El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó ayer una denuncia ambiental por el desvío intencionado del curso del Río Santa Lucía. Mediante esta acción, una empresa arenera buscó habilitar el paso de camiones por donde naturalmente fluye el agua.

Agravado por el contexto de sequía, y porque unos dos millones de uruguayos dependen de esta fuente acuífera, para Orsi este manejo es “inadmisible”, “escandaloso” y “un verdadero atropello al medio ambiente”.

Estas fueron sus palabras después entregarle ayer al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, un pendrive con toda la información sobre el caso, en Torre Ejecutiva.

La comuna se dispone a multar con hasta 200 Unidades Reajustables a la empresa que infringió la normativa departamental. Para ello remitirá un proyecto de decreto a la Junta de Canelones, que deberá autorizar el monto elevado de la sanción.

Pero, además, Orsi radicó la denuncia ambiental para que el Poder Ejecutivo aplique más penas. El intendente recordó que ya ha denunciado otros “manejos inconvenientes” del Río Santa Lucía.

Como los delitos ambientales no están tipificados en el Código Penal, el mayor margen de acción del gobierno nacional es imponer más sanciones económicas. “Nosotros solos no podemos. Y se necesita algo más que multa. Está en discusión -y creo que hay que apurar el tranco- el delito ambiental”, apuntó Orsi en diálogo con la prensa.

El subsecretario Amarilla aseguró a El País que, después de estudiar el material, derivó el expediente a la Dirección Nacional de Aguas y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. Ayer el gobierno nacional solicitó la ubicación exacta del predio denunciado.

Amarilla se mostró de acuerdo con la necesidad de que se tipifiquen los delitos y aseguró que el Ministerio de Ambiente está “empujando” para que el Parlamento avance en la discusión. En noviembre del año pasado, la cartera presentó en la Comisión de Ambiente del Senado un proyecto de ley que unifica todas las iniciativas impulsadas hasta entonces, incluso una redactada por el viceministro cuando era diputado.

Y es que, pese a la poca difusión que tienen, las denuncias ambientales son moneda corriente para quienes trabajan en el área. Tan solo en la plataforma online de denuncias el Ministerio de Ambiente recibe a diario un promedio de dos denuncias, informó Amarilla.

De acuerdo a la base de datos oficial, entre enero y noviembre del año pasado hubo 848 denuncias ambientales.

En el 96% de esos casos el gobierno tomó “alguna” acción, según el reporte escrito de la cartera, que no especifica las medidas adoptadas.

De todas las denuncias, 194 fueron presentadas de forma anónima.

Las denuncias sobre residuos fueron las que más se repitieron (13% del total), seguidas por las que refieren a la faja costera y a la fauna (10% cada una), y el vertido de efluentes y los olores (9%).

A esto se suman otros reportes que refieren, por ejemplo, a las obras del Ferrocarril Central, el ruido, las sustancias peligrosas, la afectación de la biodiversidad en áreas protegidas, emisiones al aire, agroquímicos, incumplimiento de autorizaciones y contaminación de cursos de agua.

Dentro de estas categorías se contemplan infracciones como la presencia de cianobacterias, la tala de montes nativos, derrame de sustancias en la vía pública y ruidos de industria.

En los 11 meses que abarca el reporte, el departamento donde se denunciaron más infracciones fue Canelones, con 217 denuncias.

También Maldonado y Montevideo superaron la centena de denuncias, con 114 y 181 incidentes respectivamente.

En tanto, en los demás departamentos las cifras fueron las siguientes: Artigas (5 1), Cerro Largo (6 3), Colonia (43), Durazno (21), Flores (1), Florida (30), Lavalleja (27), Paysandú (32), Río Negro (7), Rivera (6), Rocha (57), Salto (19), San José (36), Soriano (8), Tacuarembó (17) y Treinta y Tres (20).

Antes de la renuncia del exministro de Ambiente, Adrián Peña -que no contaba con el título de licenciado en Administración de Empresas, como figuraba en documentos oficiales-, la secretaría de Estado había presentado un plan de actuación para el año entrante.

Una de ellas era completar el desarrollo de la Base de Denuncias Ambientales, que incluirá toda la información disponible sobre esta área.

En el proyecto de ley a consideración del Parlamento, se estipulan varias penas. Por ejemplo, para la contaminación de aire se contempla desde tres meses de prisión a ocho años de cárcel, como informó La Diaria. El que tiene la pena máxima más alta es el delito de “introducción de desechos peligrosos”, por el que podría condenar al autor hasta a 12 años de penitenciaría.