Seis meses atrás, los vecinos de Médanos de Solymar recibieron con expectativa la noticia de que se firmaba un memorándum para que un enorme predio que tiene obras abandonadas hace más de 20 años se transformaría en un megacomplejo de 21 edificios con más de 7.000 metros de espacios verdes. Sin embargo, a más de seis meses, el proyectoimpulsado por los arquitectos Carlos Ott y Carlos Ponce de León, que pretende construir 1.100 viviendas con una inversión de US$ 100 millones, se encuentra demorado.

Ello se debe a que el consorcio Giannattasio, titular del proyecto, debe enviar información notarial al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y aguardar la aprobación de una resolución de la Junta Departamental de Canelones que avale una mayor altura a la permitida para la construcción de los edificios, según dijo una fuente del MVOT a El País.

Desde la empresa rechazaron que exista cualquier tipo de demora. "Atrasos de la empresa no hay. Todo lleva un proceso. Con el gobierno tenemos un memorándum de entendimiento firmado el 6 de febrero de este año. Y, además, hay un proyecto de resolución a estudio de la Junta Departamental de Canelones presentado por el intendente Marcelo Metediera el 14 de agosto pasado", dijo Ponce de León a El País.

El arquitecto aludió a un proyecto de resolución enviado por la comuna canaria -al que accedió El País- a la Junta Departamental sobre una solicitud de la Agencia Nacional de Vivienda (AGV) para que se otorguen excepciones de altura para el mega emprendimiento inmobiliario.

Ponce de León señaló que la empresa ya presentó en la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento (CETA) del MVOT todo el proyecto “en forma” y agregó que hace 15 días entregó ante ese organismo las respuestas a 20 preguntas realizados por técnicos de la cartera.

El inversor advirtió que los técnicos de la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento el miércoles 21 todavía no habían leído las respuestas presentadas por la empresa.

“De nuestra parte no hay atrasos. La dinámica pública no es la misma que la privada”, reiteró Ponce de León en alusión a que el proyecto inmobiliario debe ser estudiado por técnicos de reparticiones legales, notariales, arquitectura e ingeniería, entre otras, del Ministerio de Vivienda.

Luego, señaló, que cada una de esas dependencias deberá expedirse sobre el expediente de la construcción de la obra. “No hay mala voluntad de ninguna de las partes. Se trata de un proyecto de gran magnitud”, explicó Ponce de León.

Foto: Estefanía Leal

Según supo El País de fuentes del Ministerio de Vivienda, el proyecto inmobiliario recibió observaciones económicas y arquitectónicas. Además, también se realizaron cuestionamientos notariales ya que presentó ante la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento una sociedad que aún se encontraba en formación.

Dichas observaciones económicas y arquitectónicas fueron enviadas al consorcio el 9 de julio de este año. Casi un mes después, el pasado martes 6 de agosto, fueron replicadas por la empresa, dijeron las fuentes.

Las autoridades ministeriales consideran, a su vez, que fueron ágiles en las respuestas a los trámites realizados por el consorcio inmobiliario.

Alegaron que el 6 de febrero de este año, la Agencia Nacional de Vivienda firmó el memorando de entendimiento con el consorcio Giannattasio, conformado por las empresas José Cujó y Panelsur, para dar inicio a las obras. Además, los estudios Carlos Ott Arquitectos en asociación con Ponce de León / Architects se comprometieron a presentar las características, plazos e inversión estimadas para desarrollar este gran proyecto.

Según las fuentes, la mega iniciativa inmobiliaria recién fue presentada al Ministerio de Vivienda el 18 de junio de este año y se realizó una reunión presencial entre las autoridades ministeriales e integrantes del consorcio el 2 de julio pasado.

El martes 20, ambas partes continuaron dialogando con el objetivo de armonizar intereses y que la construcción de las 1.100 viviendas comience lo antes posible, ya que ello generará un impulso a la industria de la construcción, según dijo a El País una fuente del sector inmobiliario.

Foto: Estefanía Leal

El terreno ubicado en Médanos de Solymar es propiedad de la ANV, ya que es uno de los tantos que recibió del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), cuando se hizo la reestructuración en 2007. Ese enorme terreno en el departamento de Canelones es el predio más grande con un esqueleto, y desde 2021 la agencia tiene en carpeta resolver qué hacer con él.

El enorme inmueble tiene una estructura edilicia paralizada hace más de 20 años. El proyecto original contaba con 298 viviendas, 22 locales comerciales, 298 cocheras individuales y cuatro salones de usos múltiples.

Hoy ese predio le genera a la ANV un gasto de custodia de seguridad de $ 290.000 (unos US$ 7.435) mensual y de contribución un poco más de $ 375.000 (US$ 9.615) anual.

El terreno se valuó en un principio a US$ 2,5 millones pero, debido a las mejoras que se dieron desde la ANV y la comuna canaria, como la aprobación de la exoneración de altura, pasó a más de US$ 7 millones.