Yamandú Orsi, aspirante a la Presidencia por el Frente Amplio, y Gabriel Oddone, su principal candidato a ser ministro de Economía y Finanzas en caso de ganar, han declarado en las últimas horas que los planes sociales provistos por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dejarán de funcionar como un sistema de contraprestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se retirará la necesidad de que las familias envíen a sus niños y adolescentes a la escuela o el liceo como una condición para cobrar asignaciones familiares.

El tema no es la primera vez que se discute en Uruguay, de hecho fue motivo de importantes disputas dentro del Frente Amplio durante los gobiernos de José Mujica y el último de Tabaré Vázquez, en los que el Partido Comunista, en especial la exministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, advertía que no se debía pedir nada a cambio de los planes sociales.

El corte de asignaciones por no ir a estudiar se empezó a implementar a partir de 2013, durante el gobierno de Mujica. Se hizo basándose en la Ley N° 18.227, que establece criterios en cuanto a cómo se hacen los pagos de asignaciones según el nivel educativo de los menores.

Sin embargo, en 2015, cuando Vázquez volvió a ser presidente y Arismendi regresó a la cartera de Desarrollo Social —donde ya había estado en el primer período del Frente Amplio—, las asignaciones dejaron de cortarse para los niños y adolescentes que no estudiaban. Ese mismo año, poco antes de asumir en el cargo, ella dijo en una entrevista con El País: “Si yo además de que no van, todavía les saco la comida y la plata, es como que les dijera: ‘embrómense para el resto de su vida’”.

Vázquez no estaba de acuerdo con su postura, por eso en 2016 volvieron a cortarse asignaciones. Se hizo luego de que el entonces presidente firmara un decreto en el que dejaba bien claro que se retirarían las prestaciones correspondientes a menores que no asistieran a la escuela, el liceo o la UTU.

Desde la implementación de este decreto, los cortes —salvo excepciones que detallaremos más adelante— se hacen dos veces por año: uno al principio, tomando como base la inscripción a los centros educativos; y otro sobre el final del año, que tiene en cuenta la asistencia a las instituciones. Para realizarlo se cruzan datos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS).

En 2013, aún en el gobierno de Mujica, se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000. En 2015, primer año del segundo gobierno de Vázquez, no se hizo el corte porque Arismendi lo bloqueó. En el primer corte de 2016 —ya con el decreto en plena vigencia— el BPS anunció la suspensión de asignaciones para 16.000 jóvenes; pero el segundo de ese año ya no se hizo porque Secundaria no envió a tiempo los datos para hacer el cruzamiento de la información. En el primer corte de 2017, en tanto, fueron 14.000 los niños y adolescentes que se quedaron sin la prestación, y 15.000 en el segundo. En 2018, según datos procesados recientemente y a los que accedió ahora El País, fueron 9.924 en el primer corte y 12.607 en el segundo. En 2019, en tanto, fueron 9.471 y 5.816, respectivamente.

En 2020, en el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou, no se hicieron cortes de asignaciones, una decisión que tuvo que ver con la pandemia del covid-19. La misma decisión se tomó en el segundo semestre de 2021, mientras que en el primero —cuando había menos contagios— sí se suspendieron 9.678 prestaciones. En 2022, fueron 10.846 y 791; y en 2023, 1.190 y 8.209. En el primer semestre de este 2024 se suspendieron 5.812.

Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, que no está de acuerdo con lo planteado por Orsi y Oddone, advierte a El País que el corte de asignaciones ha sido clave para que muchos jóvenes volvieran a estudiar. Es que, sostiene, previo a la suspensión, se toman los datos preliminares de los potenciales beneficiarios a suspender para activar acciones entre ANEP, Mides, y BPS. Con respecto a esto, la cartera tiene también datos procesados desde 2018 y estos marcan que tras ser informados sobre el corte de asignaciones volvieron al sistema ese año 526 jóvenes. Luego, fueron 261 en 2019, 2.305 en 2020, 742 en 2022, 2.640 en 2023 y 330 tras el aviso que se hizo a mediados de este año.

El 80% de los suspendidos son de educación media (tienen entre 13 y 17 años), por tanto deberían estar en el liceo o la UTU.

Foto: Estefanía Leal.

Más allá de defender esta política por considerar que sirve para que los niños y jóvenes vuelvan a los centros educativos, Manzi señala también que no dependería de Orsi ni Oddone la aplicación o no de la normativa, ya que “la contraprestación educativa de las asignaciones familiares está incorporada en la ley 18.227 y fue reforzada por el decreto de 2015; es decir, el único poder que puede cambiar esto es el Poder Legislativo”.

Para Manzi, “la finalidad del control no es castigar, sino dar una señal de la importancia de la educación, identificar aquellos casos que son posibles de suspenderse, y acompañarlos desde el Mides y la ANEP para intentar revincularlos”.

“También se visualiza que el anuncio de suspensión tiene un efecto ya que se regularizan una porción de ellos (24% en 2023, aunque variable año a año)”, advierte además Manzi. Y añade que una mayoría de la población estaría de acuerdo con el corte de la asignación familiar correspondiente a aquellos que no asisten a un centro educativo.

Datos preliminares de la nueva evaluación de impacto de las asignaciones familiares indican que el 84% de las personas que fueron encuestadas, y que eran “elegibles” para recibir la prestación, consideran que debe existir esta condición para poder cobrar.

Semanas atrás en el programa En la Mira, de VTV, Oddone dijo que era “absolutamente” partidario de que las transferencias directas no sean retributivas.

“Lo que tiene una línea muy fina con el asistencialismo es la ayuda que se hace en términos caritativos. Creo que lo que el Frente Amplio hoy tiene en la cabeza es otra cosa, es una política pública destinada a atacar los problemas de pobreza en la infancia y la adolescencia, y una de las políticas en este sentido son las transferencias no condicionadas, porque eso en el mundo, incluso en países con altos niveles de ingreso, es una solución para determinados núcleos de la población”, señaló Odonne.

Esto fue reafirmado una semana después, en el mismo programa, por el candidato frenteamplista a la Presidencia. “El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar. No hay forma porque se te descalza una parte de la población, no le pidas algo que no te puede dar (…) En Europa hablan de la renta básica. A Batlle y Ordóñez, cuando se debatía la pensión por la vejez, lo criticaban diciéndole: ‘Usted le va a dar plata a alguien que nunca hizo nada, solo por llegar a viejo’. Y él les dijo: ‘Es bien simple, usted lo deja morir y yo no’”.

Foto: Archivo El País.

El diputado Martín Lema, que cuando asumió en el Mides en 2021 volvió a aplicar el corte de asignaciones, sostuvo a El País que “Orsi está planteando un retroceso brutal”.

“Mi postura es clara: si no se cumple la contraprestación, hay que suspender la prestación. No se puede perjudicar el futuro de los chiquilines y que el mensaje sea que es lo mismo si van a centros educativos a que no. Es un mensaje muy negativo no solo para quienes no estén cumpliendo, sino también para quienes sí cumplen”, sostuvo el dirigente nacionalista. Y añadió: “Orsi toma exactamente la misma postura que tuvo Arismendi y va en contra de la posición que adoptó Vázquez”.

Manzi, en tanto, maneja otro argumento a favor de mantener la contraprestación: “Es una herramienta para combatir la pobreza infantil, porque aporta a que inviertan en el desarrollo y las capacidades de los menores para que luego puedan insertarse formalmente”.