluso sorprendió cuando asistió al acto aniversario del Frente en 2018 en Piriápolis, con la bandera tricolor. En el último mandato del Frente Amplio (2015-2020) el entonces secretario de la Presidencia ganó mucho poder, y en Torre Ejecutiva era visto como “la mano derecha” del presidente.

Fue quien lideró el juicio con la tabacalera Philip Morris, y uno de los protagonistas centrales en el episodio sobre las actas de José Nino Gavazzo, donde el represor admitió un delito que no fue dado cuenta a la Justicia.

Durante mucho tiempo asociaron su relación a Vázquez por la masonería, ya que el histórico líder de izquierda integró la Gran Logia. Sin embargo, Toma nunca perteneció a ese grupo, aunque tampoco se encargó de desmentir las versiones que lo asociaban.

Además de haber sido secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma es también funcionario de carrera. Por ese motivo se le inició el sumario administrativo, para determinar si hubo irregularidades, y en ese caso definir las sanciones. La Ley N° 19.121 (del estatuto de funcionario público) clasifica a las faltas en leves, graves y muy graves. El proceso de investigación determinó que Toma incurrió en “falta grave” y se aplicó la sanción máxima para esa clasificación. “Las faltas graves ameritarán la sanción de suspensión a partir de diez días, y hasta por el término de seis meses”, dice el artículo 74.

La destitución de un funcionario público, solo se puede determinar cuando se concluye que hubo una “falta muy grave”. Eso se aplica cuando en el sumario se entiende que un funcionario público incurrió en “ineptitud, omisión o delito”.

Se entiende por ineptitud la “carencia de idoneidad” y por omisión, a los efectos de la destitución, “el incumplimiento muy grave de las obligaciones funcionales”, señala la norma. Se clasifica como delito “toda conducta antijurídica y culpable por la que el funcionario sea condenado penalmente”, indica la ley.