Redacción El País.
La fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, no brinda entrevistas. Tampoco es usual que dé declaraciones a medios on the record. Casi todos sus mensajes son transmitidos a través de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación. Por eso, su comparecencia a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado permitió conocer su opinión sobre temas como las filtraciones en las causas judiciales, las venias de los fiscales para los ascensos y otros.
De todas formas, pidió que la mayoría de la conversación con los senadores fuera secreta —por lo que no quedó registrada en acta— pero, entre los temas tratados que sí constan en la versión taquigráfica, a la que accedió El País, estuvo la fundamentación sobre porqué cambió el criterio de lo que se publica en la web institucional.
Consultada por el senador del MPP, Daniel Caggiani, sobre los motivos, Ferrero contestó: "Yo lo hice por ese sentido de las filtraciones. Si hay algo que me he puesto en la cabeza es sacar las filtraciones, porque hoy le pasa a cualquiera y mañana a usted con alguna cosa suya. Filtrar es un delito".
La publicidad de las audiencias penales la garantiza el artículo 135 del Código del Proceso Penal. Cualquier ciudadano puede presenciarlas y, si no pudo concurrir en el momento, puede ir con un pendrive y pedirle que le copien el audio de la audiencia. Sin embargo, en algunos casos, la Fiscalía también publicaba la solicitud de formalización del fiscal en su página web.
Ferrero dispuso en los últimos días, a raíz del escándalo que se generó por el denominado caso Besozzi, que la Fiscalía no publique más formalizaciones en su web si estas fueron apeladas en audiencia. Es decir, esas formalizaciones son pasibles de ser anuladas. De esta forma, argumenta la fiscal de Corte interina, se preserva "el principio de inocencia".
En el caso Besozzi la Fiscalía no divulgó la solicitud de formalización en su página, pero ella llegó de todas maneras a las manos de los periodistas. Luego, el semanario Búsqueda y El País divulgaron contenidos que surgen del audio de la audiencia, que fue obtenido en el Poder Judicial, como mandata el artículo 135.
Además, aclaró Ferrero, no siempre lo que el fiscal escribe en su escrito de formalización es luego reproducido al pie de la letra en audiencia. Y finalmente, el valor judicial lo tiene lo dicho en audiencia.
"Si yo publico algo que se apeló -por cualquier delito; no me refiero a un delito en especial, pero sobre todo los abusos- y después el tribunal revoca, créanme que tal vez ustedes tengan algún allegado, (....) el honor de una persona no tiene precio, porque no se limita a la persona que fue deshonrada y a quien le atribuyeron determinada cosa, sino que también llega a la familia, a los hijos que van al liceo, a quienes les hacen bullying, etcétera. Y si después la decisión se revierte no va a ocupar la misma plana ni vamos a venir todos a levantarle la honorabilidad a la persona", fundamentó Ferrero.
Mientras que Caggiani hizo varias consultas en las que alegó sobre la importancia de la "transparencia" como método de combate a las filtraciones, la senadora nacionalista Graciela Bianchi hizo hincapié en la gravedad de que se filtre información como chats o contenidos de declaraciones.
El "problema" de la prueba psicotécnica
En otros pasajes de la oratoria de Ferrero, se refirió a los criterios para ascender y para ingresar a la Fiscalía. En ese sentido, la fiscal de Corte aseguró que en el último concurso notaron un "problema" que ya se venía avizorando: la prueba psicotécnica.
"Como Fiscalía, queremos cambiar, los puntajes que obtuvieron algunos de los postulantes fueron, por ejemplo, de 2 puntos. Eso lo queremos revertir porque hace a la formación de un fiscal. Si se tiene ese puntaje en la parte de salud mental, psicológica, es muy importante, porque estamos fallando. Ahí hay una falla bastante impresionante", afirmó.
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