INTENDENCIA DE CANELONES

Este martes fue un día intenso para los dirigentes de la coalición de gobierno vinculados a Canelones, pero especialmente entre nacionalistas: de un momento a otro, prácticamente sin aviso, el intendente Yamandú Orsi envió a la Junta Departamental un proyecto para aprobar un fideicomiso de cerca de US$ 44 millones, poco más de mitad del otro que intentó aprobar el año pasado pero que falló sobre el final al no lograr el apoyo de al menos un edil de la oposición.

Pero esta vez la historia fue distinta, porque el equipo de Orsi negoció con algunos ediles de la oposición hasta lograr el convencimiento de uno de ellos: Juan López. “Yo les transmití a los diputados y ediles que me quisieron escuchar que en Canelones no podemos seguir esperando. Canelones necesita plata para obras que están pendientes”, argumentó este edil en diálogo con El País.

Eran las 13:45, y aunque faltaban horas de intensa negociación con este dirigente de la lista 2004 de Alianza Nacional, López ya tenía decidido su voto y cargaba con un profundo malestar con sus correligionarios. “Estoy tan bajoneado... Me tildaron de traidor y dijeron que me iban a hacer un juicio político -lamentó-. Yo les dije que se dejaran de pavadas, que acá estoy con la gente”. Y agregó: “Si tengo que perder mi carrera política la perderé. Estos muchachos han dejado mucho que desear, como compañeros primero y como legisladores después”.

Su postura generó rápidas reacciones dentro de Alianza Nacional: Richard Charamelo, el líder de este sector en el departamento, intentó de inmediato que su dirigente se alineara a la postura ya adoptada por los blancos, y mantuvo varias conversaciones con él para convencerlo de que actuara con disciplina partidaria.

“Estamos preocupados. Somos Alianza Nacional y somos parte del gobierno”, dijo Charamelo a El País. “Por eso nos regimos por un directorio y por las mayorías. Así debe ser y esa es la tónica. Entonces cuando alguien se desalinea, lo vemos con preocupación y por eso estamos haciendo todos lo necesario para que eso no se dé”, agregó ayer a la tarde, cuando todavía tenía esperanzas de evitar el voto de López.

“Tiene que quedar claro -continuó Charamelo- que esa posición personal (de López) no representa a Alianza, ni al Partido Nacional. Es una actitud de él que lo va a sacar del sector y del partido”. Varios dirigentes hablaron ayer de la posible expulsión de López.

El primero en dar cuenta públicamente de esta situación fue el diputado blanco Alfonso Lereté, que por la mañana afirmó en un comunicado de prensa que consideraba “bochornoso” que se intentara aprobar un fideicomiso “en 24 horas”, y que Orsi evidentemente lo intentaba porque tenía asegurado el apoyo de alguien de la oposición para así llegar a los 21 ediles necesarios -los frenteamplistas son 20, mientras que los blancos tienen 10 y los colorados, uno.

El escenario, aunque con un desenlace distinto, fue similar al que hubo en julio del año pasado -cuando llegó a haber ediles y dirigentes de la coalición que vieron con buenos ojos aquel fideicomiso por US$ 80 millones, aunque al final no lo votaron-, y los movimientos políticos también se repitieron: por ejemplo, la preocupación del tema por parte de la Torre Ejecutiva, y la intervención directa del secretario de Presidencia Álvaro Delgado.

Los argumentos de la oposición -el oficialismo a nivel nacional- para no acompañar el fideicomiso fueron también muy parecidos a los mantenidos en julio: de fondo, porque generará más endeudamiento que el que ya tiene la intendencia; y de forma, por intentar tramitarlo de manera “exprés”.

El diputado colorado Walter Cervini, que monitoreó de cerca las negociaciones de ayer, explicó así la postura de la oposición: “Durante el referéndum criticaban que no había habido tiempo suficiente para discutir y ahora, usando la misma moneda que utilizaron ellos para criticar los desalojos por los alquileres de la LUC, les decimos que este es un fideicomiso exprés: querían que analizáramos un préstamos a 20 años, en 24 horas”.

En la mesa de la coalición multicolor están las conclusiones de un informe de la calificadora Care, que dio “más preocupación” por las cuentas de la comuna canaria que cuando se estudió el fideicomiso anterior. “Allí surge que la deuda que tiene la intendencia hasta 2039 es de US$ 392 millones”, sostuvo el representante colorado, que además entiende que las finanzas de la administración de Orsi están tan “desequilibradas” que hay “dudas” de que se puedan afrontar “los salarios de 2023”. “Por eso subieron la contribución de forma disparatada en enero”, señaló.

El País intentó contactarse con integrantes del equipo de gobierno de Orsi, pero se excusaron de hacer comentarios. La Junta votó de forma afirmativa ayer pasadas las 19:30 horas.