ENCUENTRO EN TORRE EJECUTIVA
El primer mandatario tiene intenciones de “escuchar, conversar y comunicar eventuales acuerdos” en base a los aportes de los partidos.
El presidente Luis Lacalle Pou recibirá hoy a los integrantes de la Comisión de Seguimiento del COVID-19 del Senado y dará una devolución a las medidas sanitarias y económicas planteadas por todos los partidos en ese ámbito.
El primer mandatario tiene intenciones de “escuchar, conversar y comunicar eventuales acuerdos” en base a los aportes de los partidos, incluyendo los del Frente Amplio, comentaron a El País fuentes del oficialismo. El anuncio fue una sorpresa, porque no estaba en los planes de la coalición, ni de la oposición, ser recibidos por Lacalle para dialogar sobre las propuestas realizadas.
La oposición irá con la expectativa de obtener respuestas, pero sobre todo de salir del encuentro con medidas concretas. “Pueden ser soluciones a nuestros planteos, o al de los otros, pero la reunión tiene que ser para eso porque la situación sanitaria es muy grave; somos los peores de la clase”, afirmó a El País Alejandro Sánchez (MPP), uno de los cinco senadores del FA que irá esta tarde a la Torre Ejecutiva. Entre los blancos en tanto, se espera que el presidente centre sus comentarios en los planteos de la coalición de izquierda, pues los del Partido Nacional “ya los conoce”, aunque las iniciativas estarán “arriba de la mesa”, incluidas las de Cabildo Abierto presentadas por fuera de esta comisión.
Desde la oposición reclaman que el gobierno reduzca la movilidad “por un período de un mes”, tal como recomendó el Grupo Asesor Científico Honorario(GACH) el pasado 7 de febrero. A su vez, solicitan que se convoque a un “diálogo sectorial” para que esas medidas sean consensuadas con los distintos actores económicos.
Los senadores, entre los que está Alejandro Sánchez, también piden una “campaña de sensibilización sobre lo dramático de la situación”, que se priorice a las personas con comorbilidades en la vacunación y se despliegue un “plan de atención para patologías no Covid”.
El Frente insiste con el pago de un ingreso básico de emergencia, enfocado ahora específicamente en los trabajadores por “cuenta propia” y con “coberturas parciales de la seguridad social”. Como complemento, piden suspender los lanzamientos y desalojos por 120 días y los cortes de servicios básicos. Además, se plantean nuevas medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Como ejemplo, señalan la apertura de “líneas de crédito a tasa cero con montos significativos para sostener el capital de giro” o la “suspensión del pago de los adelantos de IRAE. Por último, proponen “adelantar la inversión pública” para impulsar la economía.
Los blancos, representados por el senador Gustavo Penadés, tienen seis medidas concretas sobre la pandemia para presentar. La primera de ellas supone la creación de un “pasaporte verde”. Es decir, permitir el ingreso al país solamente a aquellas personas inmunizadas con vacunas avaladas por la OMS.
Y ante la hipótesis de que en agosto “todos aquellos habitantes del país que se hayan querido vacunar” ya estarán con la inmunidad completa, los senadores nacionalistas proponen el ya conocido “Pase verde” como un “documento que permita acceder a actividades sociales, culturales, turísticas y recreativas, entre otras, para quienes libremente opten por vacunarse”. Un plan piloto se realizará este sábado en el Auditorio Nacional Adela Reta
Los blancos también plantean que las vacunas contra el COVID-19pasen a ser obligatorias para el personal de salud, que se estimule la donación de sangre y plasma y que se lleve adelante una única campaña institucional y “multipartidaria” para incentivar la inmunización. Por último, proponen “programas de actualización y nivelación educativa” para una mejor inserción, tanto en Secundaria como en educación terciaria como forma de compensar los atrasos generados.
En lo que refiere a la pandemia, por el Partido Colorado se proponen dos grandes temas: la obtención o generación de recursos para hacer frente a la crisis económica generada por la emergencia sanitaria, y la comunicación que debe hacer el Estado para reforzar la conducta de los uruguayos.
El primero punto, en consonancia con el Frente Amplio, refiere a la necesidad de adelantar la inversión pública en infraestructura y vivienda y para ello proponen la creación de un bono “que se ubicará entre 1% y 2% del PBI”. Luego plantean que el Estado identifique los bienes inmuebles que se encuentran en desuso para venderlos y disponer así de “infraestructura y recursos que se puedan utilizar para enfrentar la crisis provocada por la pandemia”.
Respecto a la parte comunicacional, los colorados pretenden que, por un lado, se apueste a “campañas de difusión” para promover la vacunación apuntando a “los sectores más vulnerables con menor acceso a los mecanismos de agenda”. Y, por el otro, que se “realice una campaña masiva desde el Parlamento en donde se haga hincapié en las medidas no farmacológicas”. Por los colorados asistirán a la reunión los senadores Carmen Sanguinetti y Germán Coutinho.
El partido liderado por Guido Manini Ríos no propuso formalmente medidas dentro de la comisión de COVID-19 en el Senado, porque entienden que ya lo hicieron a fines de febrero, cuando entregaron un documento al presidente Luis Lacalle Pou. El norte de las propuestas del grupo pasa por “dar oportunidades a los sectores más carenciados” de la sociedad, sin perder la “unidad nacional”. Fue en ese sentido, por ejemplo, que se planteó la creación de un “Consejo de la Economía Nacional” conformado por empresarios, trabajadores y la academia.
Cabildo Abierto también insiste con la revisión de la reforma tributaria llevada adelante por el Frente Amplio: “No se plantea aumentar impuestos sino revisar el régimen de exoneraciones fiscales para algunos sectores”, señala en el documento entregado en su momento a Lacalle.
Los cabildantes pidieron allí seguir en el camino de la flexibilización de los seguros de paro, extenderlos para “los trabajadores que tienen más de un empleo” y dar un subsidio a trabajadores unipersonales de hasta $ 6.000 por mes. También solicitan exonerar el 50% de los aportes patronales mientras dure la emergencia y no cobrar multas y recargos de impuestos a los que se atrasen en los pagos.