COMERCIO EXTERIOR

En el gobierno lo vieron como algo previsible. Era “lógico” que hubiera una reacción por parte de los socios del Mercosur al viaje que por estas horas está realizando el canciller Francisco Bustillo por Oceanía, a donde fue a visitar a Australia y Nueva Zelanda para entregar la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico.

Por eso no hubo sorpresa cuando se conoció ayer a la mañana un comunicado firmado por los coordinadores de los otros tres países del bloque, tal como divulgó la cuenta de la red social Twitter de la Cancillería de Argentina.

Fue un mensaje explícito contra la aspiración decidida del gobierno de Luis Lacalle Pou de buscar acuerdos comerciales con otros países por fuera del bloque regional, pese a las resistencias de los socios del Mercosur -especialmente de Argentina y Paraguay, pero ahora se suma también Brasil, a meses de que asuma el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva- al avance uruguayo en este sentido. En un inicio se apuntaba al arranque de las negociaciones por un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pero luego se fueron sumando otras iniciativas igualmente resistidas.

“Ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria -afirmó en suma el comunicado-, y teniendo en cuenta la posible presentación, por la República Oriental del Uruguay, de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), los Coordinadores Nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur tienen a bien comunicar a la Coordinación Nacional de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial”.

El presidente Luis Lacalle Pou no se mostró ni sorprendido ni molesto con esta declaración. En diálogo con la prensa, se permitió incluso bromear con la pregunta -“ahora como que se te bajó el rating”, le dijo a una periodista-, que rompió con el principal tema de agenda de la semana y de las consultas periodísticas que ayer apuntaban a conocer más detalles del caso de su exjefe de custodia, Alejandro Astesiano.

Pero tras la broma fue al grano. “La vamos a hacer”, dijo sobre la carta de intención para ingresar al Cptpp. “Nos sentimos en todo nuestro derecho de hacerla -insistió-, así como entendemos, aunque no compartimos, el reclamo de los tres países”.

Como ya lo ha dicho muchas veces, el presidente se refirió a la frontalidad con que Uruguay ha planteado su postura en los distintos ámbitos del Mercosur y en los encuentros bilaterales con los socios, y luego se refirió a la cumbre que se espera para la semana que viene -en la que Uruguay será anfitrión en Montevideo y entregará la presidencia pro témpore a Argentina- y a la defensa que seguirá proponiendo el gobierno, que básicamente gira en torno a desbaratar el argumento de que el bloque debe tomar todas sus decisiones con el beneplácito total de sus integrantes, además de insistir con lo que entiende como una necesaria “flexibilización”.

“Nos asisten hechos recientes de decisiones que no son tomadas con consenso: por ejemplo, la baja de aranceles acordada entre Brasil y Argentina” resuelta en octubre de 2021, citó Lacalle, que agregó otro ejemplo de meses atrás, instancia en la que Uruguay -junto con Brasil- se vio directamente beneficiado: “La baja de aranceles, (...) un acuerdo muy bueno que se hizo para beneficiar productos y servicios de zona franca de nuestro país cuando pueden ser exportados al país del norte”.

Respecto a la cumbre, adelantó que la espera “entretenida” porque será un escenario para volver a discutir “estos temas”.

En el Ejecutivo hay quienes no solo interpretan la reacción de los socios como esperable y natural, sino que incluso vieron en el comunicado una vía de descompresión de cara al encuentro de este 5 y 6 de diciembre.

“Es preferible que lo digan ahora y evitar una batahola durante la cumbre”, dijo a El País uno de los jerarcas consultados.

¿Hay temor a esas eventuales medidas que puedan tomar los socios del bloque con Uruguay? En principio, no.

Para empezar, no hay forma jurídica de determinar la consecuencia más grave -aunque, ya se sabe, hay voces que incluso la relativizan- que sería la suspensión o expulsión. La última posibilidad, de hecho, no está si quiera prevista en la normativa del Mercosur. Y la suspensión solo es posible si se activa el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, que se desencadena ante la ruptura política e institucional de uno de los socios -como actualmente sucede con Venezuela-, lo cual evidentemente no es el caso.

Lo que sí es posible es que eventualmente se aplique el Sistema de Solución de Controversias, pero las penalidades no son de alto impacto, pues consisten en sanciones de tipo comerciales que no afectarían de gran manera a Uruguay por el tipo de balanza comercial que tiene con sus socios -especialmente con Argentina- que es más bien negativa.

Sin embargo, como advirtió en diálogo con El País Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, no están tampoco dadas las condiciones para iniciar un proceso en contra de Uruguay porque no hay hecho consumado: es decir, no hay ningún acuerdo firmado.

“Lo más importante del comunicado es que se trata de un mensaje político, no jurídico, porque no hay ninguna viabilidad de activar un reclamo por algo que todavía no se hizo”, dijo el especialista, que a su vez opinó que “es llamativo que se hable de violaciones de normas del Mercosur mientras Brasil y Argentina incurren en violaciones desde 1997 en adelante”.

Este es, entonces, el contexto que antecede a la última cumbre del año, que llega con un marco político incierto, en gran parte porque los tres socios -Brasil, Argentina y Paraguay- están en momentos o de recambio de gobierno -como en el primer caso- o en la previa de nuevas elecciones.