CENATT

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) decidió rescindir el contrato con el gobierno de Cuba, por el cual expertos de la isla prestan servicios en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas de la Cartera (Cenatt). La cartera alega que La Habana incumplió el contrato, que fue firmado en 2008 -durante la primera administración de Tabaré Vázquez-, y cuyas reglas de juego fueron actualizadas en 2018 -cuando el fallecido líder frenteamplista gobernaba por segunda vez.

El ministerio había presentado un reclamo el pasado 15 de julio ante la Embajada de Cuba, en la que se advertía que se daba un plazo de 30 días para “subsanar los incumplimientos”. La representación diplomática acusó recibo, pero, según advierten fuentes del Mides a El País, “no realizó ninguna acción”.

En el reclamo se señaló que en el Cenatt -donde se hacen zapatos especiales, sillas de ruedas y prótesis de brazos y piernas para personas de bajos recursos- la dotación de médicos era, desde hacía seis meses, menor a la acordada. Además, se manifestó que se estaba incumpliendo con otras premisas contractuales, por ejemplo con que quienes vienen de Cuba deben capacitar a técnicos uruguayos.

La Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Mides fue la que constató primariamente los incumplimientos, dentro de una estructura que ya había estado en el ojo de la tormenta durante el pasado gobierno frenteamplista. Sobre el Cenatt, que hizo 15.000 intervenciones desde 2015 hasta 2019, según los últimos datos actualizados- pesan varias observaciones del Tribunal de Cuentas, algo que fue llevado al Parlamento en varias oportunidades.

Por los incumplimientos constatados el Mides resolvió ayer que las tareas llevadas a cabo por los cubanos empiecen a ser “otorgadas por profesionales locales, para así mejorar la atención cuantitativa y cualitativamente”, señalaron las fuentes.

El convenio advierte que el Mides debe realizar un desembolso en forma anual de US$ 174.000, y que de estos US$ 124.080 van para el gobierno cubano -los que se pagan en cuotas trimestrales-, mientras que con el resto, US$ 49.920, se paga un estipendio o viático que es para los especialistas isleños.

El pacto implica, además, que son cinco los cubanos que deben estar en el país: cuatro licenciados en ortopedia y un médico traumatólogo. Los primeros reciben US$ 790 mensuales y el segundo US$ 1.000 -en la isla este último no ganaría más de US$ 100.

Luego de la asunción de Pablo Bartol, en marzo de 2020, se intentó negociar el contrato. La exsecretaria de Cuidados y Discapacidad, Gabriela Bazzano, mantuvo reuniones con la embajada y allí señaló que para Uruguay el convenio era caro. Como alternativa propuso, entonces, que solo se quedaran dos isleños.

La propuesta no se llegó a cerrar, pero igual Cuba retiró del país al médico y a dos licenciados. Para Uruguay esto implica un incumplimiento, porque pese a que se haya hecho una propuesta en este sentido, esta no fue contestada y tampoco hay un nuevo contrato que habilite a Cuba a dejar solo a dos técnicos.

El contrato vigente, además, según señalan desde la cartera dirigida por Martín Lema, es el que establece que el Mides, a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, tiene vía libre para finalizar el vínculo el 15 de octubre, cuando se cumplen tres meses del reclamo.

“El contrato indica que podrá terminarse el convenio de forma anticipada previa notificación de una parte a la otra, en un plazo no menor a tres meses anteriores a la fecha en que esa parte pretende que sea efectiva la terminación”, advierten desde la cartera.

No es la primera vez que un gobierno suspende un acuerdo con La Habana para la dotación de médicos y técnicos. En 2018 el Brasil de Jair Bolsonaro puso fin al programa Más Médicos, por el cual 8.000 profesionales de la isla trabajaban en el país norteño. Según informó en noviembre de ese año la BBC, Brasil le pagaba US$ 3.000 mensuales a La Habana por cada uno, mientras que estos recibían el 25%, o sea US$ 750. Más Médicos había empezado a funcionar allí en Brasil en 2013, durante la administración de Dilma Rousseff.