Redacción El País
El Ministerio de Ambiente defendió la obra ejecutada por la Intendencia de Rocha en playa Costa Azul, donde instaló una fila de rocas de un kilómetro de extensión, que zigzaguea por la costa, en defensa de las construcciones. La inversión de US$ 1 millón es cofinanciada por la Intendencia y un grupo de vecinos, y cuestionada por otros habitantes y visitantes de la zona, así como por el alcalde de La Paloma, Sergio Muñiz.
El director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Luis Anastasía, presentó este jueves un balance de la obra que se inauguró en invierno. “Esto se inició en el año 2020, en un trabajo conjunto entre la Intendencia y el ministerio, ante un pedido de los vecinos que estaban siendo afectados por el tema de la erosión de la playa. Se estuvo trabajando en conjunto, intercambiando ideas para aplicar medidas de protección de la erosión costera, hasta que se consultó al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia, de la Universidad de la República) y se llegó a una definición de un proyecto ejecutivo que se aplicó. (La obra) ha dado un resultado positivo, porque el perfil de playa ha mejorado; sí, se ve algún enrocado, pero han ocurrido algunos eventos muy extraordinarios desde el punto de vista de la dinámica oceánica. Lo cierto es que, si no se hubiera ejecutado la obra, Costa Azul sería en este momento igual que Aguas Dulces o Valizas, por el derrumbe de las viviendas”, aseguró Anastasía en la Intendencia de Rocha.
“La playa sigue existiendo, sigue participando gente en el verano, así que no vemos en ese sentido un efecto negativo”, agregó en conferencia de prensa.
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, Anastasía y otros técnicos se reunieron ayer para abordar también otros temas, como el acceso al área protegida Cerro Verde; la apertura del plan de manejo de Cabo Polonio, impugnado judicialmente, en busca de consensos; un proyecto privado para el saneamiento de La Paloma, que requiere votos de la oposición para ser aprobado en la Junta; y el desarrollo del frigorífico Copayan, “una industria que crece”, por lo que “el ministerio acompaña a la empresa para la disposición final de efluentes, acordando medidas a futuro con plazos acotados”, dijo el ministro. Además, Ambiente prepara un pliego para la licitación de la corta de pinos de Cabo Polonio, prevista en el plan de manejo vigente, unas 350 hectáreas, y esos recursos se destinarían a mejorar el saneamiento o a continuar con el proceso de restauración dunar con cercas captoras. Por otra parte, el intendente informó que avanza el plan de demolición de 53 viviendas que están en terreno fiscal en Punta del Diablo.
Sobre Costa Azul, el ministro destacó que “la evaluación que han hecho los técnicos ha sido positiva”. Uno de ellos, Anastasía, se preguntó: “¿Pudo haber una solución mejor?”, y se respondió: “Sí, claro que pudo haber, pero implica más dinero. Lo que se hizo ha dado resultados positivos”.
El alcalde de La Paloma critica que se haya usado material pesado en la obra, cuando consultoras recomiendan el liviano, como cercas o pantallas captoras. “Nosotros evaluamos todos los puntos. No es que algún iluminado diga que ahí tuvieran que poner cerca captora en lugar de enrocado. En ese lugar era imposible colocar cerca captora en ningún sitio, porque con cualquier subida de nivel era todo playa inundada, cualquier vientito”, respondió Anastasía.
Grupo evalúa acciones judiciales
Vecinos de Costa Azul recibieron asesoramiento legal y científico, entre otros, de Daniel Panario, profesor Grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien sostuvo que en el mundo ya no se aplican frenos duros para el agua, dijo la vocera del grupo, Beatriz Donato, a El País. Los vecinos plantearon sus críticas a la obra, ante el intendente y senadores. En respuesta a un pedido de informes, Imfia les informó que se limitó al “prediseño de la protección”, pero que “no realiza un diagnóstico de las causas que dan lugar a la erosión de la playa en la zona ni propone soluciones que aborden dichas causas en ninguna escala temporal”, por lo que los vecinos alertan que la obra se ejecutó sin estudio de impacto ambiental previo ni llamado a audiencia pública, y evalúan iniciar acciones judiciales.
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