EXSECRETARIO DE PRESIDENCIA

El abogado Miguel Ángel Toma, de 68 años, fue uno de los hombres más cercanos a Tabaré Vázquez, y también uno de los de perfil más bajo durante su mandato. Fue secretario de Presidencia de Vázquez en dos oportunidades: entre 2008 y 2010, y entre 2015 y 2020. Y estuvo inmerso en la polémica desde el primer día hasta el último.

En 1997 asumió como director del Departamento Jurídico en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y llegó a ser director general del ministerio durante el gobierno de Jorge Batlle, hasta que en 2003 tuvo un enfrentamiento con el entonces ministro, Conrado Bonilla, que lo llevó a dejar el cargo. “A raíz de nuestra mala relación empezó a hablar mal de mí con dos abogados del ministerio muy amigos. Decía que nunca había visto un ministerio más corrupto y formado por tanta gente sabandija”, recordó Bonilla a El País en abril del año pasado. El exministro dijo incluso que Toma filtraba información a agentes privados de la salud sobre las decisiones del ministerio. Entonces, lo citó a una reunión y lo encaró. Es “un gran flojo, un pusilánime”, agregó Bonilla.

Por su actuación en el ministerio, Toma conoció a Tabaré Vázquez por una investigación que tenía al expresidente en el centro. Vázquez era entonces director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología del MSP y Toma lo exoneró de culpas por la compra de equipos informáticos por parte de la empresa de su hijo Javier. Unos años después, el 1° de marzo de 2005, el abogado nacido en Artigas y de filiación colorada asumió como director de la Oficina de Servicio Civil del primer gobierno frenteamplista. Tres años más tarde, asumió como secretario de Presidencia.

En el gobierno de José Mujica fue fiscal de gobierno, el mismo cargo que ocupaba Daniel Borrelli, actual director de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que ahora archivó la investigación que tenía a los viajes de Toma en la mira. Siendo fiscal de gobierno, Toma quedó en medio de una polémica por el archivo de la investigación en torno al empresario Francisco Casal ante la Dirección General Impositiva. Presidencia clausuró este caso por un dictamen no vinculante de Borrelli y por otro de Toma, que decía que Casal no había defraudado pero debía los impuestos.

Otro escándalo lo tuvo como protagonista al final del segundo gobierno de Vázquez. Tan bajo fue su perfil que el mismo Vázquez lo descolocó cuando previo a tomar el mando, en enero de 2015 -en la primera reunión del gabinete-, le pidió que fuera el vocero. “Las declaraciones a la prensa las va a hacer Miguel. Es el único que vino de corbata. Y sepan que a partir de ahora vuelve la corbata a la Presidencia”, dijo Vázquez marcando la impronta formal que le quería imponer a su gobierno luego del mandato de José Mujica.

Fue uno de los hombres de más confianza de Vázquez. Y lo que llamaba la atención en la sede frenteamplista era que Toma no tenía afinidad política con la coalición de izquierda. Incluso en broma algunos dirigentes llegaron a apostar que nunca había tenido una bandera tricolor de Otorgués.

“¿Qué haces vos acá?”, le dijo sorprendido un dirigente astorista cuando lo vio en el acto aniversario del Frente Amplio en febrero de 2018. Fue en Piriápolis y tenían la necesidad de contrarrestar el acto de enero de los autoconvocados de “Un Solo Uruguay”. “Me pidieron que viniera, y vine”, respondió Toma, con una bandera roja, azul y blanca colgada al cuello.

En febrero del año pasado, el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, reunió los documentos sobre la actuación del Tribunal de Honor Militar que se formó para juzgar a José Nino Gavazzo, donde aparecía su confesión criminal: el represor había declarado ante los generales que había tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973.

El ministro juntó el material y pidió audiencia con el entonces secretario de Presidencia. Acompañado de los abogados Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, Menéndez se reunió con Toma, le entregó los documentos, le comentó sobre la confesión de Gavazzo, y le sugirieron presentar una denuncia penal. Unas semanas más tarde, el sábado 30 de marzo, el diario El Observador informó sobre la confesión del represor.

La respuesta de Vázquez fue contundente: le pidió la renuncia al ministro de Defensa -lo que se concretó 10 días antes de su muerte-, y al subsecretario, Daniel Montiel. Además, tomó la decisión de destituir a seis generales, entre ellos a quien había sido designado como comandante en jefe del Ejército, José González. Toma, en tanto, siguió en el cargo.

A pesar de estar involucrado en varios escándalos, hasta sus más acérrimos críticos destacan que el desempeño de Toma como representante del Estado uruguayo en varios juicios fue destacado. Uruguay ganó el diferendo contra la tabacalera Philip Morris y consiguió que la Corte de Apelaciones de Roma condenara con cadena perpetua a 13 exmilitares uruguayos implicados en el Plan Cóndor, una operación conjunta de las dictaduras sudamericanas para matar y desaparecer a militantes políticos y sociales.