Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de Naciones Unidas (ONU), quedó en el ojo de la tormenta luego de que su informe con críticas al gobierno derivara en reuniones en Torre Ejecutiva con representantes del organismo internacional. En diálogo con El País, el relator aseguró que sus críticas, hechas junto al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, “no fueron a este gobierno” en particular.

Pero luego, remarcó sus valoraciones plasmadas en el informe. El experto llamó a “aprender y no criticar tanto” para enfrentar la sequía, descartó que su pasado político en el partido de izquierda español Podemos haya influido en su valoración y ratificó todas sus valoraciones.

Su informe derivó en que el gobierno citara ese mismo día a Torre Ejecutiva a representantes de ONU para plantear el “gran malestar”. Minutos después, Cancillería emitió un comunicado titulado “Ante inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU”, destacando que el agua “sigue siendo bebible”.

El cargo de relator especial es voluntario, no implica ser funcionario de ONU y no percibe un salario. Arrojo-Agudo integra los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, considerado por el organismo como “el mayor cuerpo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU”.

Más allá de esta aclaración, las valoraciones del relator fueron un dolor de cabeza para las delegaciones locales. Entre ayer y el domingo, el coordinador residente de ONU en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, así como la oficina de OPS/OMS en Uruguay, se desmarcaron públicamente de lo señalado por Arrojo-Agudo y su equipo.

Consultado sobre por qué resolvió hacer un informe de la crisis hídrica uruguaya, el licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Ingeniería de Fluidos español remarcó que este no es un tema nuevo para él. “Es una cuestión de la que vengo recibiendo información y quejas” desde hace “varios meses”, dijo.

Por eso insistió, en respuesta a la pregunta sobre si el gobierno actúo tarde frente a la crisis hídrica: “Obviamente si había que establecer previsiones de largo plazo respecto a los riesgos de sequía no le correspondían solo a este gobierno, con toda seguridad le correspondían al anterior. Y con toda seguridad al anterior del anterior”.

Y agregó: “Me preocupa que se malentienda lo que digo. Mi crítica no es una crítica a este gobierno”.

“No pretendo quitar responsabilidad de nadie, pero lo que no quiero que se entienda que yo estoy criticando específicamente a este gobierno. Creo que la crítica es evidente, implica responsabilidades que van más allá del acto del gobierno”, acotó.

Arrojo-Agudo también marcó que si llega una sequía y “no se está preparado”, lo que corresponde hacer es aplicar “planes de emergencia en los que ante todo debe priorizarse contar con agua de mayor calidad para atender los servicios urbanos de agua y saneamiento. Consultado sobre si cree que esto fue contemplado por el Poder Ejecutivo respondió: “A mí la información que me ha llegado al menos lo pone en cuestión”.

El experto dijo que el gobierno aplicó “recomendaciones para disminuir el uso urbano” del agua, que lo valoró de forma positiva. No obstante, “previo a eso, las concesiones de uso para usos productivos deben reducirse antes de que se ponga en riesgo que la cantidad y calidad del agua que va a llegar a la ciudadanía asegurando que sea la correcta”, dijo.

“Digamos que se ha producido al final esa situación de degradación de la calidad en el acceso al agua potable siendo que, en efecto, el agua ha tenido otras prioridades de uso en las que no se ha cuestionado que pudiera haber esta situación”, aseguró el experto.

Por su parte, el español también se refirió a las críticas que recibió del gobierno. “No es un plato de gusto, que se dice. Yo no pretendo disgustar a nadie. No estoy hablando de ideología, esto mismo me suele pasar con casi todos los gobiernos, y le podría decir de cualquier corte ideológico”, afirmó.

“Yo no busco la crítica, busco ayudar con posibles soluciones. Pero claro, si no se reconoce el problema es imposible discutir las posibles soluciones. Yo no digo que tenga razón, digo que he recibido suficiente información, y la he contrastado como para entender que es necesario poner sobre la mesa el problema”, agregó.

Arrojo-Agudo marcó que ha mantenido “reuniones y contactos sistemáticos” con el gobierno, pero prefirió no ahondar en detalles porque hay una “obligación de mantener dos meses de discreción absoluta” en este tipo de intercambios.

“A estas alturas no podemos pensar que de repente ha habido una desgracia impredecible” en relación a este tipo de sequías, dijo Arrojo-Agudo. Si bien planteó que es “imposible predecir” cuándo llegará la siguiente, estimó que “muy probablemente va a ser más larga, más dura que la anterior”, en Uruguay y otros países.

Sobre qué medidas considera que se debieron aplicar para evitar esta situación, el experto marcó “dos grandes vertientes” para la adaptación al cambio climático. Por un lado, llamó a ver el estado de los ecosistemas acuáticos, “en cantidad y en calidad” y evitar su contaminación, sobre todo de acuíferos. Además, que Uruguay es un “país ejemplar” por integrar en su Constitución el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento como derechos humanos fundamentales. No obstante, sostuvo que “hay que aterrizar ese compromiso de prioridad”, en diferentes normas y en los “compromisos presupuestarios”.

También planteó que “no debe haber una única fuente” de abastecimiento para el área metropolitana. El gobierno impulsa el Proyecto Arazatí, mientras que el Frente Amplio insiste con otra fuente en Casupá. OSE no descarta realizar ambas.