La Rendición de Cuentas que entrará en vigencia el 1° de enero en su extenso articulado incluirá un artículo que deroga uno de los efectos más polémicos de la ley de Urgente Consideración (LUC). En esa norma, propuesta legislativa clave de este gobierno, se castigaba con un mínimo de cuatro años de prisión para los que, entre otros, intentaran ingresar droga en las cárceles.

A medida que se fueron conociendo los primeros resultados de su aplicación, casi todo el sistema político concluyó que representaba una pena excesiva, que llevó a la cárcel sobre todo a mujeres de bajos recursos, víctimas muchas de ellas de circunstancias que las obligaban a recurrir al microtráfico.

En poco más de tres años, sus efectos son notorios. El último informe presentado al Parlamento por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) la semana pasada mostró que la Unidad 5, el principal centro de reclusión de mujeres del país, pasó de alojar 365 presas el 2 de marzo de 2020 a tener hoy 709 reclusas -un aumento de 194%. Esto se dio “principalmente, por drogas”, señaló a los legisladores el titular de ese organismo, Luis Mendoza.

La LUC no preveía tipificar el delito en grado de tentativa, algo que sí podrá hacerse ahora. Y de hecho, ya se aplica porque la Justicia, pese que la modificación aún no cobró vigencia, falla con estas consideraciones. “En Montevideo están bajando la tipificación”, aseguró Mendoza. Según explicó, lo que hacen varios jueces hoy es considerar que se trató de un “acto preparatorio” por lo cual la pena queda reducida a 16 meses y la inculpada va a prisión domiciliaria. “Eso ha pasado en varias cárceles”, dijo. La situación fue confirmada a El País por varios operadores judiciales, que coincidieron en que no se ajusta a lo que define la ley, pero contribuye a frenar el ingreso de las mujeres en las cárceles a la espera de que el mensaje presupuestal cobre vigencia.

En su informe al Parlamento, al que accedió El País, Mendoza sostuvo que el gran problema de la unidad 5, que apenas tiene 390 plazas, es que fue hecha en un hospital. Así, su forma de construcción “laberíntica” requiere una cantidad muy grande de personal.

Mendoza explicó además que la configuración de las cárceles vuelve muy difícil el realojamiento entre sectores. Hacer la refacciones mínimas, dijo, también representa un problema. “En el caso de contratar a una empresa, el (sindicato de la construcción) Sunca nos exige que no haya internas con custodia”, agregó. Así, apuntó, si se vacía un sector para arreglarlo no hay dónde trasladar a las reclusas que allí están. Mendoza reconoció que hoy la Unidad 5 es “imposible de gestionar”. De allí la necesidad de una nueva cárcel, que comenzará a construirse el 1° de junio de 2024 y estará pronta en 21 meses. Tendrá 866 plazas “genuinas” y un sector dedicado específicamente a personas transexuales.

“Todos tenemos claro que la principal característica del sistema es que totalmente androcentrista”, apuntó la subdirectora técnica del INR, Lourdes Salinas.

“Entendemos que eso deber ir cambiando”, dijo y valoró como un “hito histórico” el pensar, diseñar y ejecutar una prisión pensada para mujeres. Otro “hito”, señaló la jerarca, será contar con un centro específico de ingreso y derivación, que estará en ese mismo lugar.

.