Ya en su nueva oficina, en la flamante sede de la cartera de Ambiente que ocupa seis pisos de un edificio a pasos de la Plaza Independencia, el ministro Robert Bouvier dice que abrirá una dependencia cercana a las plantas de UPM y de Montes del Plata aunque aclara que eso no implica fallas en el control. También adelanta que planteará en estos días cambios en la aplicación de multas. Sería a través de decreto pero aún resta por saber si comparten la idea en el Poder Ejecutivo. En residuos, tiene varias líneas de trabajo. Ahora encara un viaje a Dubái en representación de Uruguay a la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

-Desde que se creó el ministerio en 2020, se hizo hincapié en la necesidad de recursos para poder funcionar. ¿Alcanza la cantidad de personal, presupuesto y herramientas?

-Al ministerio le faltan muchas cosas. Estamos en una primera etapa que implica realizar la instrumentación y armar la estructura organizativa. Vemos los recursos que tenemos y los que faltan, y cómo adaptamos las distintas estructuras. Obviamente siempre nos falta. Siempre los recursos son escasos porque siempre la gente está estresada. Es un ministerio que está sometido a mucha presión, sobre todo porque tiene muchos temas sensibles. Pero estamos llevando la función que corresponde y lo hacemos de acuerdo a lo que corresponde. No tenemos deficiencias en los controles. El personal sería mucho mejor si fuera más, pero es el que tenemos.

-Se le critica al Ministerio de Ambiente los montos de las multas, considerados bajos por algunos…

-La sanción económica impacta, aunque el efecto depende de quién sea el sancionado. Son un freno a determinadas cosas pero (lo ideal) debería ser no tener que ponerlas. Hay que tratar de prevenir, de tomar conciencia, de involucrar. Hoy vemos un control social casi permanente de lo que sucede, lo que es bueno para el ministerio porque tracciona en su función de cuidar el medio ambiente.

-¿Cree que los montos, a veces por no ser tan elevados, pueden servir para “legalizar lo ilegal”? Por ejemplo, comenzar una obra sin autorización ambiental previa a sabiendas de que el valor no es alto y lo puedo afrontar.

-Sí, eso puede ser, puede estar pasando. Indudablemente, cuando vemos esa situación buscamos otro tipo de sanción u otro tipo de intervención para que lo económico no sea permisivo. También estamos viendo de presentar en estos días un decreto al Poder Ejecutivo para actualizar un poco la reglamentación de cómo se ponen las multas. Vemos que tenemos limitaciones porque hay una graduación de las multas. Entonces, a veces hay que recorrer ese camino, lo que impide que en situaciones importantes podamos poner un monto grande.

-¿Qué se quiere lograr a través del decreto?

-Hoy tenemos un límite de monto acotado que queremos ampliar para determinadas situaciones. Por más de que se puede multar hasta 100.000 unidades reajustables, a veces el primer límite son 3.500, 4.000 o 5.000. Por lo tanto, no podemos pasar esos valores cuando a veces es necesario hacerlo. Se presentará ante el Poder Ejecutivo y se verá si comparten.

-El ministerio tiene bajo su control varios temas, siendo uno de ellos UPM2. Hace poco tuvo un derrame de soda cáustica que afectó el arroyo Sauce en Río Negro. ¿Es necesario un mayor seguimiento de la empresa?

-No. Nosotros tenemos un plan de operación coordinado y establecido al cual la empresa tiene que ceñirse. Si la empresa se aparta del plan de operación, obviamente ahí tenemos problemas, como pasó en el primer incidente. También es cierto que hoy están más visibles todos estos hechos, están más en la opinión pública, entonces, quizás hay una exigencia mayor a determinadas cosas en comparación a otro momento. Entendemos que, a medida que van pasando las cosas, tenemos que ser proactivos. En ese sentido, estoy pensando en crear un equipo de respuesta que esté más cerca del lugar y que atienda las tres papeleras grandes. Estoy tratando de poner los recursos necesarios para instrumentar este mecanismo.

-¿Sería una oficina del Ministerio de Ambiente?

-Sería una dependencia. Estamos viendo dónde la ubicamos, podría ser Durazno, Paso de los Toros (en Tacuarembó), o por esa zona (del país). Tendría un equipo técnico que podría atender inmediatamente lo que suceda en UPM1, UPM2 o Montes de Plata. Es para mejorar. No es algo que no estemos haciendo, ni que hoy no tengamos la capacidad de dar respuesta y controlar.

-Por otra parte, el ministerio anunció que iba a obligar a productores e importadores de aparatos electrónicos a recuperar parte de los artículos que vuelquen al mercado. ¿En qué está el decreto?

-Está próximo a salir, ahora en el Ministerio de Economía y Finanzas. Me comuniqué con la ministra (Azucena Arbeleche) el otro día para ver si podíamos agilizarlo. Es importante. Es la responsabilidad extendida, algo novedoso que el ministerio está tratando de aplicar en todos los planes. También se trabaja en residuos de la construcción, en la recuperación de neumáticos, en el plan de recuperación de envases llamado Plan Vale, en los residuos industriales. Estamos trabajando con todas las cámaras, (es un proceso) totalmente participativo.

-¿Cuál va a ser el porcentaje que importadores y productores van a estar obligados a recuperar de los aparatos electrónicos que vuelquen al mercado?

-A los dos años de que entre en vigencia el decreto, los planes de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se implementen deberán recolectar el 40% de los productos generados ese mismo año. En una segunda etapa, en un plazo máximo de cuatro años deberán recolectar el 60% de los residuos generados ese mismo año. Hoy se recupera casi el 3%.

-¿Cree que las personas se van a sumar a la clasificación de aparatos electrónicos?

-Me parece que todos somos conscientes de que necesitamos una solución para esos residuos. Todos tenemos en nuestros hogares un montón de electrónicos con los que no sabemos qué hacer. Las empresas están muy involucradas con el tema. Me parece que va a ser de fácil implementación ya que vamos a tener una colaboración muy importante de la ciudadanía. Si el plan está bien diseñado, bien gestionado y demás, vamos a tener un avance muy importante.

-También se habló de obligar a la recuperación de residuos en la construcción...

-Trabajamos con las cámaras. Estamos viendo la posibilidad de habilitar algunos depósitos finales de residuos. También es algo en lo que pusimos foco, ya que tenemos un grupo de trabajo y estamos avanzando bastante.

-¿Tienen una fecha en la que creen que eso pueda llegar a concretarse?

-Hemos puesto un poco más de foco en el tema en los últimos dos meses, por lo que vamos a tener los primeros lineamientos en los próximos meses de 2024. Y ahí vamos a empezar con más fuerza.

-En los próximos días irá a la COP28, ¿qué tiene Uruguay para aportar en la cumbre del clima anual?

-Tenemos mucho para aportar ya que se han hecho muchas cosas. Tenemos para mostrar y para aprender. En la COP se comparte con un montón de países y Estados las políticas comunes -porque tenemos los mismos desafíos en lo vinculado al cambio climático-, pero diferenciadas -porque tenemos distintas responsabilidades. Uruguay, como emisor de gases de efecto invernadero, tiene una capacidad muy poca de 0,04%. Es mínimo. Por lo tanto, para nosotros es mucho más importante lo vinculado a la adaptación que a la mitigación.

-¿Uruguay mide su emisión de gases de efecto invernadero, señalados como responsables del calentamiento global?

-Es un tema en el que estamos trabajando muy fuerte y muy en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Se miden. Tenemos un área dentro del Ministerio de Ambiente, que es nueva y se enfoca en el cambio climático.