Hubo un incremento sustancial de los dispositivos de atención y en los cupos para los distintos tipos de refugios desplegados en la ciudad, según las cifras que maneja el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Y es que todos los días llegan doce solicitudes nuevas por parte de personas que procuran obtener cobijo durante la noche, y a todas se les dice que sí. Sin embargo, la gente que vive o pernocta en la calle no hace más que aumentar.

El análisis primario de la cartera se enfoca en las causas de este fenómeno. El ministro Martín Lema identificó, como el principal problema, a “la maldita droga”: el 91% de las personas relevadas en el censo que se hizo esta semana -que develó un aumento del 24% de la población en situación de calle con respecto a 2021- dijo tener problemas de consumo de sustancias.

Para Lema, que estuvo el miércoles en el Parlamento, una vía de solución parece clara. Se trata del proyecto de ley que, promovido por el propio ministerio, habilita la “internación involuntaria” de adictos que vivan en la calle y cuya situación represente un riesgo para sí o para terceros.

“Cuando una persona en situación de calle se niega recibir ayuda, tenemos dos opciones: o mirar para el costado o atenderla contra su voluntad”, remarcó Lema este miércoles al presentar los datos sobre personas que viven en la calle en el Parlamento. El ministro recordó que el Frente Amplio no quiso votar este proyecto en Diputados. “Nos dicen que hay gente que no está en los refugios, pero cuando queremos realizar acciones para lograr que vayan a lugares a ser atendidos, no levantan la mano”, sostuvo. Y remarcó: “Cuando hay adicciones, hay que actuar”.

Lema reclamó la aprobación del proyecto que, con sanción de Diputados, espera en la Comisión de Salud del Senado.

Allí la iniciativa deberá competir en prioridad con otros dos proyectos: el que prohíbe la pirotecnia de estruendo y el que regula la eutanasia. Y a esto se suma un desafío temporal: a mediados de agosto ingresará la Rendición de Cuentas, que paralizará toda otra actividad en la cámara alta.

Lema puso parte de la responsabilidad en la política desarrollada por anteriores gobiernos a la hora de afrontar el problema. “Durante años, se promovió la cultura de que vivir en la calle es un derecho”, dijo. Y opinó: “Cuando hay adicciones hay que actuar, independientemente de que la persona quiera o no”.

Allí el ministro apuntó a una omisión de la Intendencia de Montevideo que, subrayó, tiene la responsabilidad de pedir la aplicación de la ley de Faltas, cuando constata la ocupación indebida de espacios públicos. “Salvo que lo queramos ver como un derecho”, insistió. Un informe publicado en mayo por El País señalaba que el Mides pide a la Justicia aplicar 40 veces por día, en promedio, esta normativa.

En el Parlamento Lema destacó, en cambio, la labor que cumplen las intendencias del interior en este tema. “Allí hay un compromiso importante”, dijo. Destacó en particular la “articulación” que se pudo lograr con la Intendencia de Canelones, bajo la dirección de Yamandú Orsi.

Los datos divulgados este miércoles revelan una verdadera escalada en el número de personas que viven o pernoctan en la calle: son 2.755, lo que representa ese 24% más que los que habían en 2021 y casi el doble que en 2016.

Al respecto, Lema optó por valorar la “desaceleración” observada en este fenómeno incremental. Entre 2016 y 2019 el aumento de gente que vive a la intemperie fue de 88%, pero entre 2020 y 2023 fue la mitad.