El flamante ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, llegó a la cartera tras la resonante renuncia de Irene Moreira, con la difícil tarea de aterrizar en una gestión ya iniciada por una figura clave de su partido, Cabildo Abierto, y al mismo tiempo desmarcarse de la asignación directa de unidades que hizo su antecesora y que la llevó a que el presidente Luis Lacalle Pou le pidiera que dé un paso al costado.

El silencio mediático que el exsenador adoptó en estas primeras semanas como ministro no implica que el episodio haya quedado atrás. Todo lo contrario. En el plano político, en los próximos días las autoridades de Vivienda deberán acudir al Parlamento convocadas para explicar las adjudicaciones directas de forma discrecional que hizo Moreira. En lo partidario, en filas cabildantes se debate sobre la continuidad del director de Vivienda, Jorge Ceretta, quien ocupó un rol clave en el proceso de las asignaciones de soluciones habitacionales. Y en el plano de la gestión, existe la interrogante de qué hacer con las viviendas ya asignadas, si se revisarán los proceso y lo actuado por Moreira, así como cuál será la forma en que se trabajará hacia adelante.

El Frente Amplio, según dijeron legisladores opositores, pedirá tanto en el Senado como en Diputados que el ministerio les dé el detalle de cada uno de los casos que se hayan detectado. Y además, solicitarán que el ministerio inicie una investigación administrativa para conocer si hubo responsabilidades y eventuales apartamientos a la norma.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), según dijeron a El País fuentes cabildantes, evalúa el inicio de una investigación administrativa con la intención de determinar en su interna cómo fueron los procedimientos que llevaron a la entrega de las unidades y para dejar claro si existió o no discrecionalidad.

Esto generó debate dentro de Cabildo Abierto ya que si bien Moreira dejó su cargo, una persona de particular confianza suya continúa en la cartera: el director de Vivienda, Jorge Ceretta.

El contador -que en mayo de 2022 dijo a La Mañana que llegó a Cabildo y al ministerio “a través del contacto de muchos años que tenía” con Moreira- participó en los expedientes de adjudicación y además redactó los protocolos internos para el manejo de este tipo de solicitudes.

El 3 de agosto de 2022, desde la casilla de correos de la administración de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) se envió un mail a funcionarios de distintas divisiones para “conocimiento de las unidades ejecutoras que participan en el proceso” de una nueva forma de analizar determinados casos de asignación de soluciones habitacionales.

En dicha comunicación se adjuntó la circular número dos de Dinavi que contiene los “procedimientos ante derivación de los casos recibidos por las autoridades del MVOT” y el “procedimiento para realizar las adjudicaciones directas en los complejos habitacionales”.

En un documento de dos páginas, firmado por Ceretta, se establecen siete puntos que dictarán las diversas etapas, pero colocando a la Dinavi como la división clave para el manejo de los casos de asignación directa. El primer punto definió que Dinavi sea la encargada de recibir “las solicitudes de autoridades y secretarías del MVOT”. Luego, se indicó qué dependencias serán responsables de contactar a las familias y de “presentar un informe en un plazo no mayor a 15 días”. Y por último, en el séptimo punto, se remarcó que la decisión será exclusivamente de Dinavi y la entonces ministra. “Desde Dinavi en conjunto con secretaría de la ministra se evaluará la situación presentada a efectos de considerar posibles respuestas habitacionales”, se estableció en el protocolo.

El 3 de mayo se conoció la primera asignación discrecional hecha por Moreira a una militante de Cabildo Abierto, como informó radio Universal. En las siguientes horas se desató una tormenta política donde la entonces ministra fue convocada a Torre Ejecutiva por el presidente y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para que explique qué marco legal la habilitaba a hacerlo, luego Moreira dio una rueda de prensa donde aseguró tener reservado “un cupo” suyo de viviendas para asignar de forma directa y después se dio su renuncia, enmarcada en el duro cuestionamiento de su esposo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a la resolución de Lacalle Pou.

Moreira, de acuerdo a información a la que accedió El País, presentó ante Lacalle Pou un listado de otras cuatro “situaciones excepcionales” en las que utilizó lo que entendía le pertenecía por “reserva de cupo”. El País informó el 10 de mayo que en uno de esos casos la entrega de un apartamento de dos dormitorios de un edificio de la calle Vittoria fue para la exempleada doméstica de la entonces ministra.

Este caso, además, tiene la particularidad de que fue el único de los que la ministra le relató al presidente que fue tramitado durante el año 2021 y la resolución que aprueba la asignación es del 29 de diciembre de ese año, varios meses antes de que Ceretta enviara los protocolos para atender este tipo de situaciones.

A pesar de que Moreira aseguró que la lista de viviendas que otorgó de forma discrecional se limitaba a cinco casos, luego se conocieron otros dos. Uno correspondiente a la localidad de Pando y otro en el departamento de Tacuarembó. El caso de Pando es el de un núcleo familiar que, como informó radio Universal, finalmente desestimó la vivienda y devolvió la llave al ministerio. De acuerdo al expediente, al que accedió El País, ese núcleo familiar -integrado por un militar retirado- tenía ingresos por $ 85.000 y ya alquilaba una vivienda en Solymar.

El rol que tuvo Ceretta en estas decisiones es un tema sensible en filas cabildantes donde existen diversas opiniones. Entre los más allegados a Moreira, conocedores de que el director de Vivienda es una persona del riñón de la senadora, hay un convencimiento de que a nivel legal la resolución de 2009 respalda su actuación y debe continuar en el cargo.

Al mismo tiempo, están quienes entienden que resulta al menos difícil de entender a nivel de la militancia que Moreira haya renunciado y que el director de Vivienda, que tenía una participación activa en estas decisiones no deba dar un paso al costado.

Y por otra parte, hay dirigentes que piden esperar a la realización de una investigación administrativa que arroje luz sobre lo que ocurrió para luego, si se constatasen responsabilidades, se le pida a Ceretta que también dé un paso al costado.