EN EL CERRO

La investigación administrativa que instruyó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) sobre el proceder devarias ollas integradas a la red Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) no solo generó sorpresa en el gobierno: implicó también que el Mides continuara con los controles y fiscalizaciones a las distintas iniciativas, porque siguen apareciendo indicios que continúan dando cuenta de irregularidades en la distribución de los alimentos que hacía esta organización.

Por ejemplo, en los últimos días -a partir del nueve de noviembre, cuando fueron presentados los primeros hallazgos de la investigación administrativa- al menos dos ollas anunciaron al Mides que cerrarían sus puertas, y que por tanto devolverían los alimentos que no fueron procesados.

Pero un caso en particular -una olla del Cerro- llamó la atención del ministro Martín Lema y los jerarcas de la cartera que él dirige cuando se desplazaron hasta el lugar para recuperar los insumos entregados, y hacer una supervisión -lo que incluyó declaraciones de referentes de la olla que quedaron registradas en actas, además de la anotación en detalle de los alimentos que serían devueltos.

Lo que encontraron allí, entre otras cosas, fue que la iniciativa tenía acopiados -sin usar- unos 172 kilos de arroz y 25 kilos de harina. “El razonamiento básico que hicimos -dijo a El País la directora general de Secretaría del Mides, Karina Goday- nos llevó a preguntarnos cómo fue que llegaron a tener toda esa cantidad de mercadería, porque si tenían más porciones que las que precisaban estaban generando un acopio de alimentos que podían haberse utilizado en otras iniciativas que realmente lo necesitaban”.

“Dieron algunas explicaciones pero no fueron convincentes”, respondió Goday consultada sobre por qué se habían guardado esos alimentos. Y añadió: “No se justifica haber guardado esa cantidad, sobre todo el arroz. Es algo que no nos cierra: evidentemente estaban declarando más porciones de las que servían”.

El País intentó contactarse con representantes de la olla en cuestión a través de uno de los voceros de la CPS, Pedro Rodríguez (ver aparte), pero no hubo respuesta.

Mayor fue la sorpresa que se llevaron los funcionarios del Mides luego de tomarles declaración al referente de la olla y a su cocinero. Es que, de acuerdo a Goday, “de esos testimonios surge claramente que algunas de las porciones que entregaban, luego eran vendidas”.

También, según supo El País, de una de estas declaraciones se desprende que en al menos una oportunidad asistió un “vecino” de la zona, que iba a buscar porciones “en una camioneta cuatro por cuatro”. “Pedía comida como para seis, y sabemos que él era solo”, declaró la persona ante la consulta de la cartera. La comida, lamentó el interrogado, “era para sus perros”.

Todo este panorama, en definitiva, representa para las autoridades del Mides una evidencia más que respalda las conclusiones de la investigación administrativa, que a grandes rasgos logró determinar que la coordinadora había declarado “más ollas y merenderos de los que realmente” integraban la red; que había ollas y merenderos que no operaban “en las direcciones proporcionadas por la CPS”; que se entregaban alimentos que no llegaban a destino o que en algún caso se vendieron -tal como constataron en esta olla-; y que “las porciones solicitadas por las ollas y/o merenderos directamente al Mides era menor que la declarada por la CPS en los datos que aportó”, según divulgó días atrás El País al acceder al informe de ins- trucción de la Secretaría de Estado.

“Volvimos a comprobar una de las líneas de la investigación”, afirmó Goday, y añadió que a la cartera se le “prendieron algunas alarmas” respecto a situaciones similares en otras iniciativas, por lo que continúa “el trabajo de fiscalización y controles” en otras de las 250 ollas que operaban dentro de la red, según constaba en los registros de la organización.

Las irregularidades detectadas en la indagatoria ya fueron elevadas a la Fiscalía, y la CPS fue desplazada en su rol de intermediaria en la distribución de alimentos a las iniciativas populares.

Así fue comunicado por el propio ministro Lema en varias oportunidades en las últimas semanas, pero especialmente al anunciar el fin de la investigación el pasado miércoles nueve, cuando entre otras cosas afirmó que no le cabía ninguna duda de que la CPS es “una organización con fines políticos”, algo que a su vez se afirmaba entre las conclusiones de la indagatoria, en donde figuraba que algunas ollas eran directamente “co-mités de base políticos partidarios”.

El caso comenzó en setiembre, con una polémica pública que se desencadenó a partir de que la CPS afirmara -y convocara en respaldo una marcha en Montevideo- que el Estado estaba “ausente” en el combate a la desnutrición, y que se había “desentendido de las consecuencias más perversas de un modelo hecho para excluir: el hambre y la pobreza”. El Mides, en respuesta, solicitó los datos a la CPS que confirmaran un aumento en la demanda de las ollas, algo a lo que la organización se negó en primera instancia, pero luego cedió.

Como en esos datos había incoherencias, la cartera instruyó su investigación, apartó la CPS como intermediaria y elevó sus conclusiones a la Fiscalía.

Ahora, ante este nuevo hallazgo, el vocero de la organización, Pedro Rodríguez, dijo que el Mides “no tienen ni idea de lo que significa manejar una olla, porque con 172 kilos de arroz no se hace nada si faltan otros insumos para complementar y más en una olla de 100 litros, donde esa cantidad de arroz tampoco es relevante”.