Redacción El País
Las críticas cruzadas entre Fiscalía y el Ministerio del Interior han sido frecuentes desde que se aprobó el último Código del Proceso Penal. Y, una vez más, el fuego se reavivó después de que el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, pidiera en nombre del Poder Ejecutivo que se convocara al Consejo de Instrucciones Generales para “impulsar algunos ajustes”, en lo que refiere a laspautas generales de actuación de los fiscales.

La nota se envió a Mónica Ferrero, hoy fiscal de Corte subrogante, debido a que Juan Gómez está de licencia médica. La solicitud del Ministerio del Interior se enmarca en el reciente cambio de autoridades de la cartera y en la búsqueda de retomar reclamos que vienen de larga data.

Después de que Abdala diera a conocer el pedido en su cuenta de X (antes, Twitter), el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, salió al cruce en defensa de sus colegas y de la institución a la que pertenece. Una de las consideraciones que realizó es que “no es raro, más bien, una estrategia recurrente, esto de echar mano a la Fiscalía”, en referencia a la propuesta del subsecretario.

Rosa, además, enfatizó en que “se desliza” que “hay cosas que funcionan mal” porque los “fiscales no hacen lo correcto”, algo que “no es nuevo”, sino que es un “mito que ha alumbrado a mucha legislación últimamente”.

Abdala, por su parte, planteó que haya una “correcta aplicación” del Código del Proceso Penal, y adelantó que se hará énfasis en varios aspectos en la reunión del Consejo de Instrucciones Generales. Uno está vinculado a la “calificación jurídica” de los hechos -si es un hurto, rapiña u otro delito-, en el “proceso abreviado”, publicó en su cuenta de X.

Y es que el Ministerio del Interior entiende, según supo El País, que debe quedar claro en las instrucciones que la calificación jurídica no puede ser materia de negociación en el proceso abreviado.

Por otra parte, se solicitará adecuar las instrucciones a algunos cambios que se introdujeron en la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en 2020. Una de las modificaciones, por ejemplo, es que los delitos con una pena mínima de cuatro años no pueden ir a proceso abreviado.

Otro reclamo que se hará está vinculado a los emplazamientos sin fecha. El Ministerio del Interior, indicaron fuentes de la cartera, considera que se ha utilizado en demasiados casos este recurso, principalmente, en el interior del país, pero también en Montevideo. Y sostiene que no es una posibilidad jurídica que tengan los fiscales, sino que tienen la obligación de expedirse, añadieron los informantes.

Por su parte, el fiscal Rosa recordó que, según la lógica del sistema, la “Policía es auxiliar de la Fiscalía y no es el Ministerio del Interior el que le debe indicar al organismo encargado de la persecución criminal cómo debe actuar”. Y añadió: “Después me dicen que exagero cuando reclamo cuidar la autonomía funcional del Ministerio Público”.

“Ojalá se pusiera el mismo énfasis en hacer lo que corresponde respecto del Ministerio Público, esto es, dotarlo de los recursos suficientes, dejar a los fiscales trabajar sin ataques, contribuir prontamente con los trámites burocráticos requeridos para cubrir vacantes de fiscales y designarse a la brevedad un/a fiscal general de acuerdo con lo que establece la Constitución”, añadió en su cuenta de X.